Abogados Cristianos logra retrasar la eutanasia de una mujer aprobada por la Xunta

La organización ultracatólica Abogados Cristianos ha presentado una denuncia por inducción al suicidio contra el hospital público de Santiago y los miembros de la comisión de garantías que dieron el visto bueno a la eutanasia solicitada por una mujer de 54 años que sufre esclerosis múltiple. La entidad ha logrado así paralizar el procedimiento, después de que la madre de la paciente, en contra de la voluntad de su hija, impidiese l...

La organización ultracatólica Abogados Cristianos ha presentado una denuncia por inducción al suicidio contra el hospital público de Santiago y los miembros de la comisión de garantías que dieron el visto bueno a la eutanasia solicitada por una mujer de 54 años que sufre esclerosis múltiple. La entidad ha logrado así paralizar el procedimiento, después de que la madre de la paciente, en contra de la voluntad de su hija, impidiese la entrada en la vivienda del equipo médico encargado de comunicarle la cita para practicarle la prestación. La Consejería de Sanidad afirma que, en contra de lo que alega Abogados Cristianos, la afectada está en plenas facultades mentales y cumple con todos los requisitos marcados por la ley. Ha remitido el expediente a la Fiscalía y esperará a que la titular del juzgado de instrucción número 2 de Santiago de Compostela tome una decisión.

El pasado 1 de noviembre, dos funcionarios del servicio gallego de salud (Sergas) se dirigieron a la vivienda que la paciente comparte con su madre para comunicarle que al día siguiente se le practicaría la eutanasia que ella había solicitado y que contaba con todos los avales que exige la norma. Sin embargo, no pudieron culminar su labor. La madre de la paciente, que vive con ella, se negó a abrirles la puerta pese a las súplicas de su hija, tal y como relató el diario ABC. Ese mismo día y de forma paralela, Abogados Cristianos presentó una denuncia en el juzgado de guardia en la que acusa de un delito de inducción al suicidio al hospital de Santiago y a los integrantes de la comisión que validaron la prestación. La Fundación Española de Abogados Cristianos ha señalado en un comunicado que ha acudido a los tribunales en representación de la madre de la afectada.

Abogados Cristianos alega que la mujer otorgó en el pasado un poder legal de representación a su madre porque “mostraba una incapacidad física y mental de hecho que le imposibilitaba para poder ejercer sus derechos y obligaciones legales”. La entidad sostiene que la paciente no cumple los requisitos legales porque no está “en el pleno uso de sus facultades mentales” y tampoco “padece un sufrimiento constante e intolerable, pues no toma mediación alguna para el dolor”. También considera que un jurista de los que intervino en el procedimiento ha incurrido en un conflicto de intereses porque es miembro de la asociación progresista Jueces por la Democracia y hace 15 años fue propuesto por el PSOE gallego para ser presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Por todo ello, pide a la juez que suspenda la eutanasia aprobada por la Xunta.

Garantías legales

El consejero de Sanidad, Julio García Comesaña, del PP, ha desmentido este viernes las acusaciones de Abogados Cristianos. Ha afirmado que el proceso para autorizar la eutanasia en el caso de esta mujer “cumple todas las garantías que establece la ley”. “Respetamos completamente la voluntad de la paciente”, ha incidido, aunque también se muestra “sensible a la opinión del familiar”, en alusión a la madre que se opone al procedimiento que ha pedido su hija.

Miguel Anxo García, presidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente en Galicia, subraya que el proceso establecido por la ley para otorgar a una persona el derecho a la eutanasia es “garantista”. García explica, en relación con la madre de la paciente, que las personas vinculadas afectivamente a la persona titular de ese derecho “tienen que ser consideradas, pero no son el elemento principal”. Critica que Abogados Cristianos se presenta en el juzgado como si tuviera derecho a intervenir cuando no es así y recalca que se trata de un caso “de obstrucción en el ejercicio de un derecho y le corresponde a la autoridad judicial decidir”. La organización ultracatólica “está embarrando una situación humanamente compleja”, concluye Derecho a Morir Dignamente.