Localizados en Sevilla tres menores retenidos por sus padres desde hace cinco años

Llevaban buscándolos desde 2017, cuando el Servicio de Protección de Menores de la Junta de Andalucía, en una resolución de desamparo, ordenó la retirada de la custodia de sus padres a tres menores que entonces tenían dos, tres y ocho años. Cuando la Policía se presentó en la casa de los progenitores, en la barriada de las Tres Mil Viviendas de Sevilla, comprobaron que la familia había desaparecido. Cinco años después, los agentes los han localizado en una vivienda ocupada d...

Llevaban buscándolos desde 2017, cuando el Servicio de Protección de Menores de la Junta de Andalucía, en una resolución de desamparo, ordenó la retirada de la custodia de sus padres a tres menores que entonces tenían dos, tres y ocho años. Cuando la Policía se presentó en la casa de los progenitores, en la barriada de las Tres Mil Viviendas de Sevilla, comprobaron que la familia había desaparecido. Cinco años después, los agentes los han localizado en una vivienda ocupada de la localidad sevillana de Coria del Río, donde los padres, que han sido detenidos, tenían confinados a sus hijos, dos niñas y un niño, a los que no permitían salir del inmueble por miedo a que fueran detectados.

A ambos progenitores se les imputan delitos de sustracción de menores y detención ilegal; y el padre está acusado además de agredir a un agente en los calabozos de Coria, mientras permanecía a la espera de ser puesto a disposición judicial. Sus hijos, que ahora tienen 7, 8 y 14 años, se encuentran en buen estado de salud, según aseguran fuentes de la investigación, aunque en todo este tiempo no han estado escolarizados, según detallan esas mismas fuentes.

Una puerta blindada sin cerradura externa

Tras perderles la pista en 2017, la alerta se volvió a activar el pasado mes de febrero cuando la unidad adscrita de la Policía Nacional a la Junta de Andalucía recibió a través de sus colegas de Coria los datos de un matrimonio que acababa de ser filiado con motivo de la ocupación de una casa en ese municipio sevillano. Del seguimiento de sus pasos, se constató que de la vivienda únicamente entraba y salía el matrimonio, que, además, adoptaba muchas medidas de seguridad para comprobar que no eran vigilados.

Uno de esos mecanismos de protección era una puerta blindada sin cerradura externa. Los padres la golpeaban a modo de contraseña y desde dentro les abría uno de los menores. Esto agudizó las sospechas. Durante las semanas que duró el seguimiento a los padres, los agentes comprobaron que los tres hermanos en ningún momento salían a la calle. No acudían, por tanto, ni al colegio ni al médico, “siendo privados de su normal desarrollo evolutivo y emocional al ser obligados a permanecer encerrados en su domicilio”, según se explica en la nota remitida por la Policía Nacional.

Los menores están siendo atendidos por los servicios de protección de menores de la Junta de Andalucía. Los investigadores creen que los padres detenidos se habían desplazado hacía relativamente poco a Coria y, de momento, desconocen dónde pudieron haber estado en todos estos años.

Evaluación individual de sus necesidades

“En estos casos en los que la retirada de la custodia de los menores se hace en contra de la voluntad de los padres, lo primero que se hace es una evaluación de sus necesidades psicológicas, educativas, sanitarias y sociales para determinar a qué atención hay que darle mayor prioridad”, explica a este diario Pepa Vázquez, subdirectora de Infancia de la Junta de Andalucía. A la espera de esos resultados, Vázquez considera que “probablemente lo que más les convenga es vivir con una familia normalizada para que puedan recuperar su historia personal”.

En este supuesto, en concreto, también es muy probable que debido a la falta de escolarización haya que ofrecer apoyos adecuados para compensar el retraso educativo y también una intensificación de las revisiones médicas por si ha habido problemas de salud que hayan pasado desapercibidos o no se hayan atendido.

El caso de los tres menores de Coria es excepcional, sostiene Vázquez. “Afortunadamente, la proporción de casos en los que los padres acuerdan las medidas de protección con la Junta son elevados. En muchas ocasiones, las familias no tienen conciencia de que su situación provoca problemas en sus hijos y cuando se dan cuenta, buscan ayuda porque saben que es el camino para recuperar su custodia”, señala.