Andalucía aprueba el marco para derivar las consultas de atención primaria a empresas privadas y fija el precio en 65 euros la consulta

La Junta de Andalucía (PP) ha publicado este jueves la orden para derivar las consultas de atención primaria a empresas privadas y fijar el precio de cada cita médica, que costará 65 euros a las arcas públicas. Este marco normativo abre la puerta a concertar por primera vez la atención primaria en esta comunidad. Mientras que el Ejecutivo regional rechaza que vaya a privatizar la visita ...

La Junta de Andalucía (PP) ha publicado este jueves la orden para derivar las consultas de atención primaria a empresas privadas y fijar el precio de cada cita médica, que costará 65 euros a las arcas públicas. Este marco normativo abre la puerta a concertar por primera vez la atención primaria en esta comunidad. Mientras que el Ejecutivo regional rechaza que vaya a privatizar la visita al médico en los centros de salud, el Gobierno central avisa de que está vigilante para impedirlo o mitigarlo, y las críticas de los sindicatos sanitarios han sido muy duras.

Con la orden publicada en el Boletín oficial, la Junta fija las bases y regula de qué manera los médicos de entidades privadas podrán utilizar las instalaciones públicas y la concertación de la atención primaria, dos medidas inéditas en Andalucía. Para la oposición, esto se traduce en la privatización de la sanidad pública, y los sindicatos, que en plena batalla por hallar soluciones a una atención primaria que hace agua, se encuentran sin soluciones desde la Administración y se topan con una alfombra roja para las empresas privadas.

Por primera vez se tasa que el Servicio Andaluz de Salud pagará 65 euros por la primera consulta que asuman las clínicas privadas, y se actualiza a 150 euros la visita al médico especialista y 90 euros las consultas posteriores. La Junta aprovecha esta subida de tarifas en los ámbitos regulados para derivar a la privada cuando el sistema público no los pueda asumir, para introducir la atención primaria.

La situación de esa atención primaria en Andalucía es precaria y los pacientes sufren la escasez de médicos y unas esperas cada vez más difíciles de digerir. Hace un mes, la Junta limitó la agenda de los médicos de familia a 35 pacientes diarios y la de los pediatras a 25, medida calificada como “parche” por la mayoría de los sindicatos.

La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha quitado hierro a la iniciativa este jueves al defender que la orden “es simplemente un marco normativo”, y ha asegurado que el aterrizaje de los médicos privados en los centros de salud solo es una posibilidad, que no se concretará de momento: “No se va a privatizar nada dentro del sistema sanitario público mientras gobierne el PP”, ha dicho.

Tras la mesa sectorial celebrada este jueves, los sindicatos CC OO, UGT y CSIF han denunciado que existe “poca o ninguna intención de alcanzar ningún pacto” y que el SAS pretende desmovilizar a los profesionales y usuarios, por lo que plantean un próximo calendario de protestas.

Mientras, el Gobierno central ha avisado este jueves de que vigilará de cerca este paso del Ejecutivo autónomo: “El Gobierno andaluz inicia un camino de privatización de la joya de los servicios públicos, la sanidad. Desde el Gobierno perseguiremos y no permitiremos que se dé ni un paso atrás en la sanidad pública, porque esta es el colchón de seguridad que tienen los ciudadanos si caen enfermos, sin discriminación de renta de las familias”, ha advertido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. A continuación, ha avisado de que el Ejecutivo se opondrá a los planes de la Junta: “La orden ha sido un empecinamiento del Gobierno andaluz y si no da marcha atrás, sigue una hoja de ruta que tenemos que lamentar. Tendremos que estudiar cualquier capacidad del Gobierno para disuadir a la Junta y que bajo ningún pretexto se produzca privatización de la atención primaria”.

José Pelayo, secretario general de la federación de sanidad en CC OO, ha cargado contra la medida: “Lamentamos la publicación de la orden que posibilita la privatización de la atención primaria y que pone a disposición de la empresa privada la explotación de los centros sanitarios. La Junta ha aplicado su rodillo desoyendo múltiples voces de la ciudadanía andaluza para traspasar una línea roja que antes nadie se había atrevido a rebasar. La maniobra está completada, se crea el marco legal para privatizar la atención primaria y ahora busco la excusa, que es lo mal que funciona la atención primaria, pero no pongo remedio. Es una barbaridad”.

A continuación, Victorino Girela, de CSIF, ha añadido: “La opción de privatizar la asistencia primaria no solo es una posibilidad real, sino que lanza un mensaje a los profesionales de que si no pueden o quieren trabajar por las tardes en continuidad asistencial, esa posibilidad de privatización es más que real. Será más caro y menos efectivo, lo que nos parece un error y una torpeza”.

La Consejería de Salud interpreta que la inclusión de la primaria no es una novedad en puridad, porque ya se contemplaba esta prestación en la anterior orden de 1998 —derogada desde 2021—, solo que en lugar de “atención primaria” recogía el término de “atención general”. Sobre la novedad de incorporar la atención primaria a las tarifas de precios para la sanidad privada, la consejera ha matizado este jueves: “Tan importante es que esté atención primaria, como hospitalaria, urgencias, hospitalización domiciliaria, diálisis, terapias oncológicas o transporte sanitario (…) El marco normativo no quiere decir absolutamente nada, es simplemente un marco normativo”.

Fuentes de la consejería, han añadido para descartar de momento el aterrizaje de médicos privados en los centros de salud: “En un momento de catástrofe, como en pandemia, hubo comunidades que concertaron con la sanidad privada porque su servicio de salud no llegaba. Andalucía no lo hizo. Si en pandemia no lo hicimos, no lo vamos a hacer ahora”.

Cuando trascendió hace tres semanas el borrador de la orden, la Junta alegó que el hecho de que los médicos privados trabajen en hospitales públicos y utilicen sus recursos ya se estaba haciendo en comunidades gobernadas por el PSOE como Extremadura, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. Sin embargo, estas autonomías negaron la mayor como en esta última región, o explicaron que hacían justo lo contrario para intentar revertir la privatización en centros de salud impulsada por el PP en la Comunidad Valenciana, o en Extremadura, donde negaron que la sanidad privada intervenga en la atención primaria y tildaron el uso de anestesistas como una solución excepcional.

Este jueves el coordinador de Izquierda Unida en Andalucía, Toni Valero, ha criticado con dureza la orden de la Junta: “Si no lo evitamos, dentro de poco tendremos que pagar por ver a nuestro médico de cabecera (…) El Estatuto de Autonomía, que deja claro que el derecho a la salud se debe proteger y cuidar, choca con ese plan que la señora Ayuso y Moreno Bonilla llevan adelante para el deterioro de la red pública, la privatización encubierta y destinar fondos públicos de forma escandalosa a la sanidad privada”, informa Europa Press.

La portavoz parlamentaria socialista, Ángeles Férriz, ha añadido: “Nadie pone precio a su casa si no va a venderla. Esto responde al modus operandi del PP de mermar la sanidad pública para poner precio y abrir la puerta a la privatización”.