Un nuevo centro de datos y una exención fiscal milmillonaria prenden la resistencia en la frontera

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Sunland Park, Nuevo México, no es precisamente una comunidad muy conectada a internet. Jubilados se han establecido en casas móviles alrededor de este pequeño pueblo fronterizo, justo al otro lado de la línea estatal de El Paso, en Texas. Algunos ni siquiera tienen computadora: cuando necesitan buscar algo, van a la biblioteca pública que también tiene aire acondicionado.

Pronto, sin embargo, la economía local podría girar en torno al internet: las autoridades del condado aprobaron una propuesta de bonos fiscales por 165.000 millones de dólares para ayudar a los desarrolladores a construir un extenso campus de centros de datos a pocos kilómetros.

Respaldado por las compañías tecnológicas BorderPlex Digital Assets y STACK Infrastructure, el Proyecto Júpiter es el más reciente en una oleada de iniciativas para construir centros de datos que se multiplican por todo el país. Una vez construidos, los enormes edificios llenos de hardware informático trabajarán las 24 horas del día para alimentar la inteligencia artificial y las búsquedas en línea de empresas como Amazon y Meta. BorderPlex Digital Assets no quiso decir si ya hay un cliente listo para usar este campus, pero la inversión propuesta supera con creces los gastos incluso de otros centros de datos.

El acuerdo aprobado por los comisionados del condado el 19 de septiembre permitirá a los desarrolladores evitar pagar impuestos a la propiedad por el Proyecto Júpiter durante 30 años. A cambio, las empresas se comprometen a entregar 360 millones de dólares en pagos al condado en ese período, además de más de 50 millones para mejoras en la infraestructura local. Dicen que contratarán a 2.500 personas para construir el campus, a partir de este año, y luego a 750 en puestos permanentes, dando prioridad a los residentes locales.

Eso es muy importante para el condado de Doña Ana. Allí, donde el Río Bravo se aleja de la frontera con México, una cuarta parte de la población vive por debajo del umbral de pobreza. El negocio más visible de Sunland Park es un complejo de hipódromo y casino que está al lado de una larga hilera de centros comerciales que se extienden hacia el desierto, al pie del Monte Cristo Rey. Hacia el oeste, el pequeño poblado de Santa Teresa —el lugar propuesto para el Proyecto Júpiter— lleva décadas intentando atraer desarrollo alrededor de su puerto de entrada hacia Chihuahua.

Pero en apenas unas semanas, el nuevo acuerdo ha generado gran controversia. Al igual que en decenas de comunidades estadounidenses que enfrentan la llegada de centros de datos, muchos en el condado de Doña Ana son cautelosos. Un centro de datos grande puede usar millones de galones de agua potable al día para enfriar su equipo, y la industria ya representa más del 4% del consumo total de electricidad en Estados Unidos en un año.

Los desarrolladores del Proyecto Júpiter han prometido construir su propia microrred y aseguraron que usarán solo una fracción de esa agua, pero los residentes piden prudencia.

A finales de agosto, unas 15 personas de Sunland Park se reunieron en la biblioteca para discutir la propuesta, junto con la organización sin fines de lucro Empowerment Congress of Doña Ana County. “No entiendo mucho de la tecnología”, decía en español una asistente, Alma Márquez. “Pero aquí en Sunland Park tenemos muchas necesidades básicas”.

La ciudad nació como un conjunto de colonias —asentamientos no planificados que surgieron a lo largo de la frontera en los años ochenta y noventa, cuando desarrolladores vendieron terrenos a bajo precio, a menudo sin garantizar que los residentes tuvieran servicios básicos. Décadas después, la gente aquí y en Santa Teresa todavía lucha por el acceso a agua potable.

“Esto que viene consume mucha energía, mucha agua”, señalaba Márquez. “¿Qué va a pasar con nosotros, con esa agua que necesitamos limpia?” Mirando a su alrededor, se preguntaba: “¿Y por qué aquí?”

Santa Teresa ha albergado durante mucho tiempo el sueño de convertirse en un centro de industria transfronteriza. BorderPlex Digital dice que su ubicación, en la frontera de dos Estados y dos países, la convierte en un lugar particularmente atractivo para invertir. “Creemos firmemente que la próxima ola de tecnología de frontera pertenece a la frontera estadounidense”, decía el director ejecutivo de la empresa en un comunicado.

Pero los residentes de las colonias del condado no están convencidos. Aunque sus líderes ya dieron luz verde a los desarrolladores, se están sumando a un número creciente de comunidades en todo el país que ven los centros de datos como una amenaza, no como una oportunidad.

El sitio propuesto para el Proyecto Júpiter es un tramo llano de matorrales junto a la carretera, justo al norte del puerto de entrada. Sus vecinos más cercanos incluyen un conjunto de parques industriales construidos para complementar a las maquiladoras al otro lado de la frontera, y una nueva planta solar donde miles de paneles miran hacia el cielo.

A medida que los centros de datos se multiplican, muchos están llegando a zonas rurales o periurbanas como esta, donde sobra el espacio abierto. Y los líderes locales suelen estar ansiosos por recibirlos. Cuando la gobernadora Michelle Lujan Grisham anunció por primera vez una asociación con BorderPlex Digital en febrero, la calificó como una oportunidad para “posicionar a Nuevo México como líder en infraestructura digital”. En ese mismo comunicado de prensa, Davin Lopez, presidente de la Alianza para el Desarrollo Económico del Valle de Mesilla, escribió que el Proyecto Júpiter es “precisamente el tipo de desarrollo que hemos estado trabajando para atraer: uno que aprovecha la innovación para reforzar nuestra posición como un actor clave en el comercio global”.

En las primeras fases del auge de la IA, proyectos de este tipo solían aprobarse en silencio, con poca participación o protesta pública. Pero eso está cambiando. La firma de investigación Data Center Watch ha contabilizado 64.000 millones de dólares en proyectos de centros de datos retrasados o pausados por oposición local en apenas dos años.

Las protestas comenzaron en Virginia, hoy capital mundial de los centros de datos. Pero a medida que la industria se desplaza hacia el oeste, enfrenta cada vez mayor resistencia en Estados que van de Texas a Oregón y California. En Cascade Locks, Oregón, los votantes destituyeron a dos funcionarios locales por apoyar un centro de datos de 100 millones de dólares. En Mesa, Arizona, el gobierno municipal acaba de aprobar nuevas regulaciones que restringen la construcción de centros de datos. La legislatura de California actualmente estudia varios proyectos de ley centrados en el consumo energético de estos proyectos.

Como señala Data Center Watch, la oposición cruza líneas partidistas: vecinos frustrados critican desde las exenciones fiscales y el alza en las tarifas de servicios hasta la contaminación acústica y la caída en el valor de las propiedades. En las áridas tierras fronterizas, el consumo de agua encabeza la lista de preocupaciones. Este verano, cuando Amazon intentó aprobar discretamente un enorme centro de datos cerca de Tucson, cientos de personas se presentaron en las reuniones del ayuntamiento con folletos que decían: “Protejamos nuestro futuro hídrico”.

En el condado de Doña Ana, la oposición ha estado liderada por los residentes de las colonias, centrados en un presente ya demasiado seco. A principios de 2024, tras denuncias de residentes sobre agua viscosa saliendo de las llaves, una investigación estatal encontró decenas de violaciones por parte de la compañía local de agua, incluyendo evidencia de que había estado eludiendo el tratamiento de arsénico por más de un año, vendiendo agua contaminada a más de 19.000 clientes. Desde entonces, el condado terminó su relación con la empresa y el Estado la demandó por una década de mala gestión. Pero los residentes señalan que los problemas continúan: agua amarillenta, sedimentos en el chorro, grifos que apenas gotean pese a facturas cada vez más altas.

En la biblioteca de Sunland Park, Joe Anthony Martínez, de 76 años, señala las cicatrices en su cuello, donde un cirujano le extirpó un cáncer de piel que él cree fue causado por el agua. Sin confiar en el grifo, él y su esposa llevan años pagando por agua filtrada. Ahora, mientras el condado y la ciudad trabajan para establecer un nuevo sistema de agua, temen que, incluso si la calidad mejora, vaya a parar al centro de datos.

“No queremos nada de eso”, dice Martínez en español. “Lo que queremos es agua de calidad”.

Minimizar el consumo de agua

A medida que crecen las preocupaciones sobre el uso de recursos de los centros de datos, la industria se mueve rápido para demostrar su conciencia ambiental. BorderPlex Digital afirma que su campus minimizará el consumo de agua utilizando un sistema de enfriamiento que recicla el agua, en lugar del sistema tradicional que la evapora. Un vocero de la empresa aseguró en un correo electrónico que su firma asociada, STACK, ya opera centros de datos en Oregón con la misma tecnología.

“El sistema de enfriamiento en circuito cerrado requiere únicamente un llenado inicial y, por lo tanto, limitará el consumo de agua en el día a día a las necesidades domésticas de los empleados (similar a un edificio de oficinas con 750 trabajadores)”. La fuente de agua para el proyecto aún no está definida, agregó, pero la compañía está considerando “pozos de agua no potable o salobre (cuando sea viable y aprobado), agua reciclada de la planta de tratamiento de aguas residuales o agua transportada en camiones desde fuentes alternas”.

En una reunión pública, los desarrolladores afirmaron que el llenado inicial requeriría alrededor de 10 millones de galones de agua y que el sistema usaría 7,2 millones de galones anuales. El consumo diario de agua del campus promediaría unos 20.000 galones al día, con un tope de 60.000.

Daisy Maldonado, directora de Empowerment Congress, sigue siendo escéptica. “Quiero reportes científicos sobre cómo funciona un sistema de circuito cerrado y cuál es el nivel de evaporación y recarga de agua que se necesita cada año”, dijo. “No quiero una presentación de PowerPoint que solo diga: ‘No se preocupen, no vamos a usar tanta agua’. Y creo que la comunidad merece saberlo”.

Aunque Nuevo México anunció la asociación con BorderPlex Digital en febrero, muchos en el condado de Doña Ana no se enteraron del Proyecto Júpiter hasta que se revelaron los detalles del plan a finales de agosto, apenas unas semanas antes de que los comisionados programaran la votación final sobre la propuesta de bonos fiscales.

En una reunión del condado el 26 de agosto, los comisionados intentaron calmar las preocupaciones de los residentes. “Una de las cosas en las que insistimos como parte de esta discusión es que este centro de datos no va a tener un impacto negativo en la situación del agua en Santa Teresa y en Sunland Park”, dijo el comisionado del condado Shannon Reynolds, según El Paso Matters. “Si lo tiene, entonces les prometo que estaremos encima del asunto”.

Sin embargo, en las semanas siguientes las tensiones locales en torno al proyecto aumentaron. El 5 de septiembre, Reynolds publicó en Facebook los nombres de decenas de personas que habían presentado comentarios públicos en contra del proyecto.

En un comunicado de prensa, el Centro de Derecho Ambiental de Nuevo México calificó la publicación como “un acto de intimidación destinado a desalentar la participación y silenciar a los miembros de la comunidad que ejercen su derecho a participar en los procesos públicos y de gobierno”. Reynolds no respondió a la solicitud de comentarios, pero dijo en Facebook que estaba mencionando a los residentes para agradecerles públicamente.

En los días previos a la votación programada, los desarrolladores lanzaron un sitio web presentando su propuesta y organizaron una serie de reuniones comunitarias en todo el condado. Decenas de personas acudieron a hacer preguntas y, a medida que se acercaba la audiencia pública, residentes de ambos lados del debate pidieron más tiempo para obtener respuestas. El 16 de septiembre, la ciudad de Sunland Park se sumó a los llamados para retrasar la votación, argumentando que sus líderes no habían tenido la oportunidad de evaluar plenamente la propuesta.

Pero, según los reportes, los desarrolladores advirtieron que posponer la decisión significaría perder por completo el proyecto. El 19 de septiembre, tras horas de acalorados comentarios públicos, los comisionados del condado siguieron adelante con la votación y aprobaron la propuesta de bonos con cuatro votos a favor y uno en contra.

Para Daisy Maldonado, la decisión no fue una sorpresa, pero sí se sintió como una traición. En agosto, dijo que esperaba que el condado hiciera más preguntas sobre el tipo de desarrollo que busca atraer. Conduciendo por McNutt Road, la arteria principal de Sunland Park, señaló más de una docena de dispensarios de cannabis. En total, 43 han ocupado locales y bodegas vacías en la ciudad desde que Nuevo México legalizó la droga en 2021, atendiendo a clientes del otro lado de la frontera estatal.

“¿Sabe cuántos supermercados hay en la ciudad de Sunland Park, en Santa Teresa?”, preguntó. “Quizá uno. Para una comunidad de casi 20.000 personas”.

Suspiró. “¿Entonces cómo está cuidando Nuevo México a sus residentes? Están fallando a la gente de Sunland Park, de Santa Teresa, porque lo único que pueden ver son signos de dólar".

Una versión de esta historia apareció originalmente en High Country News el 12 de septiembre; desde entonces se ha actualizado para reflejar la noticia de la decisión de los comisionados del condado de respaldar el Proyecto Júpiter.