El Gobierno aprueba el decreto para la reducción de gases de efecto invernadero
Las empresas que no cumplan la normativa podrán ser sancionadas con multas de hasta dos millones de euros
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, en su primera reunión tras las vacaciones, un decreto-ley que incorpora las medidas para hacer efectivo el compromiso de reducir la emisión de gases invernaderos en el marco del Protocolo de Kioto.
El decreto incorpora a la legislación española la directiva europea sobre comercio de emisiones, que constituye el armazón jurídico del Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión, que recibirá el visto bueno en el próximo Consejo de de Ministros.
El decreto, que deberá ser convalidado por el Parlamento, establece los trámites para que la...
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, en su primera reunión tras las vacaciones, un decreto-ley que incorpora las medidas para hacer efectivo el compromiso de reducir la emisión de gases invernaderos en el marco del Protocolo de Kioto.
El decreto incorpora a la legislación española la directiva europea sobre comercio de emisiones, que constituye el armazón jurídico del Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión, que recibirá el visto bueno en el próximo Consejo de de Ministros.
El decreto, que deberá ser convalidado por el Parlamento, establece los trámites para que las empresas soliciten los derechos de emisión y fija las sanciones en caso de que contaminen más de lo autorizado. Las instalaciones que cometan infracciones muy graves podrán recibir multas de hasta 2 millones de euros y ser cerradas por un periodo máximos de dos años.
Las empresas deberán solicitar antes del 30 de septiembre a las Comunidades Autónomas la preceptiva autorización para emitir. En paralelo y antes de la misma fecha, cada instalación tendrá que solicitar derechos de emisión a la Administración central, que decidirá antes de final de año el volumen asignado.
El plan, que se remitió a la Comisión Europea a principiosde agosto, persigue que las emisiones en el periodo 2008-2012 no aumenten más de un 24% respecto a las de 1990. España se había comprometido a que sus emisiones contaminantes no crecieran más del 15%, por lo que la diferencia se compensará con los llamados mecanismos de flexibilidad.