Trump moldea el sistema judicial migratorio a su antojo

El 22 de agosto, Chloe Dillon acudió al tribunal de inmigración de San Francisco como cada día desde que fue contratada en septiembre de 2022. Nada le hizo pensar que, horas después, tendría que salir por la puerta con todos sus efectos personales y la prohibición de volver a entrar. A las 3.30 de la tarde, cuando se dirigió a su oficina en el intermedio del caso de asilo que estaba juzgando, un escueto correo electrónico de tres frases de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés) ponía fin a su carrera.

“No esperaba no poder terminar la audiencia ese día. Me sentí triste por dejar un trabajo al que le había dedicado tanto esfuerzo y cariño. Y, por supuesto, me sentía insegura sobre lo que iba a pasar después en mi vida”, recuerda en una entrevista telefónica con EL PAÍS. Tenía hora y media para recoger sus cosas y abandonar el tribunal. Dillon era la fuente principal de ingresos de su familia, que tenía seguro médico gracias a su trabajo. Todavía no entiende por qué fue despedida, pues el correo no daba explicaciones.

Su caso no es aislado. Solo en San Francisco el Departamento de Justicia ha despedido a siete jueces desde abril, un 25% del total, y en el tribunal de Sacramento solo queda la mita de los 11 que había. Esta zona de California ha sido muy golpeada por los despidos sin explicación que ha ordenado la Administración y que se han producido por todo el país. De los casi 800 jueces migratorios que había, se ha despedido, transferido o jubilado a unos 139, según los cálculos recientes del Instituto de Política Migratoria (MPI).

El patrón ha sido parecido en muchos de los casos. A comienzos de septiembre, un día antes de que se cumplieran sus dos años en el tribunal de inmigración de Annandale, en Virginia, la jueza Anam Petit recibió la notificación en su ordenador. Tras ver el mensaje, salió brevemente de la sala donde atendía una audiencia, luego regresó al estrado y, con voz temblorosa y manos temblorosas, dictó una compleja sentencia oral sin revelar lo sucedido, según cuenta por correo electrónico. No puede asegurar cuál fue el motivo de su despido, porque nunca se lo dieron, pero subraya que muchos de los jueces que fueron destituidos tenían experiencia en la defensa de inmigrantes.

Además de despedir a los funcionarios responsables de los casos de inmigración, en sus primeros meses de mandato la Administración de Donald Trump eliminó protecciones contra la deportación, canceló subvenciones que proporcionaban representación legal a menores y trasladó a detenidos a lugares remotos, incluso a prisiones fuera de la jurisdicción estadounidense, transformando así el sistema judicial de inmigración a su antojo. Todo ello en aras de conseguir la mayor deportación de la historia.

“Las políticas de la Administración Trump, incluyendo los procedimientos de expulsión acelerados y las interpretaciones politizadas de las leyes de asilo, han provocado una falta de garantías procesales”, sostiene Dana Leigh Marks, quien fue jueza de inmigración en San Francisco durante 35 años y ahora está jubilada.

Marks lleva años abogando por la independencia de los jueces de inmigración, que, en oposición a lo que se cree y al resto del cuerpo judicial del país, está sometido al poder Ejecutivo. Aunque los jueces siempre han reclamado desligarse del Gobierno, nunca hasta ahora habían denunciado la politización de su trabajo. Pero desde que llegó Trump, la Administración les ha enviado directrices, obligándoles a acelerar los procesos y a desestimar casos de asilo.

“Se supone que los jueces deben actuar con independencia y no recibir instrucciones ni órdenes sobre cómo dictar sentencia en los casos. Esa era la política durante la Administración anterior: ejercer con rigor la independencia judicial y dictar sentencia en cada caso según los hechos y la ley. Por eso resulta confuso recibir tantos memorandos y directivas que dan indicaciones claras sobre cómo deben fallar los jueces en casos particulares”, explica Dillon.

Los despidos masivos de jueces, cuando hay un retraso de 3,4 millones de casos en los tribunales de migración, no se explican en términos prácticos. Desde el ámbito judicial, sin embargo, se entiende como una manera de apartar a magistrados que no coinciden con la política antiinmigración que el Gobierno de Trump ha impuesto. “Parece que la gran mayoría de los jueces que han sido despedidos fueron contratados durante la Administración Biden o tenían experiencia en el ejercicio privado de la abogacía o en organizaciones no gubernamentales que ayudaban a los inmigrantes, en lugar de provenir de un entorno de fiscalía del Departamento de Seguridad Nacional”, sostiene Marks.

La labor de los jueces de inmigración es muy complicada y en el pasado, para ejercerla, había que tener al menos 10 años de práctica en el ámbito de la inmigración. Los jueces destituidos están siendo reemplazados por otros sin experiencia y por abogados del Ejército.

El 24 de octubre, el Departamento de Justicia anunció la contratación de 11 jueces de inmigración permanentes y 25 temporales. La mayoría de los que tienen experiencia en inmigración la han adquirido como fiscales o han trabajado para la Patrulla Fronteriza o el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), las agencias que están a cargo de las detenciones y deportaciones.

Entre los temporales se encuentran abogados militares de la Infantería de Marina, la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea. A principios de este verano, el Pentágono autorizó a unos 600 abogados militares a trabajar para el Departamento de Justicia, que modificó los requisitos para ser juez de inmigración temporal, eliminando la necesidad de tener experiencia previa en derecho migratorio.

Deportaciones exprés

Uno de los cambios más radicales en el sistema judicial de inmigración tiene que ver con las deportaciones rápidas. Antes de la actual Administración, se reservaban para los migrantes que entraban en el país ilegalmente y eran detenidos en la frontera. Su deportación la puede ordenar un agente migratorio; es decir, no es necesario que pase por un proceso completo, con un abogado, frente a un juez.

Ahora, estas deportaciones se han extendido a personas que llevan años en el país y, al contrario de lo que aseguran en el Gobierno, de que están expulsando a los delincuentes, la mayoría de los deportados carece de antecedentes penales. Muchos de ellos no tienen un estatus legal, pero podrían tener derecho a beneficios migratorios si les permitieran quedarse mientras se resuelven sus casos, que es la tónica que seguían los jueces migratorios antes de Trump. Ahora, por ejemplo, si alguien entró con una visa de estudiante y permaneció más tiempo del debido, puede ser deportado según la Administración, aunque se haya casado con un ciudadano estadounidense y tenga posibilidad de conseguir la residencia por ello.

“La Administración Trump está cambiando la interpretación de ciertos términos legales que han estado bien establecidos en el pasado y, mediante este cambio, impide que las personas tengan procedimientos de expulsión completos. En su lugar, las somete a procedimientos de expulsión acelerados”, explica Marks.

Antes, quienes estaban en una situación irregular o incluso tenían orden de deportación, no eran prioridad del Gobierno para ser deportados. Acudían regularmente a sus citas en los tribunales de inmigración para los controles periódicos. Ahora, las visitas a la corte para cumplir con los requisitos migratorios se han convertido en emboscadas. Los agentes del ICE esperan a las puertas y detienen a quienes acuden a sus citas. Las escenas de los funcionarios enmascarados, llevándose a la fuerza a las personas y separando a padres de sus hijos, que lloran desesperados, se han vuelto cotidianas.

Las detenciones en las cortes de inmigración también han cambiado la forma en que los abogados trabajan. “Esto es algo nuevo que estamos viendo en todo el país: los abogados de inmigración que necesitan preparar peticiones de habeas corpus para sus clientes que acuden a sus revisiones periódicas con el ICE por la posibilidad de que esas entrevistas terminen en una detención”, explica Cristina Vélez, directora de derecho y política de Asista, una organización que se dedica a dar asesoría y entrenar a profesionales, entre ellos abogados que defienden a migrantes que han sido víctimas de abusos y violencia doméstica.

“Debido a que el alcance de la aplicación de la ley de detención se ha expandido enormemente y ha alcanzado a personas que antes no habrían sido detenidas, nuestros miembros y profesionales, que antes no se especializaban en litigios en tribunales federales, ahora tienen que capacitarse, ampliar sus habilidades y encontrar financiación para realizar ese trabajo”, añade.

Otro de los cambios más radicales en la justicia migratoria es que se ha eliminado la posibilidad de que los detenidos por el ICE salgan bajo fianza. En cambio, los envían a centros de detención en destinos que muchas veces son remotos, donde el acceso a la familia y a los abogados es casi imposible.

A todo esto se suma la falta de fondos para el sistema judicial migratorio, algo que un análisis del Instituto de Política Migratoria publicado esta semana pone en evidencia. Mientras las agencias de control migratorio han recibido aumentos presupuestarios masivos en las últimas décadas —el más reciente, 170.000 millones de dólares en cuatro años a través de la reforma fiscal de Trump—, los tribunales de inmigración han recibido una pequeña fracción de ese total: 844 millones de dólares este año, el 2,5% de lo que reciben el ICE y la Patrulla Fronteriza.