Tensión por las restricciones y grupos violentos: el origen de los peores disturbios en Países Bajos en 20 años
El Gobierno en funciones ha remitido al Congreso para su discusión tres proyectos de ley de pases covid para acceder al trabajo, la educación y el ocio
El estallido en cadena de disturbios callejeros registrado el pasado fin de semana en Países Bajos refleja la tensión ciudadana acumulada por la pandemia. La presión por el aumento de la ocupación hospitalaria, las restricciones para frenar los contagios y la necesidad de una dosis de refuerzo de la vacuna repercuten en la sensación de falta de libertad individual. Pero otros factores han influido en la aparición de estas revueltas...
El estallido en cadena de disturbios callejeros registrado el pasado fin de semana en Países Bajos refleja la tensión ciudadana acumulada por la pandemia. La presión por el aumento de la ocupación hospitalaria, las restricciones para frenar los contagios y la necesidad de una dosis de refuerzo de la vacuna repercuten en la sensación de falta de libertad individual. Pero otros factores han influido en la aparición de estas revueltas, arrastrados desde hace tiempo y que dañan la credibilidad del Gobierno. Entre ellos, destaca la inquietud por la falta de viviendas asequibles, el escándalo de los subsidios familiares que permea a todo el sistema —desde la Agencia Tributaria al Consejo de Estado— o bien la protesta para acelerar la lucha contra el cambio climático. A esta mezcla de emergencia sanitaria y malestar social, se ha sumado la presencia de grupos violentos organizados que aprovechan las manifestaciones contra las medidas de contención de la covid para actuar. Las usan para lanzarse contra la policía y todo lo que represente un servicio público, porque también han sido atacados bomberos y ambulancias. Es una revuelta que sorprendió a la policía el pasado viernes, en Róterdam, y que ha tenido su eco en otros países europeos.
Los choques, iniciados en Róterdam en el curso de una manifestación no registrada contra las limitaciones de la pandemia, han dejado escenas difíciles de digerir. Hubo agentes acorralados y atacados y cuatro heridos de bala cuyo origen está siendo investigado. Hogueras en las calles, lanzamiento de adoquines y fuegos artificiales, y destrozo del mobiliario urbano. Los tumultos se repitieron en otras localidades —y también este lunes— y los detenidos superan ya el centenar. Mark Rutte, el primer ministro, ha llamado “idiotas” a quienes han recurrido a la violencia. A su vez, Ferd Grapperhaus, titular de Justicia, dice que las manifestaciones se han utilizado, por parte de algunos, “como tapadera para lanzarse contra las fuerzas del orden”.
Jan Struijs, presidente del Sindicato de Policía, ofrece una visión desde el terreno. Considera que lo ocurrido en Róterdam refleja la tensión acumulada en la sociedad, que lleva a la gente a salir a la calle. Pero, añade, hay una conjunción de factores. “Era viernes y había mucha gente joven al aire libre en Róterdam. La hostelería cierra a las ocho de la tarde, el público no puede acudir a los estadios de fútbol y se ha suprimido la pirotecnia en Nochevieja. Los ánimos se exacerbaron y todo estalló. En La Haya, un día después, también hubo muchos problemas. Y hay un grupo de extremistas, pequeño pero bien organizado y muy agresivo, que estuvo allí y fueron a por los agentes”, explica por teléfono. Añade que esos violentos tienen contactos internacionales en Francia, Alemania, Bélgica y Austria.
Su relato de la noche de Róterdam es muy duro, y reconoce que pudo haber ocurrido una desgracia. “Ese grado de violencia. Son cosas que no habían pasado en 20 o 30 años”, asegura. En su opinión, la mayoría de la población acepta las restricciones de la crisis sanitaria, pero hay que buscar el equilibrio entre la protección sanitaria y las libertades individuales. “Piense en la gente que rechaza la vacuna. Por eso es muy importante que la mayoría de los ciudadanos esté de acuerdo con las nuevas medidas que puedan imponerse. Hay que evitar la quiebra social. En este punto, no ayuda el hecho de que el Gobierno siga en funciones [la nueva coalición lleva ocho meses negociándose] y las decisiones solo puedan tomarse a corto plazo”, asevera.
El sociólogo Paul Schnabel incide en el malestar ciudadano, “que se ha visto también en Austria, un país que solemos percibir como tranquilo”. “La gente está cansada y eso no es bueno para nadie”, indica por teléfono. Cree que las convocatorias en las redes sociales han tenido mucho que ver en la presencia nocturna de jóvenes y menores de edad. Y añade: “Cerca de un 86% de la población está vacunada en Países Bajos, pero la variante delta es mucho más contagiosa. Estamos hablando de ser solidarios y estar bien informados. Es cierto que los que no se vacunan son un grupo minoritario. Sin embargo, encabezan las hospitalizaciones mientras sigue habiendo gente que maneja la pandemia como un concepto abstracto”.
Este lunes, el equipo de expertos que asesora al Ejecutivo señaló que el uso de mascarillas, el respeto de la distancia de seguridad de 1,5 metros y las pruebas de diagnóstico cuando hay síntomas de coronavirus han bajado a la mitad en Países Bajos. En el informe remitido luego al Ministerio de Sanidad, estos científicos aseguran que “la única forma de prevenir nuevas restricciones, incluido un posible confinamiento, es cumplir con un comportamiento preventivo que se ha relajado”. Si bien no han recomendado por ahora disposiciones adicionales, Hugo de Jonge, titular de Sanidad, ha remitido al Congreso tres proyectos de ley para imponer el uso del certificado covid. Por un lado, se pediría uno, solo válido para vacunado, o que hayan pasado la enfermedad, en lugares con alto riesgo de contagio, como la hostelería, el sector cultural, eventos y servicios no esenciales. En los centros educativos, también se aceptaría el certificado obtenido a través de una PCR con resultado negativo. Está previsto que ambas medidas sean debatidas la próxima semana. No está claro, por ahora, el recorrido de un tercer pase ―similar al de los centros educativos— para acceder al trabajo. Es una propuesta mucho más polémica y está siendo analizada por los diputados.