La Ley de Insurrección: cómo ha sido usada antes y por qué Trump quiere invocarla ahora

La Ley de Insurrección de 1807 es uno de los estatutos más controvertidos de Estados Unidos. Durante más de dos siglos, le ha permitido a presidentes desplegar a las Fuerzas Armadas en el territorio nacional para hacer cumplir la ley en tiempos de “insurrección, rebelión o disturbios civiles generalizados”. Ahora, el presidente Donald Trump ha dicho que podría invocar la legislación en medio de las protestas en contra de su política migratoria que se están llevando a cabo en varias ciudades gobernadas por los demócratas y donde ha buscado desplegar elementos de la Guardia Nacional.

La ley está codificada en el título 10 del Código de Estados Unidos y otorga al presidente la autoridad para desplegar tropas en tres situaciones: cuando un Estado solicita ayuda para sofocar una insurrección (§251), cuando la rebelión u obstrucción hacen impracticable la aplicación de la ley federal (§252) y cuando la violencia doméstica o la conspiración privan a los ciudadanos de sus derechos constitucionales y el Estado no actúa (§253).

Historia

La Ley de Insurrección fue proclamada por el presidente Thomas Jefferson el 3 de marzo de 1807, lo que le permitía al mandatario usar tanto tropas federales como estatales en “todos los casos de insurrección u obstrucción de las leyes”. Originalmente, fue diseñada para proteger a los Estados de levantamientos o ataques internos, pero también le permitía al presidente actuar de forma independiente si los gobiernos locales no podían o no querían hacer cumplir la ley federal.

A lo largo de los años, el Congreso ha modificado la ley en varias ocasiones. Una de la más importante fue la enmienda de 1871, conocida como la Tercera Ley de Aplicación, la cual se dirigía contra el Ku Klux Klan —que se había formado seis años antes al final de la guerra de Secesión— y le daba al presidente la facultad de proteger los derechos constitucionales de las personas afroamericanas cuando los Estados se negaban a hacerlo. Esto marcó el comienzo del papel del Gobierno federal en la aplicación de los derechos civiles mediante la intervención militar.

Invocaciones

Desde su proclamación, la ley ha sido invocada más de 30 veces por varios presidentes, incluyendo Abraham Lincoln, quien la usó al inicio de la Guerra Civil para asegurarse de tener la autoridad legal para iniciar una guerra en un Estado sin el permiso del gobernador de ese territorio. Años más tarde, los presidentes Ulysses S. Grant y Rutherford B. Hayes la utilizaron durante la Reconstrucción —como se conoce a las dos décadas posteriores a la guerra— para desmantelar la violencia supremacista blanca en el sur.

En el siglo XX, la ley tuvo un papel clave en la aplicación de los derechos civiles. Los presidentes Dwight D. Eisenhower y John F. Kennedy desplegaron tropas federales para hacer cumplir la desegregación escolar en Little Rock, Arkansas (1957) y en la Universidad de Misisipi (1962), ya que los gobernadores de esos Estados se resistían a la autoridad federal. Posteriormente, el presidente Lyndon B. Johnson la utilizó para proteger a los manifestantes por los derechos civiles en Selma, Alabama.

La invocación más reciente tuvo lugar en 1992, cuando el gobernador de California pidió ayuda militar al presidente George H. W. Bush, para sofocar los disturbios de Los Ángeles que siguieron el veredicto del caso Rodney King, víctima de brutalidad policiaca.

La Ley Posse Comitatus y la discrecionalidad presidencial

La Ley de Insurrección es una excepción a la Ley Posse Comitatus de 1878, que normalmente impide que el ejército actúe como fuerza policial en los Estados. Cuando se aplica la Ley de Insurrección, se suspenden esas restricciones y el ejército puede ayudar a hacer cumplir la ley.

Sin embargo, la ley no aclara qué significa exactamente “insurrección”, “rebelión” o “violencia interna”. En 1827, la Suprema Corte decidió en el caso Martin vs. Mott que es el presidente quien tiene la autoridad exclusiva para determinar cuándo existen esas situaciones, lo que otorga al Ejecutivo una discrecionalidad casi total para decidir cuándo desplegar tropas.

Trump y la Ley de Insurrección

En 2020, el presidente Trump amenazó con invocar la Ley de Insurrección en medio de las protestas nacionales tras el asesinato de George Floyd, afroamericano asesinado a manos de un policía. Aunque finalmente se abstuvo de hacerlo, el episodio reavivó las preguntas sobre el alcance del poder presidencial en virtud de la ley.

Durante su segundo mandato, la cuestión resurgió en medio de las protestas contra su política migratoria en Los Ángeles, que tuvieron lugar en el verano. Y ahora también con los disturbios en ciudades como Portland y Chicago después de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lanzara operativos de detención de migrantes en esas ciudades.

Trump declaró públicamente que consideraría invocar la ley “si fuera necesario” para restablecer el orden, calificando las protestas de “insurrección criminal”. Sus aliados, entre ellos el exestratega y comentarista político Steve Bannon, instaron al despliegue inmediato de tropas, mientras que gobernadores como Gavin Newsom, de California, y J. B. Pritzker, de Illinois, ambos demócratas, acusaron a la Administración de fabricar el caos para justificar la intervención federal.

Expertos y organizaciones de derechos civiles llevan mucho tiempo argumentando que la ley está desfasada y es peligrosamente imprecisa. El Brennan Center for Justice y legisladores como el senador demócrata Richard Blumenthal han propuesto reformas para aclarar su redacción, limitar la discrecionalidad presidencial y exigir la consulta al Congreso antes de cualquier invocación. Propuestas como la Ley CIVIL (Ley para la reducción de la insurrección y las violaciones de las libertades individuales) exigirían la aprobación del Congreso tras 14 días y restringirían el despliegue de tropas en servicio activo.