Claves | Pacto de Estado contra la Violencia de Género: más protección a los menores y coordinación entre instituciones

El día que nació el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, el 28 de septiembre de 2017, la ultraderecha no ocupaba aún escaños, el feminismo estaba en plena explosión, no se había extendido el negacionismo de la violencia machista ni existía la contrarreacción en bloque a los enormes pasos que el movimiento de las mujeres estaba dando. Por eso y por todo el contexto social, global, que envuelve a la renovación de ese pacto este miércoles, quizás lo más importante, lo más esencial de e...

El día que nació el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, el 28 de septiembre de 2017, la ultraderecha no ocupaba aún escaños, el feminismo estaba en plena explosión, no se había extendido el negacionismo de la violencia machista ni existía la contrarreacción en bloque a los enormes pasos que el movimiento de las mujeres estaba dando. Por eso y por todo el contexto social, global, que envuelve a la renovación de ese pacto este miércoles, quizás lo más importante, lo más esencial de ese nuevo documento con 462 medidas, sea el consenso.

En 2017 se aprobaron 213 puntos con 278 votos a favor y 65 abstenciones, la de los diputados y diputadas de Unidos Podemos y algunos del Grupo Mixto, que no es que no estuviesen de acuerdo con hacer frente a la violencia desde las instituciones, sino que exigían más a ese documento. Este miércoles, el nuevo Pacto se someterá a la votación del Pleno y, en principio, las únicas negativas serán las de los 33 escaños pertenecientes a la ultraderecha, que se opone de forma “frontal” a este acuerdo, en palabras de su portavoz, Rocío Aguirre Gil de Biedma, durante la última sesión de la Comisión en la que se fijó el texto final.

Aquí, algunas de las medidas clave del nuevo texto del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Violencia vicaria

Aunque ya el término está incluido en la Ley contra la Violencia de Género de 2004 y fue ampliado a través de la Ley de Libertad Sexual, proponen incluir como víctimas de violencia de género a aquellos menores que son víctimas de violencia vicaria tras la ruptura de la convivencia familiar, con ocasión de los regímenes de visitas; también la garantía de “formación especializada, inicial y continua” para todos los profesionales que tengan un contacto habitual con los niños y adolescentes víctimas; o la facilitación de la denuncia en sede policial a los menores, “adaptando” los servicios, las dependencias, al personal y la metodología con la que recogen sus testimonios.

Protección de los menores

También relacionado con niños, niñas y adolescentes, los grupos políticos proponen “perfeccionar los sistemas de valoración del riesgo de la violencia de género para adaptarse a las víctimas menores de edad”, por ejemplo, creando indicadores específicos sobre la violencia vicaria, que pueden ser, entre otras, “la existencia de denuncias previas de violencia contra la madre, la intervención anterior de los servicios sociales en situaciones de conflicto familiar, el alcoholismo o la drogadicción del padre, las incidencias previas en el cumplimiento del régimen de visitas, el carácter violento del padre en caso de que existan denuncias por agresiones del padre a terceros o el uso o posesión de armas”.

Protección de las mujeres víctimas

En los últimos años, el análisis pormenorizado de los asesinatos por violencia machista ha dejado ver algunas grietas en el sistema. Así, el Pacto recoge cuestiones muy concretas frente a esto, por ejemplo, extender la prohibición de tener armas “no sólo al delito de lesiones como hasta ahora, sino también a las coacciones o amenazas”; que haya “consecuencias” cuando las órdenes de alejamiento se incumplan repetidamente, “como el uso de los instrumentos de vigilancia electrónica”; o “protocolos de actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado respecto a las medidas de investigación y protección policial sin denuncia de la víctima”, e incluso cuando no haya orden de protección para poder proteger a la mujer “o vigilar al presunto agresor cuando ven indicios de violencia de género”.

Violencia económica

Esta forma de violencia también aparece ya en la ley de 2004 ―incluida a través de la ley del solo sí es sí―, pero ahora, lo que los grupos piden es reconocer, regular y definirla en el derecho de esta forma: “Acción de limitar, suprimir o controlar, de manera injustificada e intencionada, el acceso de las mujeres a los recursos económicos de la familia, de la pareja o propios, así como de reducir o anular su capacidad económica presente o futura para mantenerse a sí mismas, a sus hijas e hijos, o para continuar con sus hábitos anteriores”.

Ley contra la trata

Aparentemente paralizada después de que se recuperara del cajón en el que estaba el 8 de marzo del pasado año, una de las medidas del Pacto es la “aprobación de la Ley Orgánica integral contra la trata y la explotación de seres humanos”, con “mecanismos adecuados para la prevención, el refuerzo de la persecución de oficio del delito” y con todas las herramientas necesarias para la recuperación de las víctimas y las “alternativas económicas, laborales y sociales” que requieran.

También respecto a las víctimas de trata y explotación sexual proponen “modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para extender la prueba preconstituida” a estas mujeres; es decir, que graben su primera declaración con todas las garantías para que sirva a lo largo del proceso y no tengan que volver a testificar.

Violencia digital

En este ámbito el Pacto incide también en los menores, uno de los grupos etarios donde más está creciendo la violencia machista, tanto en víctimas como en perpetradores.

Proponen, por ejemplo, que se apruebe la ley de protección de los menores en los entornos digitales; que se exija “el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual a cualquier persona que vaya a acceder a profesiones, oficios o actividades que impliquen contacto habitual con personas menores de edad, aun cuando esta actividad se desarrolle de manera íntegramente online”; o que se sancione a “quienes, sin autorización de la persona afectada y con ánimo de menoscabar su integridad moral, difundan, exhiban o cedan su imagen corporal o audio de voz generada, modificada o recreada mediante sistemas automatizados, softwares, algoritmos, inteligencia artificial o cualquier otra tecnología, de modo que parezca real, simulando situaciones de contenido sexual o gravemente vejatorias (deep fakes)“.

La coordinación

La coordinación y la comunicación entre las distintas instituciones es algo que el Pacto recoge de forma profusa y algo en lo que en las sesiones de trabajo, por parte de las expertas que participaron y también de los grupos políticos, se insistió. Está en la medida sobre la revisión de “los protocolos judiciales con el fin de que los Juzgados comuniquen a los puntos de coordinación de las órdenes de protección u órganos con funciones similares” todos los movimientos que haya en torno a un caso, como los autos de sobreseimientos provisionales, las sentencias absolutorias y las sentencias de modificación de medidas.

O también en el punto que alude a “avanzar en la interoperabilidad de los sistemas para que siempre que exista un procedimiento de violencia de género se lleve a cabo una anotación en el Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia”, es decir, que a ese sistema central del Ministerio de Justicia, entre toda la información necesaria para que no haya desconocimiento por parte de ninguna administración de un caso de violencia de género.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.