Los técnicos de Cometa sobre los dispositivos antimaltrato: “La baja calidad del material ha derivado en problemas críticos”

“Aunque se introdujo un nuevo set de dispositivos prometiendo mejoras, la baja calidad del material adquirido ha derivado en problemas críticos tanto para las víctimas como para los sancionados”. Este es parte de un documento en el que, muy condensado, está parte del contenido de un informe que cinco trabajadores de Cometa ―el de seguimiento de las llamadas pulseras antimaltrato― redactaron y uno de ellos envió en octubre de 2024 a dos de las responsables del centro: a Rosa María Casafús, que continúa en su puesto, y a María Inmaculada Aguirre, que se marchó la pasada primavera y de la que un extécnico del centro dice que “era la persona mejor formada en violencia de género ahí, de largo”.

El informe tuvo cuatro apartados que explicaban los problemas en la sala de control (como “gestión apresurada y poco prudente”), en el trabajo de los técnicos de campo (con apartados como “averías tras mantenimientos e instalaciones”), y en el propio sistema (con puntos como “expulsiones constantes del sistema” o “instalación fallida”), además de un apartado de conclusiones. Y es una versión larga del documento, más escueto, en el que explicaron detalladamente cuáles eran esos “problemas críticos”: desde la posibilidad de los agresores de quitarse la pulsera sin que salte ninguna alarma, la “imprecisión geográfica”, o alguna cuestión que, según redactaron, incluso “contraviene” cláusulas del pliego de concesión del contrato. Son, además, cuestiones que aseguran “se habían trasladado repetidamente a las responsables, a diario y en reuniones, y en correos electrónicos”.

Casafús, preguntada por teléfono sobre el envío de ese documento, contesta que “hay informes incluso que se enviaron a Delegación [del Gobierno contra la Violencia de Género]”, y declina seguir dando ninguna otra declaración; Aguirre, también contactada, a fecha de cierre de este texto no había respondido.

Cuando lo enviaron, hacía algo más de medio año que Cometa trabajaba ya con la nueva adjudicataria, una UTE (unión temporal de empresas) entre Vodafone y Securitas que sustituyó a Telefónica y Securitas Direct ―que venían prestando el servicio desde 2009, cuando se activaron las primeras pulseras― y con la que diversas personas del centro así como víctimas aseguran que ha empeorado un trabajo del que actualmente dependen la vida y la seguridad de 4.515 mujeres.

Los problemas con los dispositivos que han ido emergiendo estos últimos días lo han hecho después de que esta pasada semana se conociera que un error en el traspaso de información de una a otra adjudicataria provocara un vacío de datos sobre los movimientos de los agresores antes del 20 de marzo de 2024, lo que hizo que un número indeterminado de víctimas ―ninguna institución ha querido concretar cuántas― no pudieran demostrar en sus juicios por quebrantamiento de condenas que sus agresores se la habían saltado, provocando fallos y absoluciones de las que también se desconoce la cifra exacta.

Esta es una de las cuestiones que los trabajadores del centro incluyen en el documento: “Perjuicio legal: las víctimas están perdiendo juicios por errores en la geoposición”.

Problemas de geoposicionamiento

Los problemas de geoposicionamiento se tratan en el primer apartado de ese análisis: “El GPS, elemento esencial para asegurar el cumplimiento de las órdenes de alejamiento, presenta múltiples errores, clasificados en tres categorías”.

Una, los “saltos de posición”, donde explican que “los fallos en el GPS provocan cambios bruscos en la localización”. Otra, la “imprecisión geográfica”, en la que escriben que “internamente se considera que la geoposición es correcta si el margen de precisión es igual o inferior a 450 metros”, pero que eso contrasta con la distancia a la que se ponen “la mayoría de las órdenes de alejamiento, 500 metros”.

Y por último, la “posición congelada”, por la que dicen que “la ubicación de los usuarios puede quedar congelada durante horas, incluso días, impidiendo el rastreo de movimientos”. Añaden cómo “se restaura” esa posición: “Naturalmente, mediante un reinicio forzado (opción no permitida según pliego) o con asistencia técnica (no suele ocurrir en menos de 24 horas)”.

Según el documento, “estos errores provocan que se envíen, de forma constante, informes a juzgados y cuerpos de seguridad con localizaciones erróneas. Además, se reciben llamadas de víctimas indicando que han visto a su agresor sin que haya señal de ello en nuestro sistema, impidiendo la posibilidad de pasar aviso para solicitar protección a las fuerzas y cuerpos de seguridad [del Estado]”.

En el pliego, entre las características que tienen que tener los dispositivos, se fija la “inviolabilidad, de modo que el dispositivo o los dispositivos electrónicos esté/n dotado/s de los mecanismos de seguridad necesarios para prevenir, detectar y transmitir al centro de control datos de cualquier intento de defraudar o falsificar su funcionamiento”, pero esto, dice ese documento, tampoco se cumple.

Manipulación de dispositivos

En el apartado de “manipulación de dispositivos”, se incluye que “los agresores pueden apagar su dispositivo, lo que provoca que Sala Cometa pierda la geoposición”, y que pueden también manipular la pulsera.

“Una vez apagado el dispositivo móvil, los agresores pueden quitarse la pulsera. Al volver a encender el dispositivo, no se activará señal de manipulación de pulsera. De forma que los usuarios pueden alejarse del dispositivo, y falsear así su posición, sin que Sala Cometa tenga conocimiento. Esto contraviene el principio de inviolabilidad estipulado en el pliego”.

Hay también “inadecuaciones técnicas”, como la incapacidad de sumergir los brazaletes: “Contrario a lo especificado en el pliego [que estipula que el dispositivo debe ser “hipoalergénico y resistente al agua” si va a estar en contacto directo con la piel], los brazaletes no resisten la inmersión en agua, generando señales de manipulación que confunden a las víctimas (esta señal es la misma que se activa cuando un inculpado corta su pulsera intencionadamente)”.

Quitarse la pulsera es algo que, más allá de los documentos, varias personas cercanas a Cometa han explicado a este diario que puede hacerse de forma más fácil con los nuevos dispositivos, que se colocan en la mano y no en el tobillo, donde era más complejo poder retirarlo sin que salte la alerta al centro.

Escasez de material y fallos técnicos

Los últimos tres apartados de fallos son las “desvinculaciones por errores en las bases de datos”, donde explican que “es frecuente que un usuario o usuaria sufra una desvinculación de su dispositivo por errores en la comunicación entre las bases de datos” y a su vez “esto provoca que, sin tener conocimiento de ello, Sala Cometa pierda la posición de estos usuarios, quedando la víctima desprotegida”.

Luego está “la escasez de material”, que “provoca retrasos en instalaciones y mantenimientos”, y señalan que la “dirección ha optado por reutilizar materiales sin el debido proceso de verificación y reacondicionamiento, lo que genera fallos a las pocas horas o días de haber entregado un nuevo dispositivo”; y que son “los propios trabajadores de Sala Cometa quienes preguntan a los técnicos de campo [quienes están en la calle poniendo y retirando dispositivos o arreglándolos] ‘cómo ven el material’ y en función de la respuesta se cataloga como ‘reutilizable’ o no, evitando con ello su paso por un almacén, lo que además impide tener un control de stock certero”.

Y por último, algo que repercute directamente sobre las víctimas que no hablan español y que tienen por tanto, de base, mayores problemas a la hora de pasar por todos los procesos que implica ser víctima de violencia machista. “Aunque se cuenta con una IA de traducción, su eficacia es limitada, especialmente en situaciones de estrés, dificultando la comunicación tanto con víctimas como con agresores, lo que ralentiza la gestión y reduce la calidad del servicio”, dice el documento.

Las “consecuencias”

Todo ello tiene “consecuencias”, como el “número creciente de víctimas que rechaza los dispositivos o los apaga voluntariamente, incluso con la medida de protección activa”. “Actualmente”, escribieron en aquella fecha, “varios cientos de dispositivos se encuentran apagados, ya sea por decisión de las víctimas, quienes prefieren no llevarlos, o debido a fallos”.

“Los problemas derivados de esta situación tienen efectos negativos en la salud mental de las víctimas”, que “viven una revictimización diaria como consecuencia de los avisos constantes que emite el dispositivo”, apunta el documento, que ahonda en que “muchos usuarios, especialmente aquellos que utilizaban dispositivos anteriores, manifiestan repetidamente su descontento. La frecuencia de los errores ha mermado la confianza en el sistema, debilitando su efecto disuasorio”.

Lo que ha llevado, también, a “una pérdida de credibilidad […] un deterioro en la confianza de cuerpos de seguridad y juzgados, que cada vez solicitan menos informes, instalan menos dispositivos y ordenan más retiradas. Juzgados y FCS [Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado] han llegado a señalar la baja efectividad del sistema, llegando en ocasiones a dar la razón a los agresores por los constantes fallos registrados”.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.