Una jueza ordena el desalojo de un local de la Iglesia en Gipuzkoa tras un año de ocupación ilegal

Una decena de jóvenes irrumpió el pasado domingo 21 de enero en la iglesia de la Natividad de Zestoa (Gipuzkoa) con la cara cubierta por máscaras blancas y camuflados con buzos blancos. Era misa mayor. Habría medio centenar de feligreses siguiendo el oficio religioso, y quedaron atónitos ante semejante irreverencia. Los jóvenes accedieron hasta el altar, profiriendo gritos y lanzaron pasquines y billetes de dinero falsos al suelo. Se pusieron de cara al público con una pancarta que decía en euskera: “Iglesia avariciosa, especuladora. ¡Parad el desalojo del local de jóvenes!”. Estaban protestan...

Una decena de jóvenes irrumpió el pasado domingo 21 de enero en la iglesia de la Natividad de Zestoa (Gipuzkoa) con la cara cubierta por máscaras blancas y camuflados con buzos blancos. Era misa mayor. Habría medio centenar de feligreses siguiendo el oficio religioso, y quedaron atónitos ante semejante irreverencia. Los jóvenes accedieron hasta el altar, profiriendo gritos y lanzaron pasquines y billetes de dinero falsos al suelo. Se pusieron de cara al público con una pancarta que decía en euskera: “Iglesia avariciosa, especuladora. ¡Parad el desalojo del local de jóvenes!”. Estaban protestando contra el juicio que se iba a celebrar días después contra dos jóvenes del municipio por ocupar sin permiso un edificio eclesial y transformarlo en un gaztetxe (local juvenil). Una jueza ha ordenado este viernes el “desalojo inmediato” del local parroquial y condena a los jóvenes a la entrega del inmueble “bajo apercibimiento de proceder en otro caso a su lanzamiento”.

El origen del conflicto se remonta al 20 de febrero de 2023. Ese día, un grupo de miembros de la Gazte Asanblada (Asamblea Juvenil) de Zestoa (3.725 habitantes) ocupó el edificio Elizondo, propiedad de la Iglesia, donde establecieron su sede para organizar “actos sociales y culturales”. La Diócesis de San Sebastián denunció los hechos y la Ertzaintza identificó a algunos de los ocupantes. Estos adujeron que los locales parroquiales estaban “abandonados” y en un mal estado de conservación, según declararon Amaia Gartzia y Enetz Izeta en una entrevista al medio local Hitza para justificar el asalto.

“Ocuparon la casa Elizondo reventando las cerraduras y cambiándolas por otras, ocupando abusivamente una propiedad privada. Desde febrero de 2023 se mantienen en el lugar, lo que supone un delito y un abuso flagrante contra una propiedad en uso”, asegura el Obispado. La institución que dirige el obispo Fernando Prado inició un procedimiento judicial para el desalojo de sus locales, donde, según un portavoz de la institución eclesial, se solían celebrar “reuniones de catequesis y diferentes actividades y reuniones de la parroquia” antes de su ocupación.

Mientras el proceso judicial seguía su curso, los jóvenes han venido organizado varias movilizaciones para exigir al Obispado que les ceda el edificio ocupado y en las últimas semanas han activado una campaña de apostasía. Se personaron frente a la Catedral del Buen Pastor, en San Sebastián y unas 60 personas entraron al templo a voz en grito y lanzando pasquines en el altar. Todo fue fotografiado para difundirlo después por las redes sociales, en páginas asociadas al movimiento de la izquierda abertzale Gazte Koordinadora Sozialista (GKS), crítico con Sortu y EH Bildu.

El Ayuntamiento de Zestoa, gobernado por EH Bildu, calificó de “ilegítima” la irrupción de los jóvenes en plena misa este pasado domingo. En un comunicado, el consistorio manifestó que la construcción de una sociedad justa “se basa en el respeto entre las diferentes religiones y expresiones ideológicas”, por lo que no está justificado vulnerar “radicalmente” el derecho de los ciudadanos a la libertad religiosa. Pero en el mismo escrito, el equipo dirigido por el alcalde Mikel Arregi se mostró crítico con la Iglesia, a la que censuró que “haya acumulado históricamente bienes que deberían ser patrimonio público”. Y pedía al Obispado que accediera a negociar con los jóvenes el uso de los locales que estaban ocupados por estos.

La Diócesis donostiarra no ha cambiado su posición ante lo que considera una “ocupación abusiva y violenta” del edifico parroquial y ha venido solicitando reiteradamente a la alcaldía que cumpla con “su deber de hacer respetar las propiedades de la comunidad cristiana”. La Asamblea Juvenil sostiene que es víctima de una “campaña de criminalización” por parte del Obispado, los partidos políticos y los medios de comunicación. Alrededor de un centenar de simpatizantes de la Asamblea Juvenil se concrentraron este miércoles ante los juzgados de Azpeitia, donde se celebró la vista oral contra dos jóvenes a los que se les acusa de un delito de usurpación por la ocupación de los locales parroquiales.

Hiart Alberdi, en nombre del grupo de jóvenes, afirmó que la entrada a la misa en Zestoa fue una acción de protesta contra el desalojo, pero que no iba en contra de la comunidad cristiana. Acusó a la Iglesia de especular con sus bienes y también arremetió contra el alcalde de EH Bildu, al que acusó de presentarse como “intermediario” en este conflicto para “blanquear su actuación”, además de reprocharle que había dado su palabra de que iba a conseguir que el local parroquial iba a ser entregado a los jóvenes.

El Obispado ha mantenido viva su demanda contra los jóvenes ocupantes, dos de los cuales tuvieron que prestar testimonio ante el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Azpeitia por estos hechos. En una sentencia fechada este jueves, la jueza estima íntegramente la demanda del Obispado y considera acreditado “el derecho a poseer” este inmueble por parte de la parroquia. La titular del juzgado resuelve que este espacio fue “ocupado” por jóvenes sin que exista “ningún título” que les hubiera habilitado, “al no haberse alcanzado ningún acuerdo” para ello con la Iglesia “ni tampoco con el Ayuntamiento de Zestoa”. Y rechaza los argumentos de los okupas, quienes alegaron que la Iglesia “no estaba dando ninguna utilidad al inmueble " y que además uno de ellos estaba usando “una pequeña parte” del edificio “para dormir porque carece de medios económicos”.

Además de imponerles las costas económicas del procedimiento judicial, la resolución también insta a los okupas a “abstenerse de observar o promover cualquier conducta, activa o pasiva, directa o indirecta, que pueda constituir una perturbación de los derechos” de los dueños sobre esta finca. El fallo judicial no es firme y puede ser recurrido ante la Audiencia de Gipuzkoa.