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Preguntas y respuestas sobre la reclasificación de la marihuana propuesta por Biden

El cannabis está clasificado junto a drogas duras como el LSD y el éxtasis. La nueva propuesta busca que los expertos puedan investigar sobre sus posibles aplicaciones médicas

Cannabis flowers on April 30, 2024
Un cigarrillo de marihuana embalado encima de flores secas de cannabis, en San Anselmo (California), en abril de 2024.Justin Sullivan (Getty Images)
Alonso Martínez

El presidente Joe Biden busca una nueva perspectiva para el cannabis. “Nadie debería estar encarcelado por usar marihuana”, dijo recientemente. Bajo su recomendación, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha propuesto reclasificar esta droga. Actualmente, la planta está considerada igual de peligrosa que la heroína, una droga altamente adictiva. Con la reclasificación, estaría en la misma categoría que sustancias como la ketamina o los esteroides anabólicos, con menor potencial de generar adicción.

Existen varias razones detrás de esta propuesta, entre ellas la mayor aceptación del cannabis por parte de los ciudadanos de Estados Unidos, ya que muchos apoyan su legalización y regulación. Por otra parte, el cambio de clasificación ayudaría a que los expertos puedan realizar investigaciones y estudios médicos sobre los peligros y los beneficios de la planta sin enfrentarse a frenos legales.

La propuesta nació después de que Biden le pidiera al Departamento de Salud y Servicios Humanos y al fiscal general, quien supervisa a la DEA, que revisaran cómo estaba clasificada la marihuana y por qué. Biden se ha mostrado a favor de la legalización del cannabis para usos medicinales, y ha resaltado la importancia de que exista evidencia consistente sobre sus beneficios.

¿Qué significa la propuesta?

El Departamento de Justicia considera pasar la marihuana de una clasificación de drogas de Lista I a Lista III, lo que representaría un importante cambio en las políticas federales vinculadas al cannabis. Al estar clasificada como sustancia Lista I, se considera que tiene un alto potencial para el abuso, además de ningún uso médico, como es el caso de la heroína, el LSD, los quaaludes y el éxtasis, entre otras. Al entrar en clasificación Lista III, se reconocerían sus potenciales usos médicos y se considerará que tiene bajo potencial para generar dependencia. Sin embargo, seguirá siendo considerada una sustancia controlada.

¿Esto hará que la marihuana sea legal?

No. La propuesta de reclasificar la marihuana no la legaliza en todos los Estados. Lo que haría sería relajar las restricciones sobre el cannabis a nivel federal, lo cual facilitará que los Estados que así lo deseen puedan regularla. Cada Estado seguirá teniendo la autoridad de decidir si la legaliza para fines médicos o recreativos. Además, seguirá siendo legal en los territorios que ya tengan legislación a su favor.

Lo cierto es que, con más investigaciones médicas y mayor concienciación sobre sus posibles beneficios, algunos Estados podrían abrirse más a la posibilidad de legalizar la planta.

¿Ayudará a reducir sentencias de prisión por crímenes vinculados al cannabis?

Se ha demostrado que las actuales leyes anticannábicas han generado injusticias e inequidad, particularmente cuando se habla de disparidad racial en la aplicación de las leyes y la imposición de sentencias de prisión. Sin embargo, esta reclasificación no cambiaría nada para las personas que se encuentren en prisión por crímenes vinculados al cannabis. David Culver del U.S. Cannabis Council lo dejó claro en unas declaraciones a la agencia AP: “De forma simple, este movimiento no sacará a las personas de prisión”. Por otra parte, tampoco cambiará la forma en que se procesen los crímenes vinculados a la marihuana. En años recientes se han reducido la cantidad de casos federales por posesión, así que no se espera que haya cambios importantes.

¿Cuándo se hará el cambio?

La propuesta es solo el primer paso. Esta debe ser revisada por la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca, después de lo cual tendrá un periodo de comentarios públicos y de revisión por un juez administrativo. El proceso puede tardar meses o hasta años, además de que podría enfrentar retos legales, lo que retrasaría aún más su implementación.

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