El Parlamento pide que se tipifique como delito la apología de la violencia doméstica

La comisión mixta de Derechos de la Mujer eleva al Congreso un informe con 59 recomendaciones fruto de dos años de trabajo

La comisión mixta de Derechos de la Mujer (Congreso-Senado) ha pedido que se tipifique como delito la apología de la violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones, incluida la audiovisual y ha asegurado que esta violencia "es un atentado contra la paz y la democracia".

Ésta es una de las 59 recomendaciones del informe de la Ponencia sobre la erradicación de dicha violencia, aprobado esta mañana por asentimiento en el seno de la citada comisión. El documento servirá de base para el trabajo de la Subcomisión especial del Congreso creada recientemente para analizar este tema y ...

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La comisión mixta de Derechos de la Mujer (Congreso-Senado) ha pedido que se tipifique como delito la apología de la violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones, incluida la audiovisual y ha asegurado que esta violencia "es un atentado contra la paz y la democracia".

Ésta es una de las 59 recomendaciones del informe de la Ponencia sobre la erradicación de dicha violencia, aprobado esta mañana por asentimiento en el seno de la citada comisión. El documento servirá de base para el trabajo de la Subcomisión especial del Congreso creada recientemente para analizar este tema y que remitirá sus propuestas legislativas al pleno de la Cámara Baja.

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La ponencia que ha invertido dos años de trabajo en este informe y ha oído a mas de medio centenar de comparecientes (entre expertos, ongs de mujeres, profesionales educativos, sanitarios, policiales

judiciales..) defiende que las faltas en el ámbito familiar se tipifiquen como delitos y que sea preceptiva la realización de dictámenes de los médicos forenses en todos los casos de agresión o malos tratos, "sobre todo" en los daños psíquicos.

Insiste en que el ministerio fiscal persiga de oficio los delitos en el ámbito de la violencia doméstica y estima que el forense debe citar en el juzgado al agresor "para que, aparte de tomarle declaración, estudie y valore su peligrosidad", y agilizar "la inmediata separación" del mismo del domicilio familiar.

Controles en la conducta de los agresores

El informe recomienda también que se prevea "expresamente" la suspensión y privación de los derechos inherentes a la "patria potestad, tutela, curatela, guarda y acogimiento" y se realicen controles de la evolución de la conducta de los agresores en relación al cumplimiento de las medidas cautelares.

A su juicio, el ministerio fiscal debe coordinar permanentemente la jurisdicción civil y penal y hay que contemplar la posibilidad de que el juez civil que lleve el proceso de separación, nulidad o divorcio, pueda decretar por la vía cautelar urgente, la detención del agresor.

En materia de protección y asistencia a las víctimas y testigos, consideran que se debe permitir la compatibilización de las ayudas públicas y de asistencia a las víctimas con las indemnizaciones de responsabilidad civil, y reforzar medidas como los cambios de identidad o los sistemas de tele alarma.

En ese sentido, sugieren crear un sistema de vigilancia y localización electrónica del maltratador cuando se acuerde su libertad provisional. La Ponencia entiende, por último que la violencia doméstica es "un atentado contra la paz y la democracia" y que por tanto el Estado debe considerar esta materia desde la perspectiva de que es una "vulneración de los derechos y libertades individuales defendidos por la Constitución".