La falta de personal centra el fin del juicio contra la residencia de Alcoi con 74 muertos en pandemia
La demanda civil pide 2,3 millones de responsabilidad a Quavitae, matriz de Domus Vi, que asegura cumplir con el ratio de trabajadores y niega la desorganización
La falta de personal, la desorganización, los problemas de higiene y la escasa precaución son las principales causas que explican la mortandad “masiva” en la residencia DomusVi, de Alcoi, en la que murieron 74 mayores en los dos primeros meses de la pandemia de coronavirus, según la abogada de los 46 allegados de 18 fallecidos que han demandado a la empresa. Es la principal conclusión de la parte demandante que pide 2,3 millones de euros de responsabilidad civil al conglomerado internacional Quavitae (matriz de DomusVi). La letrada de la parte demandada ha defendido la actuación de la dirección de la residencia, de titularidad pública y gestión privada, en un momento “catastrófico” de “pandemia mundial” y ha asegurado que se cumplían los ratios de personal establecidos por la consejería de Sanidad.
Poco antes de las 14 horas de este jueves, el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Alcoy ha dejado visto para sentencia el juicio. En DomusVi Alcoy fallecieron 74 de los 138 mayores internos (el 52,9%). Para la abogada de los familiares, la prevención y precaución durante el inicio de la pandemia en DomusVi Alcoy “fue negligente, se mire como se mire”, debido a “la falta del deber de cuidado”, ya que “se priorizaba la economía de la empresa sobre el bienestar” del mayor.
Esta política “desató la gran cantidad de contagios” y causó “el fallecimiento prematuro aunque se intente trasladar que (los mayores internos) iban a morir igual”. A la escasez de médicos y gerocultores se añadió que no se ejecutó el protocolo contra la propagación del virus con medidas como “la sectorización del centro” para separar a los internos en función de los síntomas.
“Todos los residentes comían en la misma sala”, ha puesto como ejemplo la abogada de los allegados, quien también ha apuntado que el protocolo establecía 60 horas semanales de atención médica cuando en realidad eran de 30, y solo se reforzó a última hora a 40. La letrada ha argumentado que la gestión de otra residencia cercana de DomusVi, en la población también alicantina de Cocentaina, fue distinta y allí no hubo fallecido alguno por la covid-19 durante el mismo periodo, y también han lamentado especialmente la falta de información a los familiares, que aguardaban fuera del centro, lo que creó un intenso clima de “angustia y desconfianza”.
“Se confiaron”, ha recalcado la letrada de las familias en referencia a DomusVi Alcoy, “no se lo tomaron en serio y cuando quisieron (reaccionar) era demasiado tarde, con una tasa de mortalidad masiva”.
Por su parte, la abogada de la residencia ha asegurado que la acusación de “negligencia no tiene ninguna base” y que es “ofensivo e insultante” que “se atribuya el caos a no gastar” por parte de la dirección. Tras considerar “irrelevantes” las quejas por falta de personal o las situaciones denunciadas por los allegados en los meses anteriores a la pandemia, como varios brotes de gastroenteritis a partir de 2018, esta letrada ha sostenido que no ha habido incumplimiento de ratios en la plantilla, lo que se demuestra en el testimonio de tres familiares, que en el juicio han dicho que “no tenían queja del personal”.
Además, ha explicado que en el primer momento de la covid-19 era difícil “sectorizar” a los mayores y que era “ineficaz porque seguían entrando familiares y empleados, que no tenían restricciones fuera”, y ha añadido que cuando comenzaron los primeros fallecidos, el 16 de marzo de 2020, las autoridades sanitarias únicamente recomendaban jabón y gel hidroalcohólico contra los contagios y que no fue hasta el día 19 cuando se emitió una norma de sectorización.
También ha afeado a varias de las familias de personarse en la reclamación económica pese a no haber “visitado en años” a sus parientes en DomusVi Alcoy, un argumento que ha compartido y ha citado la representante de la aseguradora Mapfre (también demandada). Esta ha defendido “la no cobertura en este siniestro” por 2,3 millones de euros, una cifra que ve “escandalosa y ofensiva”, y ha continuado que no se ha demostrado “ni una sola negligencia o mala praxis” ni “causalidad” en cuanto a la alta mortalidad, y también ha reiterado que “DomusVi ha seguido todos los protocolos y recomendaciones sanitarias, incluso anticipándose, actuando con absoluta diligencia”.