Save the Children denuncia la lentitud de la justicia española en los casos de pederastia
La organización no gubernamental señala que entre el 80% y el 90% de los abusos a menores se producen en el entorno familiar
Los menores que han sufrido abusos sexuales tienen que esperar, en muchos casos, hasta cinco años para que los tribunales españoles dicten sentencia. Además, han de enfrentarse a un proceso judicial en el que no siempre se respetan sus derechos, según un informe presentado hoy por Save the Children en Madrid.
Los únicos datos disponibles señalan que un 23% de las niñas y un 17% de los niños han padecido abusos antes de alcanzar la mayoría de edad.
El informe Niños y niñas víctimas de abuso sexual y el procedimiento judicial, realizado por miembros de esta organización junt...
Los menores que han sufrido abusos sexuales tienen que esperar, en muchos casos, hasta cinco años para que los tribunales españoles dicten sentencia. Además, han de enfrentarse a un proceso judicial en el que no siempre se respetan sus derechos, según un informe presentado hoy por Save the Children en Madrid.
Los únicos datos disponibles señalan que un 23% de las niñas y un 17% de los niños han padecido abusos antes de alcanzar la mayoría de edad.
El informe Niños y niñas víctimas de abuso sexual y el procedimiento judicial, realizado por miembros de esta organización junto con 40 profesionales del Derecho, pone de manifiesto que los niños que han sufrido abusos deben someterse, al menos, a cinco interrogatorios durante todo el proceso judicial, en los que tienen que rememorar unos hechos traumáticos.
La dilatación del proceso también dificulta la condena porque en estos casos la principal prueba es la declaración del menor, que va perdiendo consistencia con el tiempo. Además, muchas veces por falta de recursos y otras por falta de sensibilización, no se articulan medidas protectoras del menor durante su declaración, como la utilización de biombo o el uso de un lenguaje comprensible, según esta ONG.
Otra de las carencias más graves del sistema judicial, es la falta de una alternativa terapéutica para el menor cuando termina el proceso judicial. En este sentido, Save the Children alerta de la necesidad de establecer un centro de referencia al menos por cada comunidad autónoma donde se ofrezcan estos tratamientos, así como tratamientos para los agresores. En la actualidad, sólo existen estos centros en País Vasco y Valencia, y los agresores pueden someterse voluntariamente a rehabilitación en unas cinco cárceles españolas.
Abusos a discapacitados
Pepa Horno, responsable de la Campaña de Prevención de Abuso Sexual de Save the Children, ha explicado que entre el 80% y el 90% de los abusos son practicados dentro del entorno familiar o próximo del menor, es decir, por padres, abuelos o profesores. Además, ha destacado que no hay un perfil del menor acosado, sino que cualquier niño es susceptible de sufrir esta situación.
Los niños discapacitados, tanto físicos como psíquicos, son un "objetivo fácil" para los acosadores, puesto que normalmente tienen grandes limitaciones para denunciar los hechos, según Horno.
"Los abusadores buscan niños fáciles, como los discapacitados porque no se podrán revelar contra ellos ya que sus posibilidades de denuncia son muy limitadas", ha recalcado. A su juicio, el abuso sexual es "especialmente grave cuando se produce a estas personas", puesto que, además de un delito, es una actuación moralmente repugnante.