España impulsará la ley sobre inteligencia artificial en su presidencia de la UE

España impulsará durante su presidencia de la UE la regulación sobre inteligencia artificial (IA), que busca convertir a la Unión en la primera región del mundo en poner reglas sobre las posibilidades y riesgos de esta tecnología que avanza a pasos agigantados. El equipo español, que tomará las riendas del Consejo de la UE el 1 de julio, se sumergirá en uno de los asuntos más complejos y decisivo...

España impulsará durante su presidencia de la UE la regulación sobre inteligencia artificial (IA), que busca convertir a la Unión en la primera región del mundo en poner reglas sobre las posibilidades y riesgos de esta tecnología que avanza a pasos agigantados. El equipo español, que tomará las riendas del Consejo de la UE el 1 de julio, se sumergirá en uno de los asuntos más complejos y decisivos para el futuro global, y que ya ha abierto acalorados debates sobre la transparencia de estas tecnologías, especialmente la generativa como la de ChatGPT. “España hará todo lo posible en las negociaciones sobre el reglamento sobre la IA con el Paramento Europeo, asegurando que no socave la innovación, sino que al mismo tiempo proteja los derechos fundamentales de las personas”, dice el documento de trabajo que la delegación española ha enviado a los Estados miembros y a la cúpula del consejo de la UE, y que ha podido consultar EL PAIS.

Muestra de la preocupación europea —y mundial— por el rápido avance de la IA, especialmente la generativa, es el hecho de que Europa y Estados Unidos hayan propuesto, esta misma semana, un “código de conducta” voluntario para las empresas que desarrollan esta tecnología. La idea es que estas líneas de conducta actúen de “puente” hasta que se cuente con una legislación para regularla. La propia Comisión Europea ha propuesto unas “guías” para sus trabajadores en materia de IA generativa.

El semestre español al frente del consejo de la UE empieza tres semanas antes de las elecciones generales adelantadas al 23 de julio en España. Para entonces, el Parlamento Europeo debería haber fijado su posición sobre la legislación de IA, previsiblemente durante su plenario de junio. Con ello, se abre el camino para la negociación de un texto común final de los Estados y la Eurocámara, una tarea que recaerá principalmente durante la presidencia española de los Veintisiete.

“La IA generativa se ha convertido en la corriente principal y ha llegado a todos los titulares de las noticias, creando conciencia mundial gracias a los beneficios que puede aportar a la eficiencia de las empresas, pero también a los riesgos que plantea para la seguridad, la desinformación o el respeto de los derechos de las personas”, dice el documento de trabajo europeo de España, con fecha del 30 de mayo.

La Comisión Europea presentó hace dos años una propuesta de reglamento para la IA que está ahora en negociaciones en el Parlamento Europeo, donde los eurodiputados han integrado propuestas como la de vetar los “usos intrusivos y discriminatorios” de esa tecnología, especialmente los sistemas biométricos en tiempo real o ex-post en espacios públicos. La AI y sus efectos negativos en los derechos y libertades ciudadanas preocupa a los eurodiputados, especialmente si está en manos de empresas o gobiernos con pocos escrúpulos.

El Gobierno de Pedro Sánchez impulsa desde el año pasado un campo de pruebas piloto (sandbox) para acordar una guía de buenas prácticas que mejore la implantación de la IA y se compromete ahora con los Estados miembros a entregar los “resultados preliminares” de esos trabajos. Madrid acogerá en noviembre, además, la llamada Asamblea General de la Alianza sobre IA.

España, que habla en el documento de trabajo de “reflexionar sobre la importancia de desarrollar una digitalización ética e inclusiva”, quiere impulsar la posición de la UE como centro de referencia para atraer empresas emergentes, talento e inversión. La meta es lograr el objetivo del decenio digital 2030 y duplicar el número de unicornios en la UE, remarca el documento de la Presidencia española.

Europa busca un equilibrio entre la regulación de la IA, sobre todo la generativa, y el evitar un marco tan restrictivo que haga que las poderosas empresas del ramo se instalen en otras regiones menos estrictas. Muestra de la preocupación que genera esta cuestión es el hecho de que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, reciba este jueves en una reunión de trabajo a puerta cerrada a una de las principales figuras públicas de la IA generativa, Sam Altman. El fundador de OpenAI, compañía creadora de ChatGPT, ya se reunió con Sánchez a finales de mayo, en el marco de la gira europea que ha emprendido y que también lo llevó el miércoles a la localidad sueca de Lulea, donde los responsables de Competencia de Estados Unidos y la UE acordaron proponer en las próximas semanas un “código de conducta” voluntario para el sector.

Aunque desde Lulea no se dieron detalles, fuentes comunitarias explican a EL PAÍS que el objetivo es “convocar a las empresas de IA activas en el mercado de la UE para buscar que hagan una implementación temprana de los puntos clave de la Ley de IA” una vez que la Eurocámara dé su visto bueno final a su posición negociadora, como ya hizo en diciembre el Consejo. Las empresas acordarían así adelantar estos puntos clave de la legislación de “forma voluntaria” y antes de que se hagan obligatorios, una vez entrada en vigor la normativa, lo que puede tardar aún hasta un año o más, señalan las fuentes.

La idea detrás de ello es que el avance de la IA generativa es tan rápido que impone medidas a corto plazo que no pueden esperar a que la ley europea sobre la materia —o la que puedan preparar otros países— esté finalizada e implementada. Por ello, es necesario “promover, a nivel global, guardarraíles, sobre todo para la IA generativa o modelos avanzados de IA de propósito general (IAPG) que conllevan nuevos y serios desafíos para la sociedad que habrá que atender con urgencia”, señalan las fuentes.

En este sentido, recuerdan que ya en la cumbre del G7 en Hiroshima los líderes de las siete economías más avanzadas del mundo concluyeron, como se señala en su comunicado final, que se deben “avanzar las discusiones sobre la gobernanza inclusiva de la AI y su interoperabilidad para lograr nuestra visión común y objetivo de una IA fiable, en línea con nuestros valores democráticos compartidos”.

Las “guías” de la Comisión

La propia Comisión ha emitido unas “guías” para su personal de cara al uso de las “herramientas de IA generativa” disponibles online, con el objetivo de “valorar los riesgos y limitaciones” de estas herramientas y establecer una serie de “condiciones” para su “uso seguro” —que no prohibido— en el marco de su trabajo en el seno del Ejecutivo europeo, según el documento interno para los funcionarios comunitarios que ha podido consultar este diario.

Entre otros, esta guía prohíbe a los trabajadores de la Comisión compartir con un modelo de IA generativa cualquier dato personal o información que no sea ya de dominio público. El motivo, señala la documentación, es que estos modelos “pueden producir respuestas erróneas o prejudiciadas”. Por esa misma razón, el personal comunitario deberá “evaluar de forma crítica” cualquier respuesta producida por IA generativa, además de tener en cuenta que este tipo de material podría estar violando derechos de propiedad intelectual. Ante todo, se insta a los trabajadores comunitarios a evitar en todo momento usar material creado por IA generativa para elaborar textos comunitarios, “especialmente los legalmente vinculantes”.

En su semestre de turno, España también integrará las relaciones con América Latina y el Caribe en casi todos sus dosieres, entre ellos, el de telecomunicaciones, y tratará de impulsar la implementación de la Alianza Digital UE-Celac, para fomentar las asociaciones digitales con países clave de Latinoamérica y el Caribe. Además, dentro de la nueva estrategia con la que la UE busca acercarse a la región —y que incluye la cumbre UE-Celac en julio, en Bruselas uno de las reuniones de más peso de todo el semestre— la presidencia española busca impulsar que se llegue a paquetes de inversión bilaterales para promover la “transformación digital centrada en el ser humano y orientada a los derechos”.

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