El Vaticano y la Iglesia española mantuvieron en el cargo al obispo de Cádiz pese a conocer la denuncia por pederastia desde hace cuatro meses

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos...

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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El Vaticano y la Iglesia española han mantenido durante cuatro meses en el cargo y en contacto con menores al obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, investigado canónicamente por abusos a un niño en los años noventa, cuando era sacerdote y dirigía el seminario de Getafe, en Madrid. El caso, ya prescrito en la justicia penal, llegó a comienzos de este verano a la Santa Sede, cuando la víctima envió una denuncia por correo al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que dio credibilidad a los hechos y ordenó abrir una investigación. En ese momento, según los canonistas consultados y ante la gravedad del caso, tratándose de un obispo, se podían haber tomado ya medidas cautelares, como apartarlo de su cargo. También pudo hacerse después, cuando la investigación ya se comenzó a instruir en España. Pero no se hizo, y la crisis que ha estallado con este caso supone una primera prueba para León XIV a la hora de averiguar su actitud ante el escándalo de la pederastia en la Iglesia española, al que Francisco nunca quiso enfrentarse.

Precisamente, una de las principales recomendaciones de la Comisión Pontificia de Menores de la Santa Sede en su último informe, presentado el mes pasado, fue agilizar la destitución de los sacerdotes implicados en casos de abuso. La entidad destacó “la importancia de un protocolo simplificado para la dimisión o destitución de los líderes o el personal de la Iglesia en casos de abuso o negligencia”.

Tras conocerse el caso este lunes, tras una investigación de EL PAÍS, Zornoza ha negado las acusaciones y ha suspendido su agenda “para el esclarecimiento de los hechos” y para tratarse de un cáncer que ha anunciado —por primera vez— que padece. Pero nada le prohíbe estar en contacto con menores y la Conferencia Episcopal Española (CEE) tampoco le ha removido de sus cargos en la institución.

En el blog del obispo, donde comenta el Evangelio, la casualidad quiso que la lectura de este lunes fuera el pasaje de Lucas donde Jesús dice a sus discípulos que quien escandaliza a los más pequeños “más le vale que le pongan al cuello una piedra de molino y sea arrojado al mar”. El comentario de Zornoza fue: “Una llamada a la valentía y a la responsabilidad hacia los demás, sobre todo hacia el más débil, y hacia el que yerra. (...) Hay tantos hombres y mujeres que acaban avasallados, ninguneados, derribados, en una sociedad herida y egoísta…. ¿Y qué le debemos al que yerra? El perdón, que no implica mentira, sino amor en la verdad”.

La Iglesia católica tenía una solución fácil para que Zornoza abandonara su cargo. Tiene 76 años y al cumplir los 75 ya presentó su renuncia al Papa, como establecen las normas canónicas. Normalmente, el Pontífice suele dejar una prórroga de unos años, pero en este caso, tras conocer la denuncia, se podía haber aceptado para actuar con celeridad ante las acusaciones. Precisamente porque, como indica el artículo 1722 del código canónico, las medidas cautelares son “para evitar escándalos, defender la libertad de los testigos y garantizar el curso de la justicia”.

Sin embargo, ni Doctrina de la Fe ni el Dicasterio de los Obispos, al que se debe comunicar automáticamente una denuncia de este tipo, ordenaron apartarlo. De nuevo, como ocurría con Francisco, la maquinaria vaticana y las diócesis de cada país funcionan por su cuenta, no siempre en sintonía con el Papa. Tampoco actuó el arzobispado de Sevilla, a quien el Vaticano encargó instruir la investigación el pasado mes de julio al ser la sede metropolitana de la que depende la diócesis de Cádiz. En Sevilla, confirman fuentes de la archidiócesis, “se decidió enviar el caso al Tribunal de la Rota”. Remitir un expediente a este organismo, dependiente de la Nunciatura ―la embajada de la Santa Sede en España―, es una opción con la que cuentan las diócesis si prefieren no ocuparse de una denuncia compleja. Esta institución, que instruye ahora la investigación preliminar, tampoco ha apartado a Zornoza de sus funciones.

La Sala de Prensa del Vaticano, consultada al respecto, explica que no se han tomado medidas cautelares a la espera de la valoración de la investigación preliminar iniciada, y será luego cuando se decida si se aplican. “No siempre se hace, no es automático, se valora caso por caso”, explica un portavoz.

En la Conferencia Episcopal Española (CEE), Zornoza es miembro de la Comisión Episcopal para las Misiones y la Cooperación con las Iglesias. La CEE ha confirmado a EL PAÍS que el obispo de Cádiz y Ceuta sigue desempeñado ese puesto en la comisión y que no tiene autoridad para apartarlo, sino que debe ser el Tribunal de la Rota el que se lo solicite. El presidente de los obispos, Luis Argüello, subrayó este lunes que la conferencia no tiene autoridad jurídico-canónica sobre los obispos, sino que es la Santa Sede quien la tiene: “No nos corresponde a nosotros”.

La situación de Zornoza en la CEE contrasta con un precedente muy reciente: en otro caso conocido la semana pasada el sacerdote acusado fue apartado en dos meses, pero con el obispo de Cádiz han pasado cuatro y sigue en su puesto. La CEE apartó al director de la pastoral penitenciaria, el jesuita José Antonio García Quintana, después de que su congregación recibiera una denuncia de pederastia contra él el pasado mes de julio. “En este caso, fue la Compañía la que instó a tomar esa medida”, dice un portavoz de la CEE.

En este caso, los jesuitas tuvieron conocimiento de la acusación en julio y, tras realizar “las primeras verificaciones internas” y recabar un testimonio verosímil, en septiembre apartaron al sacerdote, comunicaron el caso a la Fiscalía e informaron a la CEE, que le relevó de sus cargos.

La gravedad de las acusaciones en la confesión

Los expertos consultados subrayan otro aspecto de la denuncia, además de las acusaciones de abusos, que canónicamente también es grave: el uso del sacramento de la confesión. En la denuncia, la víctima asegura que se confesaba con Zornoza y era otro momento de “manipulación y control”. El denunciante señala que en la confesión tenía un gran sentimiento de culpa “y él me hacía ver que yo no era capaz de amar ni entender una amistad”. “Tras confesarme de mis actos homosexuales yo me iba a la cama y a los pocos minutos él se metía en mi cama y me acariciaba”, afirma.

En este sentido, el artículo 1385 del código canónico señala: “El sacerdote que, durante la confesión, o con ocasión o pretexto de ella, solicita al penitente a un pecado contra el sexto mandamiento del Decálogo, debe ser castigado, según la gravedad del delito, con suspensión, prohibiciones o privaciones; y, en los casos más graves, debe ser expulsado del estado clerical”. También se menciona en el artículo 4.4 de las Normas sobre los delitos más graves reservados a Doctrina de la Fe, donde especifica que entre ellos está “la solicitación a un pecado contra el sexto mandamiento del Decálogo durante la confesión o con ocasión o pretexto de ella (…), si tal solicitación se dirige a pecar con el mismo confesor”.

En los últimos cuatro meses, desde los que el Vaticano ordenó la apertura de la investigación, Zornoza ha seguido en contacto con menores. La última vez ha sido este viernes, en un santuario gaditano de los salesianos en la que el prelado ha confirmado a 18 jóvenes. Así aparece en fotografías en las redes sociales como Instagram, en las que el obispo está rodeado de los menores o imponiendo el sacramento en su frente. En su perfil de X (antes Twitter), el acusado también ha ido posteando imágenes de algunos encuentros y celebraciones religiosas con jóvenes.