El secretismo domina las deportaciones de Estados Unidos a terceros países

El secretismo ha dominado las deportaciones que Estados Unidos ha realizado a terceros países africanos, aquellos que no son los de origen de los expulsados. Ruanda ha sido el último país de ese continente que ha recibido a siete deportados. No se sabe nada de ellos. Ni nombre, ni origen, ni las acusaciones que pesan sobre ellos, ni dónde se encuentran. El traslado se realizó a primeros de agosto, pero la Administración solo lo hizo público el día 28 de ese mes.

Antes que Ruanda, Sudán del Sur y Esuatini recibieron en julio vuelos con migrantes enviados desde Estados Unidos. Los traslados no se conocieron sino hasta semanas después de producirse y la Administración no proporcionó las identidades de los trasladados, que permanecen encarcelados en prisiones de alta seguridad. Sus abogados denuncian que están aislados, que no pueden comunicarse con ellos, que desconocen los delitos por los que se les acusa y que temen que sufran torturas por haber sido enviados a países donde no se respetan los derechos humanos.

Los críticos señalan además que las deportaciones son peligrosas y crueles, ya que las personas son enviadas a países donde, sumado al riesgo de tortura, no tienen ningún vínculo y no hablan el idioma. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos declaró en junio que las deportaciones a terceros países les permiten expulsar a personas “tan brutales que sus propios países no las aceptan”. Los abogados de los deportados lo desmienten.

“No está claro si la Administración Trump siquiera intentó repatriarlos. (...) Ni el Gobierno vietnamita ni el laosiano han denegado públicamente la repatriación ni han tenido acceso directo a estos hombres. Mis clientes desean regresar a sus países de origen”, ha declarado Tin Thanh Nguyen, abogado de dos inmigrantes del sudeste asiático deportados a Esuatini, un pequeño país del sur de África antes conocido como Suazilandia. Esuatini, que limita con Sudáfrica, es una de las últimas monarquías absolutas del mundo. El rey Mswati III ha gobernado desde que cumplió 18 años en 1986 y las autoridades bajo su mando están acusadas de reprimir violentamente los movimientos prodemocráticos.

Nguyen sostiene que durante semanas el Gobierno no ha explicado por qué sus clientes fueron enviados. Un abogado de derechos humanos de Esuatini demandó a las autoridades, alegando que a los hombres se les negaba la representación legal mientras se encuentran recluidos en una prisión de máxima seguridad.

Estados Unidos envió a Esuatini a cinco hombres en julio, ciudadanos de Vietnam, Jamaica, Cuba, Yemen y Laos. El Gobierno del país africano declaró en un primer momento que los hombres permanecerían en régimen de aislamiento hasta su repatriación, proceso que podría demorar hasta un año.

Deportado tras cumplir su condena

Los abogados de Orville Etoria, el jamaicano enviado a Esuatini, también denuncian que no han podido contactar con él y que temen por su seguridad. Rechazan la afirmación del Gobierno estadounidense de que su traslado a un tercer país se produjo por la imposibilidad de enviarlo al suyo propio. Funcionarios jamaicanos afirmaron que era falso que su país no estuviera dispuesto a recibirle. “Nuestra postura es que no rechazamos a ninguno de nuestros ciudadanos, independientemente de lo que hayan hecho”, declaró en una entrevista Joan Thomas Edwards, la principal diplomática de Jamaica en el sur de África, según The New York Times.

Los familiares de Etoria no conocieron su paradero durante varios días, hasta que apareció en la lista de deportados a Esuatini. A sus 62 años, había cumplido una condena por haber asesinado a un hombre en Nueva york en 1996. Durante su encarcelamiento, un juez de inmigración ordenó la deportación de Etoria, que contaba con permiso legal de residencia en Estados Unidos. Tras su liberación en 2021, las autoridades de inmigración le permitieron permanecer en el país, siempre que cumpliera con los controles anuales ante las autoridades.

Ni Esuatini ni Estados Unidos han explicado por qué Etoria se encuentra detenido, a pesar de haber cumplido su condena en Estados Unidos y no haber sido acusado de ningún delito nuevo.

“Antes de esta impactante deportación, el señor Etoria vivía en Nueva York, cumpliendo la ley y reportándose regularmente al ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, por sus siglas en inglés) bajo una orden de supervisión. Cuando el ICE le solicitó que obtuviera un pasaporte jamaicano a principios de este año, lo hizo. Pero en lugar de expulsarlo a Jamaica, como su documentación claramente lo permitía y como dictaría el sentido común, el Gobierno estadounidense lo envió inexplicablemente e ilegalmente a Esuatini”, declaró su abogada, Mia Unger.

La Administración de Trump justifica que los migrantes deportados a terceros países son criminales peligrosos. Etoria obtuvo una licenciatura mientras estaba en prisión, completó con éxito la libertad condicional, trabajaba en un albergue para hombres y cursaba una maestría en teología.

Según The New York Times, el Gobierno de Esuatini estaba dispuesto a recibir a más de 150 personas de otros países a cambio de un pago en efectivo de más de 10 millones de dólares por parte de Estados Unidos.

“Mis dos clientes llevan más de seis semanas encarcelados en Esuatini, a expensas de los contribuyentes estadounidenses. Nadie les ha explicado el motivo de su detención y ningún abogado ha podido visitarlos”, denunció Alma David, la abogada de los dos hombres originarios de Yemen y Cuba deportados a Esuatini.

Desde que regresó a la Casa Blanca, el Gobierno de Trump ha negociado acuerdos con países para aceptar deportados de otras naciones. Los pactos a los que se ha llegado se mantienen en secreto, pero se estima que se han intentado negociaciones con decenas de países.

El jueves, con motivo de la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, Ecuador anunció que Estados Unidos ha propuesto un acuerdo para recibir hasta 300 personas al año con estatus de refugiados, sin antecedentes penales, en buen estado de salud y provenientes de otras nacionalidades aún no detalladas.

Estrategia para que se autodeporten

Los expertos creen que las deportaciones buscan avivar el miedo entre los migrantes y animarlos a “autodeportarse” a sus países de origen en lugar de ser enviados a países donde enfrentan peores condiciones, como es el caso de El Salvador, donde el Gobierno envió a más de 250 migrantes en marzo, en su mayoría venezolanos acusados sin pruebas de pertenecer a la pandilla criminal Tren de Aragua. Esta semana, un juez declaró ilegal el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros, de 1798, que el Gobierno invocó para expulsarlos y enviarlos sin el debido proceso y en secreto al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

Según el Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados, la ley exige que las expulsiones a terceros países solo se consideren cuando las deportaciones a todos los países con los que un migrante tiene una conexión significativa sean “impracticables, desaconsejables o imposibles”. Tribunales inferiores habían bloqueado las deportaciones anunciadas a Sudán del Sur, por entender que no se había dado la oportunidad a los detenidos de expresar si se arriesgaban a sufrir violencia en su destino, pero en junio, el Tribunal Supremo las autorizó. Una guía interna de control de inmigración de Estados Unidos emitida en julio decía que los migrantes podrían ser deportados a países que no habían brindado garantías diplomáticas de su seguridad en tan solo seis horas.

“Es absolutamente punitivo. Lo que hace el Gobierno es usar las deportaciones a países africanos y otros países como medida de castigo. No cumplen la ley al deportarlos a lugares donde les resulta muy difícil regresar a su país de origen”, afirma Trina Realmuto, abogada del National Immigration Litigation Alliance, que tiene una demanda interpuesta contra el Gobierno. El argumento es que, en primer lugar, no se pueden fiar de que los países de destino se comprometan a salvaguardar la seguridad de los detenidos. Además, antes de deportarlos, deben ser entrevistados para darles la oportunidad de que digan si el país de destino es un lugar seguro para ellos o si hay riesgo de que sufran tortura o represalias. El tiempo con el que se les avisa, aseguran en la demanda, no es suficiente para tal procedimiento.

Asimismo, los países con los que Estados Unidos ha llegado a acuerdos no cumplen las condiciones de asegurar los derechos humanos de los detenidos. Ruanda, que ha acordado recibir hasta 250 migrantes, por ejemplo, se ha posicionado como un país de destino para migrantes que los países occidentales desearían expulsar, a pesar de las preocupaciones de que Kigali no respeta derechos básicos.

El primer país africano en recibir deportados de Estados Unidos fue Sudán del Sur, a donde se enviaron ocho hombres de Sudán del Sur, Cuba, Laos, México, Myanmar en julio, tras verse retrasadas sus deportaciones por un fallo judicial, que les mantuvo retenidos durante semanas en un contenedor de carga adaptado en una base militar estadounidense en Yibuti.

El Gobierno de Sudán del Sur afirmó que garantizaría su “seguridad y bienestar”, pero se ha negado a revelar dónde se encuentran detenidos ni cuál podría ser su destino. Sudán del Sur se ha visto asolado por el conflicto desde que se independizó de Sudán en 2011 y se encuentra nuevamente al borde de una guerra civil.