El Gobierno legislará para crear un mínimo común de servicios sociales en todo el país y reducir la burocracia

En España no hay una ley de servicios sociales, como existe en educación o en sanidad. Son las autonomías las competentes en la materia, y cada una ha regulado su propio sistema. Hay 17 realidades. Si bien las comunidades autónomas son competentes en asistencia social, el Ministerio de Derechos Sociales quiere que haya un mínimo común en todo el país. Para ello, ultima una ley que espera que llegue al Consejo de Ministros en las próximas semanas y que mandata a las autonomías a acordar con el ministerio no solo cuál será el catálogo común en todo el territorio, sino también “un estándar de cal...

En España no hay una ley de servicios sociales, como existe en educación o en sanidad. Son las autonomías las competentes en la materia, y cada una ha regulado su propio sistema. Hay 17 realidades. Si bien las comunidades autónomas son competentes en asistencia social, el Ministerio de Derechos Sociales quiere que haya un mínimo común en todo el país. Para ello, ultima una ley que espera que llegue al Consejo de Ministros en las próximas semanas y que mandata a las autonomías a acordar con el ministerio no solo cuál será el catálogo común en todo el territorio, sino también “un estándar de calidad”, la ratio de profesionales que se exigirá o su especialización, ha explicado el secretario de Estado del ramo, Nacho Álvarez, este martes.

El objetivo es que un ciudadano pueda mudarse de región y seguir teniendo unos servicios sociales básicos, y también se eliminarán procedimientos burocráticos que hacen que la tramitación de las ayudas de emergencia social, que se conceden de urgencia para que quienes las necesitan puedan comprar comida o pagar suministros, se alargue durante meses. Álvarez ha participado en unas jornadas en las que se ha presentado un estudio de la OCDE sobre los servicios sociales en España que constata grandes diferencias territoriales. Horas después, ha comparecido en comisión en el Congreso y allí ha hablado de otra de las medidas en las que ha trabajado el departamento en las últimas semanas: la ampliación de la deducción fiscal (de 100 euros al mes) para mujeres con hijos de hasta tres años, que se recoge en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023, llegará a unas 250.000 nuevas beneficiarias, según los cálculos del ministerio.

A las madres trabajadoras que ya perciben esta deducción de 1.200 euros al año (que pueden pedirse de forma adelantada, en forma de pagos mensuales) hay que sumar a quienes reciben una prestación o subsidio por desempleo y quienes trabajen al menos 30 días a partir del nacimiento del niño, así como las empleadas a tiempo parcial, que ahora no pueden acogerse al 100%. El número de beneficiarias subirá “en un 50%, alcanzando una tasa de cobertura que supera el 85%”, ha señalado Álvarez, quien ha precisado que la medida se recogerá en la futura ley de familias, que llegará al Consejo de Ministros “en breves semanas”. La ministra Ione Belarra (Unidas Podemos) había hablado en repetidas ocasiones de universalidad, algo que piden las organizaciones de infancia, hasta los 18 años. Álvarez ha dicho que, si a esta deducción reembolsable se suma el complemento de infancia del ingreso mínimo vital (una ayuda por cada hijo, que pueden solicitar las familias en situación vulnerable), estarán “prácticamente universalizando” las ayudas para los niños de cero a tres años.

Catálogo actualizado

El ministerio solicitó en 2019 la asistencia técnica de la Comisión Europea y de la OCDE para desarrollar tanto la ley de familias como la de servicios sociales, a cuya aprobación se ha comprometido con Bruselas como uno de los hitos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Los plazos son justos para que la tramitación parlamentaria finalice en esta legislatura. Este martes, unas jornadas se han centrado en la normativa de servicios sociales. Actualmente, hay un catálogo de referencia para todo el país, pero data de hace ya casi 10 años. Ahora se trata de fijar uno que realmente se cumpla, y que esté actualizado.

En servicios sociales, uno de los principales retos es el competencial. Partidos nacionalistas han recalcado en diversas ocasiones en el Congreso que la competencia es autonómica. Algo en lo que Álvarez ha insistido este martes. Por ello, ha afirmado que “la ley no decide por sí sola”, sino que “mandata a que sean las comunidades autónomas las que acuerden en un tiempo determinado” en el consejo territorial (donde se sientan ministerio y autonomías) a decidir el catálogo mínimo de servicios sociales en todo el territorio, que deberán garantizarse en todo el país, los estándares de calidad, así como un “sistema de información interoperable” que “proporcione información en tiempo real”, ha señalado Álvarez.

La OCDE considera “primordial” la aprobación de una ley que no solo defina un catálogo común básico en todo el territorio, sino que garantice la transferibilidad de los derechos entre regiones y que mejore los mecanismos de coordinación. El organismo apunta grandes diferencias entre autonomías en cuanto a organización, a dotación de personal y de financiación, que tiene consecuencias en los servicios que se ofrecen.

Financiación “mínima”

La “parte de la Administración [General del Estado] en la financiación de los servicios sociales es mínima, financiando una media del 3%-4% de los servicios sociales primarios [los que en España prestan los ayuntamientos]. En comparación, en Francia, el 32% de los servicios sociales son cubiertos por la seguridad social nacional y el 7% por la Administración central directamente”, se señala en el informe, titulado Modernización de los Servicios Sociales en España. Y hay “diferencias importantes” entre comunidades. Si bien se admite que las estadísticas “están plagadas de dificultades para reunir todos los gastos” de las comunidades y hacerlos comparables”, la OCDE sostiene que, por ejemplo, en Baleares y en Murcia las entidades locales aportan entre 3 y 3,5 veces más que el Gobierno regional para financiar los servicios sociales básicos. En las demás, el Ejecutivo autonómico financia una parte mayor que las entidades locales, desde 1,3 veces más en Cantabria hasta 32 veces más en Extremadura.

También se analiza la dotación de personal, tanto en servicios sociales de atención primaria como en el conjunto del sector (que incluye a los que atienden en residencias, centros de día, etc.). Respecto a los primeros, se lee: “En muchos casos, la elevada demanda de servicios sociales suele ser atendida con recursos humanos inadecuados en cuanto a ratios de personal y tipo de profesionales”. “Las ratios legales [que se recogen en las normativas] de personal por habitante oscilan entre [un trabajador por cada] 1.500 y 3.000 o incluso 4.000 habitantes, y ocho regiones no establecen ratios mínimas en absoluto”, se añade. La categoría profesional más común es el de trabajadores sociales, que suelen constituir el 40%-50% de personal, pero pueden representar “menos del 30%” en algunas regiones. Sobre los segundos, destaca que en España para cada persona que declara trabajar en el sector hay unos 90 habitantes. En Grecia, 301, pero en Noruega, 17.

Durante su intervención, el secretario de Estado también ha hecho un diagnóstico. “Los servicios sociales son el pilar más infradesarrollado y peor dotado del Estado de bienestar”, ha dicho Álvarez, quien ha afirmado que España no está “al nivel de países de nuestro entorno”. Ha enumerado cuatro “debilidades que son evidentes”. La primera es “sistémica” y “responde al infradesarrollo que viene de décadas atrás”, algo que se ha exacerbado con la crisis de 2008 y la pandemia. La segunda, las desigualdades territoriales son “muy relevantes”, “no existe un mínimo básico común de cartera de servicios sociales”. La tercera: “Durante mucho tiempo en el ámbito de la Administración General del Estado en los servicios sociales vamos a ciegas”. Con esto se refería a que no existe un sistema de información que no solo cuantificar número de beneficiarios, sino también evaluar el impacto de las políticas. Y en cuarto lugar, “en demasiadas ocasiones están demasiado centrados no tanto en las personas, sino en los propios servicios”, son “excesivamente rígidos y fragmentados” y tienen una “elevada burocracia”.

El secretario de Estado ha dicho que la ley permitirá “sentar las bases” para resolverlo. “Si un ciudadano usuario de servicios sociales se muda de una comunidad a otra, [que] pueda llevarse consigo los servicios adquiridos. Es incomprensible que en el siglo XXI un niño cambie de comunidad autónoma y no tenga derecho a educación al minuto siguiente. Sería impensable que un ciudadano por estar de vacaciones en otra comunidad autónoma no pueda ser atendido por el Sistema Nacional de Salud. ¿Por qué en servicios sociales no sucede esto?”, ha continuado Álvarez. También se ha comprometido a que la ley modifique la normativa de subvenciones para que las ayudas de emergencia social no puedan ser tratadas como tal. Actualmente, hay comunidades y ayuntamientos que sortean este procedimiento, pero otras que no, y la cantidad de burocracia es tal que una ayuda pequeña (la media en 2018 eran 184) puede demorarse más de dos meses.