El Consejo Económico y Social alerta de contradicciones y falta de presupuesto en la futura ley de violencia vicaria

El Consejo Económico y Social (CES) ha publicado este miércoles su dictamen sobre el anteproyecto de ley de violencia vicaria, con una “valoración general positiva” pero advertencias sobre contradicciones en el texto y la falta de presupuesto asignado. Esta ley tipificará por primera vez como un delito específico la violencia ejercida por parejas o exparejas para “causar dolor o sufrimiento a las mujeres” sobre sus hijos, menores sujetos a su tutela, ascendientes, hermanos o cónyuge.

El análisis del CES no es vinculante, pero los comentarios de estos órganos consultivos suelen conllevar modificaciones en el proceso de tramitación parlamentaria, como el que se encuentra en este momento la normativa, cuyo anteproyecto ha sido aprobado por el Consejo de Ministros. La entidad destaca que se reconozca y sancione la violencia vicaria como “una manifestación específica y extrema de la violencia de género”, en la que el agresor utiliza a los hijos o a personas del círculo más cercano de la víctima como instrumentos para causarle daño.

El CES critica que “la complejidad y gradualidad de la violencia vicaria requeriría de un tratamiento integral que el texto no alcanza a proyectar”. Argumenta que, tal y como está redactado, “podría dejar fuera del alcance de las medidas de protección y derechos a determinadas víctimas contempladas en la definición de violencia vicaria, como ascendientes, hermanos o cónyuges”. El dictamen también advierte de “la falta de coherencia entre algunos apartados con la reforma propuesta”, y recomienda “armonizar” la redacción del texto.

La entidad lamenta que se va a necesitar un despliegue de recursos y se ha estimado un impacto presupuestario “nulo”. Afirma que la efectividad de las medidas que se contemplan, como el Plan de Sensibilización, la formación de los profesionales de la justicia o el refuerzo de los juzgados de violencia contra las mujeres, necesitarán de la movilización de recursos económicos. Advierte de que “estos fenómenos generan importantes costes económicos y sociales” y hace referencia a modelos internacionales como el Barnahus (casa de los niños en islandés), donde todos los departamentos que intervienen en un caso de abuso sexual infantil se coordinan y trabajan bajo el mismo techo para atender al niño en un entorno amigable lejos de comisarías y hospitales.

En otro comentario, el CES resalta que, al afectar áreas como la extranjería o la protección de españoles en el exterior, donde ya existen medidas específicas para violencia de género, la futura ley puede contravenir otras legislaciones. Recomienda pedir su opinión a especialistas sobre este punto.

Como fortaleza, el organismo destaca que “la norma viene a cubrir ciertas lagunas jurídicas”. Explica que, hasta ahora, la ausencia de una normativa había “obstaculizado” las medidas para afrontar este tipo de violencia y dado lugar “a respuestas desiguales en el ámbito judicial y administrativo, asentadas fundamentalmente en criterios jurisprudenciales”. El dictamen resalta la tipificación penal específica de estas conductas, la “circunscripción a los daños infligidos a personas cercanas a la víctima para maximizar el sufrimiento” y la propuesta de “un refuerzo en la formación de los profesionales de la justicia y la mejora de procedimientos para la defensa de las víctimas”.

El Ministerio de Igualdad llevó a fines de septiembre a tramitación parlamentaria el Anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria. El texto tipifica la violencia vicaria como delito específico en el Código Penal mediante un nuevo artículo 173 bis, con penas de prisión y prohibiciones adicionales. También incluye una nueva pena que impide a los condenados difundir contenidos relacionados con el delito. Además, introduce cambios en el Código Civil para que los menores sean escuchados de manera obligatoria en procesos de custodia y visitas, incorpora la perspectiva de género e infancia en la formación judicial.

El anteproyecto prevé una estadística específica de víctimas mortales por violencia de género que incluya estos casos y amplía la formación obligatoria en violencia vicaria para operadores judiciales, fuerzas de seguridad y personal forense.

Igualdad requirió el 16 de octubre que el CES emitiese un dictamen sobre el documento en el plazo de un mes. La solicitud fue trasladada a la Comisión de Trabajo sobre la realidad social y el trabajo de las mujeres en España, que se ha reunido en dos ocasiones para abordar su realización.