800.000 euros de fianza para uno de los cabecillas de la trama de los ataúdes de Valladolid

Uno de los principales sospechosos del caso ataúdes de Valladolid, Ignacio Morchón Alonso, podrá salir de prisión. Eso sí, deberá abonar antes la fianza de 800.000 euros que ha fijado la Audiencia Provincial de Valladolid, que considera que "se ha diluido" el riesgo de fuga del dueño de la funeraria El Salvador, imputado por urdir durante 20 años una supuesta trama para cambiar las cajas antes de la cremación. Los implicados metían los cadáveres en féretros baratos antes de incinerarlos, con el objetivo de revender los otros más caros comprados por los clientes.

Las pesquisas p...

Uno de los principales sospechosos del caso ataúdes de Valladolid, Ignacio Morchón Alonso, podrá salir de prisión. Eso sí, deberá abonar antes la fianza de 800.000 euros que ha fijado la Audiencia Provincial de Valladolid, que considera que "se ha diluido" el riesgo de fuga del dueño de la funeraria El Salvador, imputado por urdir durante 20 años una supuesta trama para cambiar las cajas antes de la cremación. Los implicados metían los cadáveres en féretros baratos antes de incinerarlos, con el objetivo de revender los otros más caros comprados por los clientes.

Las pesquisas policiales, bautizadas como Operación Ignis, se saldaron el pasado febrero con más de una quincena de detenidos, a los que se acusa de delitos de estafa, falsedad, contra la hacienda pública, blanqueo y organización criminal. El juez de instrucción número 6 de Valladolid calcula que los imputados dieron el cambiazo a cerca de 6.000 féretros entre 1995 y 2015. Los agentes encontraron un millón de euros en metálico durante los registros.

La Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional de Castilla y León arrestó entonces a Morchón, de 74 años, a su hijo Ignacio (47) y a su hija Laura (33). Y, desde entonces, el padre permanecía en prisión. Una situación que ahora puede revertirse. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial considera que el riesgo de fuga se ha reducido y, además, "puede neutralizarse con medidas menos gravosas para el derecho a la libertad", según ha informado este martes el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Los magistrados han valorado el arraigo familiar y social del imputado, sus problemas de salud y su edad; así como el hecho de que se le han embargado sus bienes. Además, los jueces consideran que no existe un riesgo importante de que "destruya pruebas relevantes" —"porque ya se ha intervenido toda la documentación encontrada"— y que influya en otros sospechosos o testigos.