La AI y CCOO reclaman la privacidad del correo electrónico de los trabajadores
En respuesta al experto que señaló que la ley permite a las empresas controlar el e mail de sus empleados
La Asociación de Internautas y Comisiones Obreras (CCOO) han negado que el Estatuto de los Trabajadores ampare a las empresas para abrir el correo electrónico de los empleados, como ha afirmado en Santiago de Compostela el catedrático de la Universidad Pontificia de Comillas Miguel Ángel Davara.
Para evitar "interpretaciones interesadas y sesgadas", ambas organizaciones han reclamado al Parlamento la incorporación del uso del 'e-mail' en las empresas en el Estatuto de los trabajadores y en la Ley de libertad sindical, y han añadido que su interceptación o apertura violaría incluso el se...
La Asociación de Internautas y Comisiones Obreras (CCOO) han negado que el Estatuto de los Trabajadores ampare a las empresas para abrir el correo electrónico de los empleados, como ha afirmado en Santiago de Compostela el catedrático de la Universidad Pontificia de Comillas Miguel Ángel Davara.
Para evitar "interpretaciones interesadas y sesgadas", ambas organizaciones han reclamado al Parlamento la incorporación del uso del 'e-mail' en las empresas en el Estatuto de los trabajadores y en la Ley de libertad sindical, y han añadido que su interceptación o apertura violaría incluso el secreto de las comunicaciones del trabajador.
En este sentido, han recordado en un comunicado conjunto que, en una jornada organizada recientemente por el sindicato sobre 'ciberderechos' en la empresa, el magistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín afirmó que la relación laboral entre empleador y empleado "no le priva de sus derechos fundamentales".
Según CCOO, posibles medidas de "apoderamiento de mensajes de correo electrónico e interceptación de las telecomunicaciones" caerían dentro del ámbito de aplicación del artículo 197 del Código Penal, y no podrían llevarse a cabo "sin el conocimiento y el consentimiento pactado de la parte laboral".
Además, la AI considera que el empresario sólo podría entrar en el 'e-mail' de un trabajador cuando existan "indicios razonables de delito" y respetando la proporcionalidad entre éste y la medida tomada, que no haya otra forma de esclarecerlo y se realice con el consentimiento del trabajador ante la presencia de un representante".