Sevilla excluye a las prostitutas de las multas por explotación sexual
Las sanciones, de hasta 3.000 euros, van dirigidas a clientes y proxenetas
El Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por PSOE e IU, ha aprobado la ordenanza contra la explotación sexual, que excluye a las prostitutas, a las que considera víctimas, y se centra en clientes y proxenetas, que podrán ser sancionados con multas de entre 750 y 3.000 euros.
La ordenanza se aplicará en los espacios públicos y en los privados "donde se realicen conductas o actividades que afecten o puedan afectar negativamente a la convivencia y al civismo".
La norma prohíbe "solicitar, negociar o aceptar, directa o indirectamente, servicios sexuales", "mantener relaciones sexuale...
El Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por PSOE e IU, ha aprobado la ordenanza contra la explotación sexual, que excluye a las prostitutas, a las que considera víctimas, y se centra en clientes y proxenetas, que podrán ser sancionados con multas de entre 750 y 3.000 euros.
La ordenanza se aplicará en los espacios públicos y en los privados "donde se realicen conductas o actividades que afecten o puedan afectar negativamente a la convivencia y al civismo".
La norma prohíbe "solicitar, negociar o aceptar, directa o indirectamente, servicios sexuales", "mantener relaciones sexuales mediante retribución por ellas en espacio público" y "las conductas que puedan considerarse favorecedoras o que promuevan el consumo de la prostitución".
Las conductas descritas serán consideradas como infracciones graves y sancionadas con multas de entre 750,01 a 1.500 euros, que se elevarán hasta de 1.500,01 a 3.000 si son consideradas muy graves, como en el caso de que se lleven a cabo en espacios situados a menos de 200 metros de centros docentes y otros espacios con afluencia de público infantil y juvenil.
El objetivo de la ordenanza "es preservar el espacio público como lugar de convivencia, civismo e igualdad, evitando actividades de explotación sexual que difunden una imagen del ser humano, muy especialmente de la mujer, como mero objeto sexual y perturban la convivencia social".
"La mujer en situación de prostitución debe considerarse como víctima, ya que la prostitución es una forma extrema de violencia de género. En este contexto donde hay que considerar como beneficiarios de la explotación sexual tanto al proxeneta como al cliente", se afirma en la norma.