El Supremo resolverá el 26 de enero los recursos sobre Educación para la Ciudadanía
El Tribunal se pronunciará en relación con el derecho a la objeción de conciencia de la asignatura en Andalucía y Asturias
La sala tercera del Tribunal Supremo resolverá en pleno el próximo 26 de enero los cuatro recursos de casación interpuestos frente a sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía y Asturias en relación con el derecho a la objeción de conciencia de la asignatura Educación para la Ciudadanía.
El TSJ de Andalucía ha reconocido el derecho a objetar contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía, mientras que el de Asturias se ha opuesto al derecho de objeción.
El pasado mes de marzo, el TSJ de Andalucía reconoció a unos padres el derecho a objetar con la asig...
La sala tercera del Tribunal Supremo resolverá en pleno el próximo 26 de enero los cuatro recursos de casación interpuestos frente a sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía y Asturias en relación con el derecho a la objeción de conciencia de la asignatura Educación para la Ciudadanía.
El TSJ de Andalucía ha reconocido el derecho a objetar contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía, mientras que el de Asturias se ha opuesto al derecho de objeción.
El pasado mes de marzo, el TSJ de Andalucía reconoció a unos padres el derecho a objetar con la asignatura por considerar que "emplea conceptos de indudable trascendencia ideológica y religiosa como son la ética, la conciencia moral o los conflictos morales", según informa EFE. La Sala de lo Contencioso de ese tribunal basó su decisión en las doctrinas del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para equiparar el derecho a oponerse a esta asignatura con el derecho a la objeción a cualquier asunto que pertenezca al "claustro íntimo de creencias".
En Asturias, el TSJ desestimó los recursos de padres de alumnos. que consideraban que Educación para la Ciudadanía iba contra su libertad de conciencia y sus convicciones morales, y reconoció el derecho del Estado a regular las materias y contenidos de la enseñanza.