Los centros de menores tutelados deberán ser más pequeños y con un máximo de dos plazas por habitación

El Ministerio de Juventud e Infancia quiere que los centros de menores, donde viven niños y adolescentes tutelados por la Administración, sean lo más parecido posible a un hogar. En un real decreto que presentará la semana que viene a las comunidades autónomas establece unos estándares mínimos que deberán cumplir estas residencias. Actualmente, no existe algo parecido y cada autonomía (competentes en la materia) tiene su propio modelo. El departamento que dirige Sira Rego exigirá un máximo de 10 plazas por centro, que podrán subir como mucho a 15 en el caso de que esto no sea posible. El texto dispone que las habitaciones serán como máximo de dos plazas, y con camas individuales, y plantea que las residencias estén próximas a servicios como centros educativos, sanitarios y de ocio, así como cerca de zonas verdes.

El ministerio está comenzando con los trámites para poder aprobar el real decreto. Además de presentarlo a las comunidades autónomas el próximo viernes en una reunión técnica —antes de que se celebre la conferencia sectorial del ramo, previsiblemente también este mes—, el texto deberá pasar por una fase de audiencia pública antes de llegar al Consejo de Ministros. Las comunidades autónomas no tienen que votar el texto, pero según fuentes del departamento de Rego, sí esperan sus contribuciones y la voluntad es colaborar con ellas.

En el texto, adelantado por la Cadena Ser y a cuyas líneas principales ha accedido EL PAÍS, se promulga la reunificación familiar (es decir, del menor con su familia biológica, cuando esto sea posible) y se recalca que debe prevalecer el acogimiento familiar sobre el residencial cuando sea posible, por lo que las comunidades autónomas deberán garantizar que se asignan recursos para promocionar el acogimiento familiar y atender a estos hogares. A 31 de diciembre de 2023, los últimos datos disponibles, había 18.097 menores tutelados por la Administración viviendo con familias de acogida. Otros 17.112 residían en centros.

Pero, además de promover el acogimiento familiar, también se debe trabajar por mejorar las residencias de menores. De ahí que el objetivo sea transitar desde un sistema en el cual se generan plazas a demanda a otro en el que existan de forma estructural recursos estables. En concreto, se prevé que las autonomías dispongan de una plaza residencial por cada 2.250 habitantes. Deben ser lugares seguros, saludables, accesibles, confortables y acogedores.

La norma establece que los centros deben estar ubicados en zonas salubres y, preferiblemente, próximos a servicios comunitarios y a zonas verdes. Además de tener, como mucho, dormitorios con capacidad máxima de dos plazas con camas individuales, cada plaza debe contar con, al menos, cinco metros cuadrados. Las residencias estarán obligadas a tener salas independientes de descanso y esparcimiento, salas específicas de estudio y, siempre que sea posible, zonas verdes.

Pero el real decreto no solo entra en la estructura de los centros. También en el personal y en su formación. Quien dirija la residencia deberá estar formado en intervención social o psicoeducativa, y cada centro contará con alguien formado en educación social por cada cuatro menores residentes. Además, habrá una persona con formación en psicología infanto-juvenil o psicología y especializada en derechos humanos y derechos de la infancia. Como mínimo, en cada turno habrá dos personas trabajadoras, incluso cuando el número de chicos en el centro sea inferior a cuatro.

En 2024 había en España 1.375 centros de protección de menores en España, con un tamaño medio de 13,9 plazas por centro, según un estudio realizado por la Cátedra de Derechos del Niño de la Universidad Pontificia Comillas y la Asociación Nuevo Futuro. Aunque en comunidades como Madrid (18,6) y Cataluña (17,9) la cifra es bastante mayor. Así que hay trabajo por delante para cumplir los estándares planteados por el departamento de Rego.

En 2022, las comunidades autónomas ya alcanzaron un acuerdo con el Ministerio de Derechos Sociales (en la legislatura anterior no existía un ministerio específico en materia de infancia) que antes de 2031 el número medio de plazas debía ser de 15 en todas las autonomías y que las residencias con más de 30 deberían ir transformándose progresivamente, cerrándose o sectorizándose. También se acordó que para 2026 ningún niño tutelado viva en centros. Según los últimos datos oficiales disponibles, de diciembre de 2023, entonces aún quedaban 594 niños de hasta tres años viviendo en residencias.

Además de establecer condiciones mínimas en los centros, el real decreto también obligará a las comunidades a establecer unas condiciones mínimas de habilitación e inspección. Y las autonomías deberán trasladar al ministerio un informe con los resultados de la inspección en relación a los indicadores mínimos de calidad que se fijan en el texto.

Además, se establece que deberá proporcionarse una alimentación saludable y nutritiva, que permita a los niños y adolescentes llevar una dieta equilibrada y variada. Y se facilitará a los menores recursos económicos para gastos de uso personal conforme a la edad y material para que desarrollen las actividades en las que participen. Del mismo modo, se garantizará la escolarización y la formación de los menores, así como se promoverá la educación en uso seguro de nuevas tecnologías y prevención de adicciones y formación afectivo sexual.

Asimismo, las comunidades promoverán el desarrollo de programas formativos de apoyo familiar y crianza dirigidos a las familias de origen. Estos se ejecutarán durante el proceso de reintegración familiar, cuando este pueda llevarse a cabo porque sea lo mejor para el interés superior del menor, para garantizar un retorno seguro y respetuoso.

La norma también apunta a los programas de preparación para la vida independiente, que deberán contar con un número suficiente de plazas. Actualmente una de las quejas de las entidades especializadas es que estos programas son insuficientes y que hay chicos que se quedan fuera.