El Caucus Hispano del Congreso denuncia las “crueles” medidas migratorias de Trump: “Vamos a luchar”

El liderazgo hispano en el Congreso tiene un mensaje para Donald Trump: “Vamos a luchar”. En una rueda de prensa convocada este jueves, tres días después de la investidura del presidente, el Caucus Hispano se ha comprometido a hacer frente a la agenda migratoria del republicano. Los legisladores han trasmitido una imagen de unidad y han arremetido contra las órdenes ejecutivas migratorias que Trump ha firmado en sus pocos días en el cargo, tildándolas de “crueles” y “dañinas” para los migrantes y para el país en general.

“En el pasado, el tema de la inmigración se ha debatido sin nuestra presencia en la mesa. Vamos a cambiar eso”, ha señalado Adriano Espaillat, representante por Nueva York y presidente del Caucus Hispano del Congreso. “Exigimos que estemos en la mesa cuando se discuten estas medidas porque afecta a nuestras comunidades de manera desproporcionada”. Originario de la República Dominicana, Espaillat fue el primer inmigrante indocumentado en ocupar un escaño en el Congreso.

En la comparecencia de una hora, los legisladores —muchos de los cuales son inmigrantes de primera o segunda generación— han criticado la militarización de la frontera estadounidense con México, la autorización de redadas migratorias en iglesias y escuelas y las prometidas deportaciones masivas de millones de personas indocumentadas. “Estamos unidos y resueltos a exigir que nuestras comunidades se respeten”, ha asegurado la representante por Nueva York, Nydia Velázquez.

Además, han recalcado que la agenda migratoria del republicano perjudicará la economía estadounidense, el asunto con el cual Trump se aseguró la vuelta a la Casa Blanca. “Las recientes órdenes ejecutivas que exigen deportaciones masivas no son más que una estratagema política. Estas políticas no contribuyen en nada a nuestro crecimiento económico”, ha dicho la representante por California, Norma Torres. “Por lo contrario, corren el riesgo de desgarrar familias, desestabilizar nuestra mano de obra y socavar industrias que son fundamentales para nuestra economía”. Expertos estiman que la campaña de expulsiones que el presidente pondrá en marcha tendrá un impacto económico catastrófico: las peores previsiones hablan de una recesión y la contracción del PIB de hasta un 6%.

“La gran mayoría de los inmigrantes indocumentados son personas trabajadoras que han pagado impuestos y contribuido a la sociedad estadounidense durante décadas”, ha apuntado Joaquin Castro, representante por Texas. El legislador mexicano-americano ha reprochado la insistencia de parte de Trump de equiparar los inmigrantes con delincuentes cuando todos los datos oficiales —incluidos los del FBI y de las agencias federales encargadas de asuntos migratorios— demuestran lo contrario.

“Dice que su objetivo son los delincuentes, pero acaba de eliminar las restricciones que impedían al ICE [Servicio de Inmigración y Control de Aduanas] realizar redadas en escuelas, hospitales e iglesias. Yo le preguntaría, ¿quién cree él que de esos niños es un delincuente sentado en una clase de primer grado? ¿Quiénes son los delincuentes que persigue en las iglesias?”, ha cuestionado Castro.

Los demócratas han abordado varios de los decretos más polémicos del presidente, incluyendo el que acaba con la ciudadanía por nacimiento. “Creo que algunas personas necesitan sentarse y leer la maldita Constitución. Porque francamente, si la lees, no hay ninguna duda”, ha señalado la representante Sylvia Garcia, de Texas. Se refería a que la Constitución del país otorga la ciudadanía estadounidense a quienes nazcan en su territorio, algo que Trump argumenta no es así. “No sé cómo se puede cuestionar esto”, ha añadido Garcia. El decreto, de hecho, fue bloqueado temporalmente este jueves por un juez federal, en respuesta a una demanda interpuesta en su contra.

Los miembros del caucus han prometido luchar por los llamados dreamers, que llegaron como menores hijos de inmigrantes y han hecho su vida en el país, como también por los beneficiarios de programas migratorios como el Estatus de Protección Temporal (el llamado TPS) o la libertad condicional humanitaria, más conocida como parole. Trump ha asegurado que acabará con todas estas protecciones; de hecho, ya firmó una orden ejecutiva para restringir el parole.

La primera ley de deportaciones llega al escritorio de Trump

La rueda de prensa de los legisladores demócratas se ha producido después de que el Congreso aprobara la tarde del miércoles la primera ley de deportaciones del segundo mandato de Trump. La norma, que puede llegar al escritorio del presidente hoy mismo para que la firme, permite las deportaciones de inmigrantes sin papeles que hayan cometido delitos menores (como un hurto en una tienda), aunque no hayan sido condenados por ello.

A pesar de que el Partido Republicano goza de una mayoría en ambas cámaras, la ley fue aprobada con el apoyo del Partido Demócrata. En la Cámara de Representantes, recibió el respaldo de 46 demócratas. Y en el Senado, el de 12. La votación bipartidista supuso un cambio radical respecto a los recientes debates sobre inmigración en el Capitolio. Los demócratas rechazaron ampliamente una iniciativa similar en varias ocasiones el año pasado, pero el partido progresista ha endurecido su posición sobre inmigración tras el éxito electoral de los republicanos el pasado 5 de noviembre.

La legislación, que está a punto de convertirse en la primera de la era Trump, lleva el nombre de Laken Riley, una estudiante de enfermería de 22 años que fue asesinada en febrero pasado en el campus de la Universidad de Georgia. Su asesino, el venezolano José Antonio Ibarra, que recibió cadena perpetua por el crimen, cruzó ilegalmente la frontera en septiembre de 2022, y antes del asesinato fue detenido por un robo, pero se le permitió permanecer en libertad tramitando su situación legal. Fue uno de los casos que Trump usó durante la campaña electoral para avanzar en su teoría de que los migrantes que se encuentran en situación irregular en el país son delincuentes, a pesar de que casi el 90% de ellos carece de antecedentes penales.