Detenida en Alicante una pareja que explotaba a dos discapacitados a los que obligaba a ejercer la mendicidad

Cada mañana, un Mercedes se paraba en una céntrica calle de Alicante. Del asiento trasero, en torno a las 9.30, descendía un hombre que, con gran dificultad debido a las secuelas que le dejó la poliomielitis, se trasladaba hacia el lugar en el que se colocaba para ejercer la mendicidad hasta bien entrada la tarde. La rutina cesó el 22 de abril. Ese día, el discapacitado se acercó a una comisaría de la Policía Nacional y denunció su situación. Vivía en condiciones lamentables, junto a un compañero, en casa de sus captores, un matrimonio que le había quitado la documentación y lo explotaba bajo ...

Cada mañana, un Mercedes se paraba en una céntrica calle de Alicante. Del asiento trasero, en torno a las 9.30, descendía un hombre que, con gran dificultad debido a las secuelas que le dejó la poliomielitis, se trasladaba hacia el lugar en el que se colocaba para ejercer la mendicidad hasta bien entrada la tarde. La rutina cesó el 22 de abril. Ese día, el discapacitado se acercó a una comisaría de la Policía Nacional y denunció su situación. Vivía en condiciones lamentables, junto a un compañero, en casa de sus captores, un matrimonio que le había quitado la documentación y lo explotaba bajo agresiones y amenazas de muerte, le negaba la higiene personal y le impedía comer si no llevaba una recaudación mínima de unos 80 euros. Tras escuchar su declaración, ese mismo día, los agentes detuvieron a la pareja, de 48 y 51 años de edad, y los pusieron a disposición de un juzgado, acusados de un delito de trata de seres humanos con fines de explotación para la mendicidad. Los arrestados están en libertad con cargos.

El testimonio ofrecido por la víctima dejó petrificados a los agentes. El declarante, de 33 años, llevaba más de dos años sometido a vejaciones, agresiones y amenazas por parte de una pareja que le obligaba a conseguir un mínimo de 80 euros diarios de lunes a domingo, en jornadas de 14 horas diarias. Tras su captación y la de otra persona, también con un alto grado de discapacidad, les habían quitado la documentación y les habían impuesto las normas. Vivían todos juntos, los captores, su hija y las dos víctimas, a quienes prohibían ducharse o acceder libremente a la nevera para comer o beber, y solo percibían unos céntimos cada cuatro días para comprar cerveza y tabaco. Ocasionalmente, les permitían utilizar un móvil, pero siempre bajo supervisión.

Los dos discapacitados eran trasladados cada mañana a su puesto de trabajo, donde debían obtener los únicos ingresos que entraban en el domicilio compartido por víctimas y explotadores. Si no llegaban a la cantidad estipulada, les sometían a palizas, los amenazaban de muerte o los dejaban sin comer. Las víctimas se encontraban cada vez en peor situación física y anímica, e incluso habían “menoscabado tanto su autoestima”, señalan fuentes de la policía, “que con el transcurso del tiempo habían llegado a considerar a sus captores como de su familia”. Los arrestados, en cambio, disfrutaban de todas las comodidades. No solo por el vehículo de lujo que conducían. También porque en casa, subrayó la víctima, a diferencia de los explotados, “podían usar agua caliente”.

En los últimos cinco meses, todos se habían mudado de domicilio. Pero las condiciones no cambiaron. La situación se agravó, incluso, ya que el declarante señaló que había escuchado a sus jefes que lo iban a vender a otra organización similar, radicada en Albacete, por 2.000 euros. Fue entonces cuando decidió hablar con la Policía Nacional. Si no lo había hecho antes, manifestó, es porque desconocía la legislación laboral española. Los agentes le mostraron una serie de fotografías de archivo policial y en dos de ellas pudo identificar a sus captores. Se trataba de dos delincuentes habituales, un hombre de 48 años y una mujer de 51, ambos de origen rumano, que se habían instalado en España en 2007 y que acarreaban un amplio historial de delitos contra las personas.

Los agentes se trasladaron a la vivienda de los explotadores y los detuvieron. Junto a ellos se encontraba la otra víctima, que por medio a represalias, aseguran las fuentes consultadas, se negó a declarar en sede policial. Ambas víctimas fueron alojadas en otro lugar que la policía no ha dado a conocer. Los arrestados pasaron a disposición judicial, donde se les tomó declaración y fueron puestos en libertad con cargos.

Antonio Ruescas, presidente de la federación de asociaciones de discapacitados Cocemfe en Alicante, denuncia “este tipo de violencia” e insta a las autoridades “a abrir una investigación más amplia”. Ruescas señala que “en ocasiones se ven escenas en las calles” que “nos ponen en la pista de que pueden estar viviendo situaciones similares” a las de estas dos víctimas. Sin embargo, “cuando intentamos hablar con los afectados no se dejan”, ya que las condiciones a las que son sometidos los hacen “vivir en una burbuja” a la que resulta imposible acceder.

Sí han entrado en contacto con otras personas con todo tipo de discapacidad “que ejercen la mendicidad sin coacciones, por cuenta propia”, gente “sin recursos o fuera del sistema” a los que tratan de brindar todo la ayuda a su alcance. “Los ponemos en contacto con los servicios sociales, acudimos al banco de alimentos o les ayudamos en su aseo personal”. La federación también cuenta con su propio “servicio de inserción laboral, para darles condiciones de accesibilidad”, aunque reconoce que no siempre cuentan con recursos suficientes para abordar este problema.