Francia se convierte en el primer país que podría tomar medidas legales contra Shein
Un proyecto de ley presentado el pasado jueves obligaría a subir progresivamente los precios de las plataformas que ofertan miles de prendas baratas nuevas al día
Se estima que Shein tiene casi medio millón de referencias distintas en su web y que cada día oferta unos 7.000 productos nuevos. Es una de las marcas líder de lo que se conoce como ultra fast-fashion, un modelo de negocio basado en precios muy bajos y amplísimas tiradas de producto. Ahora la empresa, siempre en el punto de mira por la opacidad de sus dinámicas de producción, podría enfrentarse a su primer obstáculo legal...
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Se estima que Shein tiene casi medio millón de referencias distintas en su web y que cada día oferta unos 7.000 productos nuevos. Es una de las marcas líder de lo que se conoce como ultra fast-fashion, un modelo de negocio basado en precios muy bajos y amplísimas tiradas de producto. Ahora la empresa, siempre en el punto de mira por la opacidad de sus dinámicas de producción, podría enfrentarse a su primer obstáculo legal.
El pasado jueves, Christophe Béchu, Ministro francés de transición ecológica y desarrollo sostenible, presentó un proyecto de ley que fue aprobado por unanimidad: las empresas que oferten más de mil productos diarios tendrán que aumentar su precio progresivamente, llegando hasta los diez euros más por pieza de aquí a 2030, un modo de disuadir al consumidor y de limitar la presencia de este tipo de marcas en el país. “El problema de estas plataformas es que su número de referencias es apabullante, y sus productos pueden estar fabricados con un 95% de plásticos”, ha declarado el ministro a Le Figaro, añadiendo que esta medida está también enfocada a “reconstruir la industria textil francesa”.
Lo cierto es que Francia es el país que por ahora más está haciendo respecto a los estragos que la moda rápida causa en el entorno. El pasado verano, el gobierno creó un fondo de 154 millones de euros para incentivar que los usuarios reparen su ropa y su calzado, otorgando entre 10 y 15 euros a aquellos que quieran arreglar una prenda. Son los primeros también en haber aplicado algunas cláusulas de la ley europea de responsabilidad ampliada del productor (RAP): desde enero de 2023, los fabricantes están obligados a detallar las características de los envases y productos que ofertan, en informes que se renuevan cada cinco años.
En el ámbito privado, la plataforma francesa Vestiaire Collective, una de las principales webs de reventa de segunda mano del mundo, anunció el pasado otoño que vetaba a los productos de Inditex. H&M o Gap, entre otros, por ser considerados ‘moda rápida’. Su criterio se basaba en la rapidez de cambio y distribución de colecciones y, por supuesto, en los precios. Esta nueva medida legal, de aplicarse, no afectará sin embarg a estas marcas, dado que su volumen de producción no es tan desmedido como el de Shein o Temu.
Shein, por su parte, según confirmaba Reuters, ha emitido un comunicado al respecto diciendo que la medida “afecta al poder adquisitivo de la población francesa”, dado que se les ‘obliga’ a consumir prendas más caras y que “sus dinámicas de producción cumplen los requisitos de sostenibilidad”. Sin embargo, cuando la empresa china quiso salir a Bolsa en Nueva York el año pasado, acabó retirando la propuesta ya que no supo alcanzar los niveles de transparencia fiscal necesarios para cotizar en Wall Street.