El acoso sexual en Egipto vuelve a estar en el punto de mira tras una gran campaña de denuncias
El Gobierno ha reaccionado impulsando una reforma para cubrir varias lagunas legales que benefician a los acosadores
En Egipto, las acusaciones de acoso sexual de casi un centenar de mujeres contra un joven veinteañero han desatado una gran campaña de denuncias en las redes y ha suscitado una amplia e inusual atención en el público y las instituciones del país. La arraigada cultura de la violación en Egipto está bajo el foco mediático.
El caso estalló el lunes 1 de junio. Apareció una cuenta de Instagram con el nombre de Assault Police y el fin de recopilar evidencias sobre un joven llamado Ahmed Bassem Zaki, a quien la página acusab...
En Egipto, las acusaciones de acoso sexual de casi un centenar de mujeres contra un joven veinteañero han desatado una gran campaña de denuncias en las redes y ha suscitado una amplia e inusual atención en el público y las instituciones del país. La arraigada cultura de la violación en Egipto está bajo el foco mediático.
El caso estalló el lunes 1 de junio. Apareció una cuenta de Instagram con el nombre de Assault Police y el fin de recopilar evidencias sobre un joven llamado Ahmed Bassem Zaki, a quien la página acusaba de haber “acosado y agredido a más de 100 chicas”. Hasta el pasado sábado, el perfil había recogido más de 90 testimonios, según detalla la administradora de la cuenta en condición de anonimato para no restar protagonismo a las supervivientes y evitar represalias contra ella por parte de la familia del joven denunciado.
Zaki, de 21 años, proviene de una familia influyente y adinerada de El Cairo, y había estudiado en algunos de los centros educativos más exclusivos y reputados de Egipto. Su padre, un alto ejecutivo en una importante empresa de telecomunicaciones, ha sido señalado también por haber aprovechado su posición privilegiada para encubrir a su hijo, que exhibía una clara sensación de impunidad en los mensajes a las chicas que se han publicado. El padre fue forzado a dimitir tras hacerse público el historial de abusos de Zaki.
La cascada de acusaciones se viralizó rápidamente, y tres días después la Fiscalía anunció la detención de Zaki. De acuerdo con un segundo comunicado, el joven está acusado de seis cargos por las denuncias de cuatro mujeres y una menor. La administradora de Assault Police asegura que más de 10 víctimas están consultando con sus abogados presentar denuncias.
Aprovechando el empuje inicial, el Consejo Nacional de Mujeres de Egipto informó que hasta el pasado martes al menos otras 400 personas más habían respondido a su llamada y habían denunciado incidentes similares. Las denuncias también se están multiplicando en las redes sociales y han llevado a, como mínimo, un segundo hombre detenido el pasado sábado.
La onda expansiva del caso ha sacudido también al Gobierno y al parlamento, que se han hecho eco ahora de dos importantes demandas reivindicadas desde hace años por grupos de la sociedad civil. Aunque Egipto criminalizó el acoso sexual en 2014, la medida fue criticada desde el principio por su imprecisión, su corto alcance y las trabas exigidas para demostrarlo, lo que explica las pocas sentencias dictadas contra los perpetradores. En un intento de cubrir parte de estas lagunas, el Ejecutivo aprobó el pasado miércoles de forma preliminar una serie de enmiendas del código de procedimiento penal para reforzar la confidencialidad de las víctimas que denuncien haber sido acosadas. En su turno, varios diputados llevaron a discusión en el pleno una ley integral para combatir todas las formas de violencia contra las mujeres. El alcance de ambas acciones, aunque notable, continúa siendo incierto.
Paralelamente, las dos principales autoridades religiosas del país, Al Azhar y Dar Al Ifta, han adoptado un rol insólitamente activo. Han denunciado el acoso sexual bajo cualquier pretexto y han llamado a denunciar y a apoyar a las víctimas. Los medios de comunicación, rígidamente controlados por el régimen, han seguido un discurso similar.
“Lo que ocurre es otro momento de decir basta, y creo que la causa ha sido la repetida impunidad [de Zaki]”, desliza Soraya Baghat, una destacada abogada de los derechos de las mujeres y niñas en Egipto. “Lo que es diferente está vez es que ha traído un pequeño pero necesario paso adelante en la reforma de un sistema judicial, que ha permitido el acoso sistemático y la violencia sexual ante la impunidad de los perpetradores,” agrega.
Así, el caso de Zaki es solo el último crudo recordatorio del extendido acoso sexual en Egipto. En 2013, un estudio de la ONU Mujeres señaló que prácticamente todas las egipcias habían sido acosadas, y que un 93% nunca acudió a la policía después de ser hostigadas, en la mayoría de casos debido al miedo a dañar su reputación. En 2017, El Cairo apareció como la megaciudad más peligrosa del mundo para las mujeres en una encuesta elaborada por la fundación Thomson Reuters.
“Para atajar la violencia contra las mujeres necesitamos una aproximación holística e integral. Necesitamos la ley, un procedimiento establecido del Gobierno, la comprensión de la sociedad, los medios”, dice Mozn Hassan, una prominente activista feminista egipcia y fundadora de la organización Nazra para Estudios Feministas.
En el centro de la polémica se encuentran también algunas de las instituciones educativas más elitistas de Egipto, incluida la prestigiosa Universidad Americana de El Cairo, que ha sido objeto de duras críticas por no haber tomado medidas contundentes contra el joven pese a su conocido historial de abusos. Su falta de mano dura ha quedado retratada además en contraposición a la celeridad de una escuela de negocios de Barcelona a la que Zaki había acudido en febrero. En este caso, el centro expulsó al joven tras estallar el caso y sus abogados han presentado una denuncia a la policía española. Rehab Saad, una portavoz de la Universidad Americana de El Cairo, avanza que, a raíz de la polémica, el centro va a introducir este verano unos cursos obligatorios para toda la comunidad enfocados a “mejorar el conocimiento acerca de la política [de la universidad] y de los derechos individuales en caso de verse expuestos a cualquier acoso”.
En la otra cara de la moneda, la gestión de las autoridades de las denuncias de acoso de los últimos días contrasta con los arrestos de chicas jóvenes que comparten contenido en redes sociales que la Fiscalía considera que atenta contra la “moral pública”. Desde abril y hasta la fecha, las autoridades egipcias han arrestado al menos a nueve influencers bajo este pretexto, la última de las cuales el pasado viernes. Una de ellas fue sentenciada en junio a tres años de prisión.
De las anteriores detenciones, la que mayor impacto ha tenido fue la de una menor de 17 años que fue arrestada en mayo pocos días después de haber compartido precisamente un vídeo en el que denunciaba haberla sido violada. A pesar de llegar incluso a confirmar sus acusaciones, el Ministerio Público presentó contra ella varios cargos, incluido el de violar los valores familiares egipcios, según el diario local Al Masry Al Youm, sentando un precedente que organizaciones y activistas locales han considerado peligroso.
“Algo va muy mal en una sociedad que se ofende más por un puñado de chicas bailando en TikTok que por las horribles historias de acoso y agresión sexual continuadas”, comenta Bahgat, que concluye: “Soy muy consciente de que aún queda mucho por hacer y de que, cuando se trata de justicia para las mujeres de Egipto no podemos dejar a ninguna atrás”.