Indiana mata por primera vez en 15 años a un preso del corredor de la muerte

Indiana, Estado del Medio Oeste, mató en la madrugada de este miércoles y por primera vez en 15 años a uno de los presos de su corredor de la muerte. Joseph Corcoran, enfermo de esquizofrenia paranoica de 49 años, fue ajusticiado por el método de la inyección letal. Estaba condenado por el asesinato en 1997 de cuatro hombres, uno de los cuales era su hermano, y otro, el prometido de su hermana.

El proceso, que se llevó con un secretismo criticado por los abogados de Corcoran y por varias organizaciones de derechos civiles, comenzó a eso de la medianoche, hora Central de Estados Unidos (una más en Washington). Se prolongó hasta las 12:44, y el fiscal general de Indiana, Todd Rokita, lo definió como “profesional”.

Las últimas palabras del reo fueron: “No, en serio. Acabemos con esto de una vez”. Horas antes, recibió su última comida: pidió un helado de la famosa marca Ben & Jerry’s.

Las leyes de Indiana no permiten a la prensa asistir a las ejecuciones como testigo, pero los abogados de Corcoran cedieron uno de los sitios que les correspondían a una reportera del diario de Indianápolis Capital Chronicle, que tuvo que esperar hasta las 12:32 para entrar, junto a uno de los letrados del preso, su esposa, Tahina, y el hijo de ambos. En su crónica, la periodista cuenta que el reo parecía “tranquilo” y que “parpadeaba continuamente” y escribe que no estuvo “claro cuándo exactamente se inoculó por vía intravenosa el pentobarbital, la droga empleada en la ejecución, en el brazo izquierdo de Corcoran”. Tampoco, “si en otra estancia”, lejos de su vista, “había miembros de las familias de las víctimas”.

Los letrados de Corcoran trataron hasta el último momento de aplazar la ejecución con los mismos argumentos con los que han defendido el caso de su cliente durante décadas: que sufría un cuadro “esquizofrenia paranoide grave y prolongada”, como probaban los libros que escribió y autoeditó en sus años entre rejas. En esas narraciones delirantes, contaba que lo habían sometido a “vigilancia ultrasónica”. Esa enfermedad mental, argüían, le impedía entender la gravedad y las consecuencias de sus hechos.

En un comunicado emitido pasada la una de la madrugada, el gobernador de Indiana, el republicano Eric Holcomb, recordó que el caso había sido “revisado en repetidas ocasiones durante los últimos 25 años, incluidas siete veces por el Tribunal Supremo de Indiana y tres por el de Estados Unidos”. “La más reciente, esta misma noche. Su sentencia nunca ha sido revocada y se cumplió según lo ordenado por el tribunal”, dijo. El fiscal general Rokita se felicitó por su parte de que el condenado a muerte “finalmente hubiera pagado su deuda con la sociedad al brindar justicia a sus víctimas”.

En junio, Holcomb y Rokita, anunciaron su intención de reanudar las ejecuciones en vista de que las autoridades habían logrado, tras años de intentos infructuosos, procurarse el pentobarbital que se emplea en las inyecciones letales. Holcomb, que es gobernador desde 2017, cuenta los días para ser reemplazado por su sucesor, el también republicano Mike Braun, que ganó con holgura las elecciones del pasado mes de noviembre. Braun se ha mostrado abierto a reflexionar sobre el futuro de la pena capital en Indiana. Un legislador republicano del Estado introdujo recientemente en el Capitolio de Indianápolis una iniciativa para discutir sobre su futuro, pero Holcomb no quiso aplazar la primera ejecución en 15 años hasta la celebración de ese debate.

En el momento de los asesinatos, Corcoran tenía 22 años. Aquella noche, estaba viendo la televisión con su hermano, James, ocho años mayor, en la casa que ambos compartían en la localidad de Fort Wayne, en el nordeste de Indiana. Aquel día, también estaban Robert Scott Turner, el novio de su hermana, y dos amigos: Douglas Stillwell y Timothy Bricker. Cinco años antes, Joseph Corcoran había sido absuelto del asesinato de sus padres. La fiscalía sostuvo durante el juicio en el que un juez lo mandó al patíbulo que la emprendió a tiros porque creyó que esos cuatro hombres estaban cuchicheando sobre su supuesta responsabilidad en la muerte de sus progenitores. Según los médicos que testificaron en nombre de la defensa, aquel arrebato fue consecuencia de su personalidad paranoica.

Siete condenados más

Tras la ejecución de este miércoles, quedan, según la organización abolicionista Death Penalty Information Center, siete presos en el corredor de la muerte de la prisión estatal de Indiana en Michigan City, todos ellos condenados por asesinatos cometidos entre 1989 y 2012.

Matthew Eric Wrinkles fue el último preso ejecutado por el Estado de Indiana. Fue el 11 de diciembre de 2009. Estaba condenado por asesinato de su ex esposa y dos de sus familiares. Entre el 14 de julio de 2020 y el 16 de enero de 2021, tiempos de Donald Trump en la Casa Blanca, el Gobierno federal ejecutó a 13 presos en la prisión Terre Haute, que alberga el corredor de la muerte de los condenados por delitos federales. Esas ejecuciones habían quedado en suspenso durante 17 años después hasta que Trump decidió retomarlas. Las organizaciones abolicionistas están tratando estas semanas de que el presidente Joe Biden conmute en sus últimos días en el cargo las sentencias de los 40 condenados a muerte por crímenes federales que hay en Estados Unidos.

La pena capital es legal en 27 Estados de los 50 Estados de la Unión. El país la reintrodujo en 1982 con una ejecución llevada a cabo en Texas por el método de la inyección letal, método que en estos casi 43 años se ha empleado para matar a casi 1.400 personas.

La búsqueda de alternativas a la inyección letal se ha intensificado en los últimos años, en vista de que las empresas farmacéuticas se han venido negando por una cuestión de imagen corporativa a vender a los Estados esos fármacos, cuyas existencias ya han caducado. Además, en 2011, la Unión Europea prohibió la exportación de esas drogas a Estados Unidos. Ese es uno de los motivos que hicieron que solo cinco Estados ejecutaran en 2023 la pena capital.

En enero pasado, Alabama, ensayó un nuevo método, la asfixia por nitrógeno, con un hombre al que ya habían intentado matar con una inyección letal. Tras varios infructuosos de encontrarle la vena, desistieron de la ejecución. Desde entonces, el Estado sureño ha matado a otros dos presos asfixiándolos con gas.