Bruselas lleva a los tribunales la tasa de las 'telecos' para RTVE
La Comisión considera que el nuevo modelo de financiación de la radiotelevisión pública es "incompatible" con las normas comunitarias
La Comisión Europea (CE) ha decidido hoy llevar al Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TUE) la tasa que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha impuesto a los operadores de telecomunicaciones tras la supresión de la publicidad en RTVE. Bruselas considera que este canon es "incompatible con las normas de la UE en materia de telecomunicaciones, que disponen a que las tasas específicas cobradas a los ope...
La Comisión Europea (CE) ha decidido hoy llevar al Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TUE) la tasa que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha impuesto a los operadores de telecomunicaciones tras la supresión de la publicidad en RTVE. Bruselas considera que este canon es "incompatible con las normas de la UE en materia de telecomunicaciones, que disponen a que las tasas específicas cobradas a los operadores estén relacionadas directamente con la cobertura de los costes de regular el sector", asegura la CE en un comunicado.
El Ejecutivo comunitario ha denunciado también ante el TUE el modelo de financiación de la televisión pública francesa, en el que se basa el español. En octubre pasado, la Comisión ya emplazó a las autoridades francesas y españolas a suprimir esos impuestos, pero tanto París como Madrid han desoído esta petición, por lo que Bruselas ha decidido trasladar el caso a la justicia.
El ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, se reunió el 1 de febrero con la comisaria de Telecomunicaciones, Neelie Kroes, para defender la legalidad del canon español y ofreció introducir "algunas precisiones técnicas" con el fin de evitar una denuncia ante el TUE. Jáuregui alegó que el nuevo sistema de financiación de RTVE "no violenta los tratados ni las directivas" de la UE.
El derecho comunitario establece que las tasas específicas cobradas a los operadores de telecomunicaciones deben estar directamente relacionadas con la cobertura de los costes administrativos y reglamentarios de la regulación del propio sector, y no ser destinadas para otros objetivos. Y con el fin de financiar la televisión pública -de ahí la ilegalidad- entró en vigor hace un año la ley que fija una tasa del 0,9% de los ingresos brutos de los operadores de telecos, unos 230 millones de euros en 2010, según cálculos de la Comisión. Junto a los operadores de telecomunicaciones, las cadenas privadas deben aportar el 3% de sus ingresos para compensar la supresión de la publicidad en TVE y las de pago, el 1,5%.
Kroes lanzó el expediente contra España en marzo de 2010, y aseguró entonces que el impuesto a las telecos "parece afectar indebidamente a los operadores de telecomunicaciones, pudiendo limitar sus inversiones en nuevas redes y servicios avanzados, y penalizando en definitiva a sus clientes".