Cómo las tecnológicas interfieren en política: “Es el mayor retroceso de derechos digitales en la historia de Europa”

Las empresas tecnológicas gastan cada vez más dinero en presionar a los europarlamentarios y el marco normativo digital de la Unión Europea está recibiendo un apremio sin precedentes. A esta conclusión ha llegado un estudio del Corporate Europe Observatory y LobbyControl, apoyado en el Registro de Transparencia de la UE. El gasto del lobby de la industria digital ha pasado de 113 millones de euros en 2023 a 151 millones de euros en la actualidad. Eso supone un aumento del 33,6% en solo dos años y un incremento del 56% si se compara con 2021. ¿Las que más gastan? Meta, Microsoft, Apple y Amazon, con más de 31 millones de euros entre las cuatro.

El fin de la presión a los políticos es, según los autores del estudio, desregularizar el marco legislativo. Desde 2016, con la Ley de Protección de Datos, la Unión Europea ha desplegado un paquete de reglas con un impacto real en modelos de negocio. Hay dos leyes que no gustan a las Big Tech: la Ley de Servicios Digitales (DSA), que protege a los consumidores y defiende sus derechos en línea, y la Ley de Mercados Digitales (DMA), que busca regular el funcionamiento de las grandes tecnológicas en el marco europeo. Estas normas amenazan los ingresos, el control de los datos o las ventajas de las plataformas.

El 10% de los ingresos de Meta procede de anuncios de estafas y productos prohibidos, un total de 15.000 millones de anuncios fraudulentos cada día, según un estudio de Reuters. La DSA pretende abordar este tipo de contenidos ilegales obligando a las plataformas a eliminar estafas y publicaciones falsas. Suprimir este tipo de leyes da margen a las grandes tecnológicas para operar sin cortapisas.

Empresas como Google, Amazon, Meta, Apple o Microsoft mantienen casi dos reuniones diarias con eurodiputados, según los datos del Registro de Transparencia. Y están dando sus frutos: la UE ya ha concedido a las tecnológicas 16 meses más para que su inteligencia artificial “de alto riesgo” cumpla con la normativa. Solo diez empresas ―entre ellas la española Telefónica, que gasta dos millones anuales― concentran un tercio del gasto del lobby de toda la industria tecnológica en Europa y eclipsan al resto. Los 10 millones de Meta la coronan como la mayor compañía individual en gasto de lobby en la UE. Cinco de seis de las empresas que más gastan en presionar son tecnológicas.

A esta ola de desregularización se le conoce como ómnibus digital, que en la práctica aplaza los requisitos de transparencia y las sanciones a las corporaciones tecnológicas. Esto puede erosionar la ambiciosa visión ética que inspira el Reglamento europeo sobre IA en agosto de 2024. Se produce, además, a la vez que Europa ha cedido ante las empresas y ha rebajado las exigencias medioambientales. Según la UE, la intención es reducir la carga regulatoria y corregir duplicidades o lagunas legales.

El poder de las reuniones

El lobby en la Unión Europea está permitido y regulado. Fuera del oscurantismo de la palabra, se presupone que es conveniente para que la acción pública proteja el interés general. Es un oficio tan viejo como el arte de la política. El problema estriba en que, más que advertir de problemas a políticos o alimentar el debate público, los empresarios logran cambios regulatorios para beneficiar a una compañía concreta. Y cada vez hay más: si en 2023 el sector empleaba a 699 lobbistas, la cifra crece hasta los 890. Actualmente, hay más lobistas contratados a tiempo completo influyendo en las políticas digitales que eurodiputados en el Parlamento.

“La industria tecnológica está utilizando su considerable poder de presión para influir en todos los niveles de la toma de decisiones de la UE, desde funcionarios de la Comisión hasta eurodiputados”, explica a EL PAÍS Bram Vranken, uno de los autores del estudio del Corporate Europe Observatory. Esto, según el investigador, tiene consecuencias concretas y ya palpables: “La Comisión ha propuesto un debilitamiento drástico de la legislación digital, lo que implica que los datos personales de las personas se utilizarán para entrenar sistemas de IA, que estarán cada vez más expuestas a sistemas de toma de decisiones automatizadas, como los despidos automatizados”. Cada vez será más difícil saber qué datos personales están siendo recopilados o no por las corporaciones.

Este retroceso, considera Vranken, es “el mayor recorte de derechos digitales en la historia de Europa y ha sido impulsado mediante una labor de presión por parte de las tecnológicas, además de contar con el apoyo de Trump”. “La concentración de poder económico amenaza la gobernanza democrática”, critica sobre el oligopolio. Y añade que no solo pasa en Europa: “Desde Estados Unidos hasta Latinoamérica, estas compañías están incrementando rápidamente su poder de lobby frente a las crecientes críticas a sus prácticas empresariales y la aparición de nuevas regulaciones”.

“El sector percibe que lo que está en juego en Bruselas equivale a miles de millones en valor: multas, cuotas de mercado, acceso a datos, fricciones de cumplimiento, ‘default choices’ y diseño de productos”, reflexiona al respecto Pablo Arce, profesor de Política Económica en la UCM. El problema no es que hablen con Bruselas, sino que pueden hacerlo diariamente y con una sofisticación inigualable.

El lobby es capaz de moldear la implementación de las leyes: “Si el sector con más recursos se sienta cada día con decisores y equipos técnicos, tiende a influir no solo en el texto final, sino en la parte más determinante: cómo se interpreta y cómo se aplica”, apunta Arce. Si bien este experto reconoce que el lobby puede aportar datos técnicos, sí señala sus objetivos estructurales: “Menos obligaciones y más margen interpretativo”. Vranken añade que “las empresas quieren evitar la legislación a toda costa para preservar sus márgenes de beneficio y su modelo de negocio”.

La clave de la influencia está en la redacción de los textos y en pequeños tecnicismos. “Pequeñas frases como ‘cuando sea razonable’, ‘salvo que’ o ‘según interpretación’ cambian todo. También pueden empujar revisiones, consultas alargadas o priorizar la competitividad económica a los derechos”, explica Arce. Y destaca una clave sociológica, la narrativa pública: “Establecen marcos mentales, como que la regulación mata la innovación, que condiciona las decisiones políticas. Se vuelve problemático cuando hay captura: acceso desproporcionado, puertas giratorias u opacidad en financiación de terceros”. La transparencia es la clave, apunta.

Los eurodiputados que se reunieron con mayor frecuencia con lobistas de Big Tech durante los primeros seis meses pertenecían todos al Partido Popular Europeo (PPE): Jörgen Warborn (7 reuniones), Aura Salla (6 reuniones) y Pablo Arias Echeverría (5 reuniones). Las numerosas reuniones de Aura Salla con Big Tech “son especialmente llamativas”, destacan desde el estudio. La política finlandesa fue antes lobista en Meta y ha sido criticada por reproducir los argumentos de la industria. El estudio critica que continúen las reuniones con Amazon durante este año. Las acreditaciones del lobby de la empresa fueron retiradas en febrero de 2024, después de que la compañía de Bezos se negara a comparecer en un control parlamentario sobre las condiciones laborales de sus almacenes.

El interés en la IA

La inteligencia artificial se encuentra en plena regulación con el desarrollo del Código de Práctica (GPAI), que define las obligaciones de las empresas y afecta a sus costes, responsabilidades legales y velocidad en el despliegue. Esto choca con los intereses de las empresas tecnológicas, “inmersas en una carrera armamentística”, señala Vranken. Según el estudio del Corporate Europe Observatory, el asunto sobre el que más se presionó con diferencia durante la primera mitad del 2025 fue la inteligencia artificial, con 58 reuniones de la Comisión Europea en las que se mencionó este tema.

La IA ha estado presente en el 40% de todas las reuniones del sector digital con los políticos. “Quieren la menor regulación posible para poder rentabilizar al máximo sus inversiones”, asegura Vranken. “La IA no es un producto más, es una tecnología general que toca productividad, defensa, energía, educación, mercado laboral y, sobre todo, quién controla la infraestructura (chips, cloud, modelos, datos)”, opina Arce.

Para él, las consultoras de los grupos de presión son clave en la desregularización de las leyes de IA: “Una parte de la estrategia de las grandes tecnológicas consiste en financiar una amplia gama de grupos de presión para amplificar sus mensajes, por ejemplo financiando think tanks, encargando estudios económicos, contratando consultoras de lobby o apoyando una red de organizaciones de presión”. Las grandes tecnológicas gastan más de 9 millones de euros en contratar estas consultoras, según el estudio del Corporate Europe Observatory.

Pero no todo se mueve a favor de las tecnológicas. Corresponde al Parlamento Europeo frenar las propuestas de gran alcance de la Comisión y esas propuestas solo se logran con una mayoría formada por el centroderecha y la ultraderecha, ya que otros grupos políticos han anunciado su oposición al ómnibus digital. “Vemos que Meta ya está presionando a legisladores de extrema derecha”, advierte Vranken. ¿Qué más se puede hacer? “Reivindicar la aplicación de la normativa digital existente, pero también es vital informar, movilizar y presionar a los representantes de la UE para detener estos desarrollos peligrosos”, responde.

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