El Supremo de EE UU avala a Trump en su política de pasaportes que excluye a las personas trans

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dado su visto bueno a que el Gobierno de Donald Trump obligue a reflejar en los pasaportes el sexo asignado al nacer. Eso significa que avala el bloqueo para que las personas trans, intersex y no binarias puedan marcar el género con el que se identifican mientras el caso se dirime en una instancia inferior. La decisión publicada este jueves por el Supremo, con una supermayoría de jueces conservadores, paraliza la orden de un tribunal inferior que obligaba al gobierno federal a permitir a los ciudadanos marcar la opción de masculino, femenino o X en sus pasaportes hasta que hubiese un fallo al respecto.

“Mostrar el sexo de nacimiento de los titulares de pasaportes no viola los principios de igualdad ante la ley más de lo que lo haría mostrar su país de nacimiento; en ambos casos, el Gobierno simplemente da fe de un hecho histórico sin someter a nadie a un trato diferencial”, ha señalado el Supremo en una breve explicación de su orden.

El alto tribunal ha apoyado la solicitud de urgencia del Departamento de Justicia de levantar la orden emitida por otro juez para bloquear la medida que exige que los pasaportes reflejen únicamente al sexo asignado al nacer hasta que concluya la demanda colectiva que impugnó la medida del Gobierno del republicano.

La orden del Supremo no fue firmada, como es habitual en las decisiones que el tribunal toma de manera urgente. Sin embargo, las tres juezas liberales del tribunal han mostrado su desacuerdo con la decisión. En una opinión particular, la jueza Ketanji Brown Jackson, ha criticado que el tribunal haya permitido, una vez más, que la administración Trump avance en políticas que “causan daño a los más vulnerables”, de manera interina, cuando el caso aún se está resolviendo en otras instancias judiciales. Al escrito de Jackson se han sumado también las juezas Sonia Sotomayor y Elena Kagan, ha publicado Reuters.

“Al impedir que los estadounidenses trans obtengan pasaportes congruentes con su género, el Gobierno hace algo más que simplemente expresar su creencia de que la identidad transgénero es falsa. La política de pasaportes también invita a un escrutinio adicional, a veces humillante, como el que han experimentado los demandantes”, ha detallado la magistrada en su texto.

Una práctica de décadas

Desde 1992, el Departamento de Estado de EE UU permite que la designación de sexo en los pasaportes difiriera del sexo asignado al nacer, siempre que se aportasen una serie de informes médicos. Bajo el mandato presidencial de Joe Biden, en 2021 se dio la opción de poder elegir entre tres categorías sin ningún tipo de documentación: masculino, femenino y X (para personas no binarias, intersex o disconformes de género).

“El Departamento de Estado ha tenido durante décadas un proceso que permitía a las personas trans y, más recientemente, a las personas no binarias, tener documentos que las identificaran de manera adecuada. Estas políticas funcionaban. No hay ninguna razón para cambiarlas, salvo la malicia”, ha criticado Cathryn Oakley, responsable de política legal de la organización Human Rights Campaign (HRC) en un comunicado. “La política de la administración Trump tiene un solo propósito: la discriminación. Existe para hacer las vidas [de personas trans, intersex y no binarias] más difíciles, para degradarlos y avergonzarlos en la frontera, en los aeropuertos y a lo largo de su vida cotidiana”, ha añadido.

Nada más llegar por segunda vez al poder, en enero de este año, Trump firmó una orden ejecutiva para revertir una práctica que se llevaba aplicando décadas. Articulada bajo el epígrafe Defensa de las mujeres ante el extremismo de la ideología de género y restaurando la verdad biológica en el Gobierno federal, la orden establece como política oficial de Estados Unidos el binarismo: “lo masculino y lo femenino”.

“Estos sexos no son intercambiables y están fundamentados en una realidad fundamental e incontrovertible”, recoge el texto. También describe la autodeterminación de género como una “afirmación falsa” que debe ser eliminada de todas las políticas federales. “La ideología de género reemplaza la categoría biológica de sexo con un concepto cambiante de identidad de género autoevaluada”, se detalla. La directiva obligaba a las agencias federales a eliminar toda referencia a la identidad de género; pasaportes, registros de la seguridad social u otros documentos de identificación oficiales deben reflejar el sexo asignado al nacer.

Enseguida surgieron demandas judiciales en la que personas afectadas argumentaban que esa orden ejecutiva los exponía al acoso y el maltrato: “Buscamos lo que millones de estadounidenses dan por sentado: pasaportes que nos permitan viajar sin temor a ser acosados y sufrir violencia”.

Así, mientras se resolvían esas demandas, la jueza federal Julia Kobick, del distrito de Boston, determinó en abril que la norma impulsada por Trump podría incurrir en discriminación y que se basaba en “un prejuicio irracional” contra las personas trans. Además, consideró que podría incurrir en una violación de los principios constitucionales estadounidenses y contravenir otra ley que regula las acciones de las agencias federales. Así, en junio Kobick bloqueó cautelarmente la aplicación de la orden ejecutiva de Trump.

“La ciudadanía no puede obligar al Gobierno a usar designaciones de sexo inexactas en documentos de identificación que no reflejan el sexo biológico de la persona, especialmente en documentos que son propiedad del Gobierno y constituyen un ejercicio del poder constitucional y legal del presidente para comunicarse con gobiernos extranjeros”, argumentaron los abogados del Departamento de Justicia contra la decisión de Kobick. La jueza rehusó revocar la medida cautelas que impuso. En septiembre, el Tribunal de Apelaciones ratificó a la jueza de Bostón.

Ante el bloque judicial, el Gobierno de Trump ha recurrido al Tribunal Supremo, que le ha dado la razón. Desde que llegó de nuevo a la Casa Blanca, la Administración del republicano ha acudido en reiteradas ocasiones al alto tribunal tras ver obstaculizadas sus intenciones por jueces de instancias inferiores. El Supremo, con una mayoría de jueces conservadores (seis de los nueve que lo conforman), se ha alineado con el Gobierno en casi todos los casos que ha revisado desde el regreso de Trump.