Un juez condena a cadena perpetua sin revisión al policía que asesinó a Sarah Everard

Wayne Couzens (48 años), el policía que secuestró con engaño en las calles de Londres, violó y asesinó a Sarah Everard (33 años), morirá en la cárcel. La sentencia de prisión permanente estaba fuera de toda duda, después de que Couzens admitiera ser el culpable de un crimen que ...

Wayne Couzens (48 años), el policía que secuestró con engaño en las calles de Londres, violó y asesinó a Sarah Everard (33 años), morirá en la cárcel. La sentencia de prisión permanente estaba fuera de toda duda, después de que Couzens admitiera ser el culpable de un crimen que conmocionó de modo extremo a la sociedad británica. El juez del Tribunal Penal Central de Inglaterra, Adrian Fulford, quien ha emitido este jueves la sentencia, ha justificado en la “excepcional gravedad” de un crimen tan “grotesco” su decisión de que la cadena perpetua sea completamente irrevocable. “El uso retorcido de la condición de oficial de policía para secuestrar, violar y asesinar a una víctima solitaria es tan grave como el asesinato en nombre de una causa política, ideológica o religiosa”, ha dicho el juez en una decisión extrema que en contadas ocasiones (61 casos desde 1983) se ha aplicado en la justicia penal británica.

Los padres de Sarah Everard pudieron finalmente confrontar al asesino de su hija el pasado miércoles, el último día del juicio. Jeremy Everard, el padre de la ejecutiva asesinada, exigió una y otra vez sin éxito a Couzens que le mirara a la cara, mientras explicaba cómo el crimen había destrozado la vida de esa familia. Por apenas un segundo, el expolicía se atrevió a levantar la cabeza, para volver a inclinarla y fijar su mirada en el suelo. “El impacto de lo que has hecho no terminará nunca. El único deseo de un padre es cuidar de sus hijos, para que todo esté bien. Tú has evitado, de un modo premeditado, que yo tenga esa capacidad”, reprochaba el padre de Sarah al asesino.

Al conocer la sentencia, la familia ha emitido un comunicado público en el que asegura que “saber que [Couzens] permanecerá toda su vida en prisión supone algo de alivio. (...) El mundo es un poco más seguro desde que está en la cárcel”.

Sarah Everard nació y creció en York, al norte de Inglaterra, pero como muchos otros apostó por la aventura londinense. La ejecutiva, de 33 años, abandonó la casa de una amiga en la noche del pasado 3 de marzo, en el barrio de Clapham, al sur de la ciudad, para regresar a Brixton Hill, donde vivía. Antes llamó a su pareja, para avisarle de que ya salía. La última imagen de ella la grabó la cámara de seguridad de una estación de metro. Llevaba su chubasquero verde y la mascarilla puesta. Después de una angustiosa semana en la que el rostro de Everard circuló por televisiones, periódicos y redes sociales, la Policía Metropolitana a uno de sus agentes, Couzens, como principal sospechoso de su secuestro y asesinato.

A las 21.30 de la noche (22.30, hora peninsular de España), el agente, que según la investigación merodeaba en su vehículo por las calles de la zona en busca de una presa, se fijó en Sarah. La acusó falsamente de haberse saltado las normas del confinamiento, le enseñó su identificación policial —como pudo verse en las cámaras de seguridad de la zona—, la esposó y la metió en la parte trasera del coche. Condujo hasta Dover, durante casi dos horas, y allí la cambió de vehículo. En Deal, una zona rural cercana, violó a la mujer, en una tortura que se prolongó, según la policía, al menos durante cinco horas. Couzens llevó su cadáver hasta un paraje boscoso en Ashford (Kent), y regresó hasta tres veces durante los siguientes cuatro días para quemar el cuerpo y arrojar los restos a un pantano cercano.

La presión ciudadana aceleró la investigación, a la que ayudaron mucho la multitud de cámaras de seguridad que se hallan desplegadas por todo Londres. Los pasos de Couzens durante esos días estaban muy documentados. Su primera versión ante los investigadores, en la que tejió una red de mentiras para asegurar que tenía deudas con la mafia rumana y optó por entregarles en prenda a la muchacha, se desmoronó de inmediato. Tardó poco en confesar su culpabilidad.

En los días posteriores al inicio de la investigación policial, las autoridades cometieron la torpeza de ir puerta por puerta en la localidad de Kent y pedir a las mujeres que no salieran solas a la calle. Cientos de ellas, en las redes sociales y en los medios, comenzaron a relatar sus vivencias personales y sus miedos, hasta convertir la indignación en una convocatoria de protesta, el 13 de marzo. Era una vigilia prevista en el barrio de Clapham, bajo el eslogan #ReclaimTheseStreets (Reclama estas calles). Aunque las organizaciones convocantes hicieron caso a las autoridades —en medio de un confinamiento con estrictas medidas de distancia social— y anularon el acto, centenares de hombres y mujeres desafiaron a la policía y acudieron al quiosco del parque Clapham Common, a depositar flores en memoria de Everard. Entre ellas, Kate Middleton, la duquesa de Cambridge.

Al adentrarse la noche, la tensión entre manifestantes y agentes fue aumentando. “Vergüenza sobre vosotros”, “la policía no la protegió” o “arrestad a los vuestros”, gritaban algunas decenas de manifestantes frente a los policías que se empeñaban en impedir que alguien traspasara la cinta de seguridad que rodeaba el quiosco. A última hora, se produjeron enfrentamientos violentos entre los agentes y algunas de las mujeres que rodeaban el improvisado santuario. Cuatro de ellas acabaron arrestadas, pero lo que desató la indignación fue la imagen, que inmediatamente corrió por las redes, de algunas de ellas empujadas contra el suelo mientras las esposaban.

En los días siguientes, miles de mujeres por todo el Reino Unido tomaron las calles para exigir un cambio legal. El primer ministro, Boris Johnson, ha asegurado, a través de su cuenta oficial en Twitter, que “ninguna mujer debería tener miedo ante posible acoso o violencia. Haremos todo lo posible por evitar estos crímenes horrendos”. El líder laborista, Keir Starmer, ha vuelto a reclamar una ley específica para atajar la violencia contra las mujeres, y ha asegurado que el Gobierno conservador contaría desde ya con el respaldo de la oposición si la presenta.