Trump revocará el estatus legal al más de medio millón de beneficiarios del ‘parole’

Les ofrecieron la posibilidad de entrar de manera legal al país, en vuelos directos desde Caracas, La Habana o Managua, les prometieron dos años de estancia legal y permiso de trabajo y ahora, de un momento a otro, les dicen que todo se revierte, que pueden quedar en un limbo legal y exponerse a la deportación como millones de migrantes. Son las consecuencias que enfrentarían los nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua o Venezuela que entraron a Estados Unidos bajo el programa de libertad condicional humanitaria, o parole (CHNV), impulsado por la Administración demócrata de Joe Biden para detener la crisis en la frontera. Ahora el Gobierno republicano se plantea dejarlos sin protección.

A Donald Trump no le bastó con anunciar en sus primeras horas en la Casa Blanca que eliminaba el programa de parole humanitario por considerarlo “contrario a las políticas de Estados Unidos” —el mismo paquete en que incluyó la cancelación de la aplicación CBP One—, sino que ahora pretende revocar el estatus legal a los 530.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que entraron bajo la tutela de un patrocinador económico, según revelan documentos internos del Gobierno a los que tuvo acceso CBS News. Familias enteras quedarían en una total incertidumbre.

La propuesta del Departamento de Seguridad Nacional contempla que, una vez revocado el estatus de libertad condicional de estas personas, “las pondría en proceso de deportación si no han solicitado, u obtenido, otro beneficio de inmigración”, como puede ser una residencia permanente o el asilo. Los documentos también dejan claro que perderían los permisos de trabajo y que recibirían avisos para presentarse ante el tribunal de inmigración.

En declaraciones a EL PAÍS, el abogado de inmigración Willy Allen explicó que aquellos que entraron con parole humanitario en 2024 y pensaron que estarían protegidos hasta 2026, ahora se quedarían en una situación irregular. También dijo que, dentro de este grupo, los ciudadanos cubanos son los menos perjudicados, ya que al permanecer en el país de manera legal por el tiempo de un año y un día pueden aplicar a la aún vigente Ley de Ajuste Cubano, que les facilita el camino a la residencia permanente y luego a la ciudadanía. No obstante, avisa del peligro que sí corren los nacionales de Nicaragua, Haití y Venezuela. “Deben aplicar al asilo político, porque no tienen ningún tipo de protección”, advierte.

El programa de parole humanitario, con el que cada mes entraban al país hasta 30.000 extranjeros, estaba en la mira de los republicanos desde mucho antes de que Trump asumiera el cargo de presidente y pusiera toda su fuerza en función de echar del país a casi 11 millones de personas. El pasado noviembre tildaron la iniciativa de Biden de “ilegal”, la calificaron como “un desastre plagado de fraudes” y la culparon de arremeter contra “la seguridad nacional” por encima de los “intereses de los estadounidenses”.

También acusaron al programa —que en sus inicios fue demandado por 21 Estados republicanos, tras asegurar que los obligaba a invertir sumas millonarias en atención médica, educación y seguridad pública para los inmigrantes— por infracciones relacionadas con el aparente uso del dinero público y la trata de personas, y aseguraron que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) benefició a algunos que estaban en libertad condicional, tenían visados temporales en el país o eran beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

Aunque Trump ha dicho más de una vez que las deportaciones se centrarían en personas que han cometido algún tipo de delito criminal, lo cierto es que en su afán de deportar a millones también incluirá a muchos a los que el propio país les permitió la entrada. Quienes pierdan la protección que les aseguraba el parole humanitario, quedarían en la misma situación que los 300.000 venezolanos que dejarán de beneficiarse con el Estatus de Protección Temporal (TPS), que les brinda permiso de trabajo y una estancia legal en Estados Unidos. Aunque aún no se ha hecho el anuncio de manera oficial, varios documentos filtrados y declaraciones de altos funcionarios confirman que eliminarán el programa, como parte de la agenda republicana de políticas antiinmigrantes.

Según Allen, son demasiadas personas cuyo futuro es impredecible, si se tiene en cuenta la suma de los que pierden los beneficios del parole humanitario y el TPS. “Casi 900 mil personas que se sentían protegidos, que tenían entrada legal, permisos de trabajo, y ahora estarán sin nada. Si a eso sumamos el más de un millón de personas que entraron por CBP One y no solicitaron asilo político, la cifra de los que en una situación de peligro es aún mayor”.