La Administración Trump designará como jueces de inmigración a 600 abogados militares sin experiencia previa

La Administración Trump ha autorizado la designación de hasta 600 abogados militares y civiles como jueces temporales de inmigración. Además, ha eliminado los requisitos de experiencia previa en materia de leyes migratorias para quienes ocupen esos cargos por periodos renovables de seis meses. La medida, que duplica la cantidad de magistrados de migración en el país, ha sido justificada como respuesta a la saturación del sistema judicial migratorio.

Según un memorándum del 27 de agosto divulgado por la agencia AP, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dio luz verde a la movilización de hasta 600 abogados militares y civiles para que ejerzan como jueces temporales en el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés). El documento explica que estos serán desplegados en grupos de 150, “tan pronto como sea factible”, con designaciones de hasta 179 días que podrán extenderse en función de las necesidades del Gobierno.

Un portavoz de la Casa Blanca justificó la medida como un esfuerzo “extraordinario” para enfrentar una situación crítica. “Todos, incluyendo quienes esperan adjudicación, pueden coincidir en la urgencia de que el sistema funcione”, dijo al respecto.

Por otra parte, el DOJ anunció el pasado 28 de agosto que haría más flexibles los requisitos para nombrar jueces temporales de inmigración. Hasta ese momento, solo podían ser designados abogados con al menos diez años de experiencia en derecho migratorio, así como también exjueces o jueces administrativos. Sin embargo, luego de la nueva medida, cualquier abogado con licencia podrá ser nombrado durante seis meses, con renovaciones ilimitadas. Sobre este asunto, Washington asegura que la experiencia previa en inmigración “no siempre es un buen predictor del éxito”, y que el nuevo marco normativo ofrece “mayor grado de flexibilidad” para cubrir la demanda judicial.

Los tribunales migratorios del país se encuentran en crisis desde hace años. En 2008, el atraso judicial rondaba los 186.000 casos. En 2016, la cifra superó el medio millón. Durante el primer mandato de Donald Trump, el backlog siguió creciendo, como resultado del aumento de detenciones en la frontera y de las restricciones procesales que causaron más litigios. En 2021, la cifra alcanzó el millón y medio de expedientes. Luego, durante la Administración Biden, se registraron unos 3 millones de casos pendientes en 2024. En este momento, la campaña antiinmigrantes que impulsa actualmente el presidente Trump ha traído como resultado un récord de más de 3 millones y medio de expedientes abiertos en los tribunales.

La Asociación Nacional de Jueces de Inmigración ha señalado que los nombramientos deberían basarse en la relevancia de la experiencia y en la transparencia de las personas designadas. De lo contrario, expresaron, podría producirse una oleada de decisiones apelables que, en lugar de reducir el atraso, lo multipliquen.

Adriel Orozco, miembro de la organización American Immigration Council, que promueve un sistema migratorio justo, advirtió por su parte que con la nueva medida el Gobierno está priorizando la velocidad sobre la justicia, y que la dependencia de jueces temporales con cargos renovables puede generar incentivos para fallar en línea con las prioridades de la administración.

Los senadores demócratas Elizabeth Warren y Edward Markey también han denunciado una politización sin precedentes en el sistema. En cartas enviadas al Departamento de Justicia, ambos han denunciado el despido de jueces sin justificaciones concretas, y han exigido que los nombramientos se basen en la experiencia y no en la lealtad política. En cambio, varios líderes conservadores se han pronunciado a favor de los mismos despidos, argumentando que los jueces migratorios son empleados federales “a voluntad” y que el DOJ tiene derecho a asegurar que su personal actúe en consonancia con las prioridades del Gobierno.