¿Cómo va a triunfar Pedraz donde Putin fracasó?

En un mundo retrofuturista de IAs asesinas y algoritmos que retractilan la realidad hasta plastificarla y dejarla sin sabor, el juez Pedraz, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, nos agarra de las solapas y nos enfanga de nuevo en el viejo debate de si la protección de la propiedad intelectual está por encima de cualquier otro bien o derecho digno de protección.

No creí que en el tiempo de los contenidos sintéticos, de los canales de pederastas, terroristas, raros y demás dementes, radicales islámicos o católicos, nacionalistas, negacionistas o terraplani...

En un mundo retrofuturista de IAs asesinas y algoritmos que retractilan la realidad hasta plastificarla y dejarla sin sabor, el juez Pedraz, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, nos agarra de las solapas y nos enfanga de nuevo en el viejo debate de si la protección de la propiedad intelectual está por encima de cualquier otro bien o derecho digno de protección.

No creí que en el tiempo de los contenidos sintéticos, de los canales de pederastas, terroristas, raros y demás dementes, radicales islámicos o católicos, nacionalistas, negacionistas o terraplanistas; en los días del debate sobre cómo evitar que los menores accedan al porno desde los ocho años, lo que cerraría un servicio de comunicación en todo el territorio nacional como Telegram fuera a ser una infracción de la propiedad intelectual.

No se me entienda mal: los creadores han de ser remunerados por sus contenidos, con independencia de que fuera bueno abrir el debate de la concentración de los derechos económicos del trabajo de muchos en pocas manos. Pero esto también sabe a rancio. El cierre de Telegram en España, basado en una reclamación de propiedad intelectual, cuando es inimaginable que se hiciera por cualquier otra vulneración, demuestra que en nuestro sistema los daños patrimoniales siguen teniendo más peso que los personales o psicológicos.

Si uno entiende que nuestro derecho nació como un sistema de defensa de la propiedad privada, de ordenación de las relaciones económicas (incluido el matrimonio) y para gestionar la cesión de la violencia individual a favor de la violencia del estado, empieza a entender cómo funciona nuestra justicia. La dignidad humana y los derechos fundamentales, aunque hunden sus pies de barro en la Revolución francesa, son una modernidad que nos empezamos a creer tras la Segunda Guerra Mundial. Pero no dejan de ser la hermana pequeña de la protección legal y en su universalidad llevan la penitencia. Si alguien alega que la tierra es plana o que las vacunas llevan un chip que te conectan con el córtex prefrontal con Bill Gates, nadie retirará ese contenido (ni, obviamente, bloqueará todo el servicio). Porque la libertad de expresión permite que incluso la gente que está peleada con los hechos se exprese y vote a otras personas que creen que hay verdades alternativas con las que dirigir el mundo.

Si alguien piensa que es malo que los niños de ocho años vean bukakes en lugar de Dora la Exploradora, alguien vendrá a ponerle pegas técnicas, legales (la libertad de expresión, la licitud del porno) o le espetará lo de las puertas y el campo que tanto me exaspera. El resultado será que todo lo que es posible en la protección de la propiedad intelectual, desde sistemas de detección y borrado automático de contenidos protegidos hasta cierres de un sistema entero de comunicaciones, no lo es cuando pretendemos proteger otro interés que, en mi opinión, es más digno de ello.

Por lo demás, nadie ha respondido a la pregunta de quién va a pagar a Telegram, que acaba de levantar 330 millones de dólares de inversión, los daños reputacionales y operativos propios y de sus clientes causados por una orden manifiestamente desproporcionada que busca cerrar un canal tumbando el servicio entero. Ni tampoco nadie nos ha explicado cómo un juez español va a triunfar en un afán en el que el propio Putin fracasó. El 13 de abril de 2018, el Tribunal del Distrito de Tagansky (Moscú) ordenó, con base en la Ley Yarovaya (que obligaba a guardar las comunicaciones y sus claves de cifrado), restringir el acceso a Telegram en el territorio ruso. El bloqueo provocó interrupciones en el funcionamiento de muchos servicios de terceros, pero prácticamente no afectó a la disponibilidad de Telegram en Rusia, que fue oficialmente desbloqueada el 19 de junio de 2020.

La operación suponía denegar el acceso a más de 19 millones de direcciones IP asociadas con el servicio, muchas de ellas de Amazon Web Services y Google Cloud Platform que utiliza Telegram como frontal. No parece que la tarea a la que se enfrenta la Audiencia Nacional ahora vaya a ser más sencilla ni que el resultado fallido vaya a ser diferente. En el camino nos dejaremos la reflexión de aquello que, como sociedad, de verdad queremos proteger y una riada de usuarios infectados con troyanos en su intento de sortear la prohibición instalándose VPNs infectadas. Nada mal para un Viernes de Dolores.

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