El PSOE exige que se pare el debate sobre la Ley de Calidad hasta que haya memoria económica
Los socialistas dicen estar dispuestos a llegar al Tribunal Constitucional ya que piensan que la falta de la memoria vulnera la legislación
El PSOE ha pedido hoy que se paralice la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de Calidad de la Educación hasta que el Congreso disponga de la memoria económica que cuantifica sus gastos, y ha advertido advirtió que solicitará amparo al Tribunal Constitucional (TC) si la Cámara no atiende esta petición.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado a la Mesa del Congreso un escrito en el que argumenta la obligación legal del Gobierno de adjuntar una memoria económica a los proyectos de ley, según establece la Constitución, el Reglamento de la Cámara, la Ley 50/1997, así como e...
El PSOE ha pedido hoy que se paralice la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de Calidad de la Educación hasta que el Congreso disponga de la memoria económica que cuantifica sus gastos, y ha advertido advirtió que solicitará amparo al Tribunal Constitucional (TC) si la Cámara no atiende esta petición.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado a la Mesa del Congreso un escrito en el que argumenta la obligación legal del Gobierno de adjuntar una memoria económica a los proyectos de ley, según establece la Constitución, el Reglamento de la Cámara, la Ley 50/1997, así como el dictamen que el Consejo de Estado ha elaborado sobre la reforma educativa. En conferencia de prensa, el portavoz parlamentario del PSOE, Jesús Caldera, ha calificado de "inadmisible" que la reforma educativa entre en la Cámara Baja sin memoria económica que cuantifique los gastos de su aplicación, porque "atenta contra el sentido común y viola la legalidad".
Para Caldera, quien ha comparecido con la secretaria de la Ejecutiva en Educación, Carme Chacón, la situación es "más grave" porque "no ha sido un olvido", sino que "la memoria económica se oculta deliberadamente a los ciudadanos y al Congreso porque el Gobierno sabe que habrá una movilización social" al descubrirse que los fondos son "ridículos y el aumento del presupuesto va a la escuela privada".
Amparo del Tribunal Constitucional
La Cámara precisa de los elementos de juicio necesarios para pronunciarse sobre esta reforma y "¿qué pretende el Gobierno, que los diputados trabajen sin conocer los costes?", se han preguntado los responsables socialistas. Caldera ha manifestado sus sospechas de que la petición no va a ser atendida por la presidenta del Congreso, Luisa Fernanda Rudi, tal como ha ocurrido con el "decretazo", uno de los "precedentes" de reformas (en forma de decreto ley) llevadas al Congreso sin justificación de gastos.
Por ello, el PSOE advierte que solicitará el amparo del Tribunal Constitucional en septiembre, porque su pronunciamiento "marcaría un precedente para que nadie vuelva a vulnerar la ley", aunque no supondría la paralización del proceso.
No obstante, Chacón ha asegurado que "queremos aportar los esfuerzos del Grupo Parlamentario Socialista" para mejorar el proyecto de ley, que a su juicio "trasciende el ámbito educativo al abrir la brecha de las desigualdades sociales". En este sentido, la responsable socialista ha reiterado que el PSOE ha pedido la movilización ciudadana y "estará al lado de los derechos educativos" ante las protestas anunciadas para el otoño por sindicatos y estudiantes.
Intercambio de documentos
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha reconocido hoy que hubo un "intercambio" de documentos entre su ministerio y el de Educación acerca de la financiación de la Ley de Calidad de la enseñanza.
Según Montoro, la Ley de Calidad de la Enseñanza no lleva adjunta una memoria económica, pero sí una serie de documentos que hacen referencia a la financiación de la norma. El ministro de Hacienda ha criticado a la responsable socialista de educación, Carme Chacón por "hablar de lo que no ha existido".