Las personas con discapacidad intelectual se preparan para sus primeras elecciones

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Maribel Cáceres (33 años, Badajoz) tiene una sonrisa franca y la emoción a flor de piel. Esta activista con discapacidad intelectual ha dedicado su vida a la lucha por los derechos de las personas con problemas cognitivos. El pasado otoño recibió una gran noticia para su causa: ...

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Maribel Cáceres (33 años, Badajoz) tiene una sonrisa franca y la emoción a flor de piel. Esta activista con discapacidad intelectual ha dedicado su vida a la lucha por los derechos de las personas con problemas cognitivos. El pasado otoño recibió una gran noticia para su causa: el Congreso de los Diputados modificó la ley electoral para permitir que más de 100.000 discapacitados obtuvieran el derecho a voto, convirtiendo a España en el octavo país de la UE que permite a este electorado participar en las elecciones de pleno derecho. Pero las asociaciones del sector avisan de que “queda camino por recorrer” y critican la reciente instrucción de la Junta Electoral Central (JEC), que permitirá a los partidos identificar por su DNI a personas con discapacidad si consideran que no han votado libremente. “Un ataque discriminatorio”, aseguran.

“Tenemos derecho a cometer nuestros propios errores para aprender solos a no equivocarnos”. Así de tajante se muestra Cáceres cuando se le pregunta por la lucha diaria que viven las personas con discapacidad intelectual por su independencia social y judicial. Una lucha que, desde hace más de una década, se ha centrado mucho en conseguir el derecho a voto y que ha tenido como protagonistas a los afectados. No ha sido fácil. A pesar de que España ratificó en 2008 la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y estaba obligada a igualar sus derechos con los del resto de ciudadanos, ha tenido que pasar más de una década y muchas movilizaciones para que por fin, en 2018, el Congreso modificara la LOREG y acabara con la incapacitación judicial de cientos de miles de personas.

La incapacitación judicial que se aplicaba a los discapacitados intelectuales solo se producía si lo pedía la familia del afectado, pero muchas veces ésta venía motivada por una recomendación de un médico o un abogado. Pensada en principio para proteger a estas personas de posibles timos o engaños relacionados con su dinero, la incapacitación incluía la retirada del derecho a voto, algo que desconocían muchos progenitores cuando la pedían. Como explica Antonio Hinojosa (35 años, Madrid), también activista con discapacidad, el impulso para acabar con este "abuso" llegó con el caso de Mara, una joven gallega con retraso madurativo. Sus padres pidieron la incapacitación parcial para proteger su patrimonio, pero querían que mantuviera su derecho a voto, algo que se le fue denegando en todas las instancias judiciales.

No tuvieron éxito, pero su lucha proporcionó visibilidad y permitió que el PSOE hiciera suya la causa en la Asamblea de Madrid. Con la ayuda de asociaciones del sector como Cermi o Plena Inclusión, la diputada regional Mónica Silvana, consiguió que se instara al Congreso a modificar la Ley General del Régimen Electoral (LOREG). La propuesta salió adelante con el apoyo de todos los grupos, una unanimidad que fue clave para su posterior éxito en la cámara baja, donde se aprobó tras un año de trámites interrumpidos por la moción de censura y “a pesar de ciertas resistencias del PP”, explica Silvana.

Hinojosa ha podido votar y ha votado siempre, porque sus padres no le incapacitaron, pero para Cáceres es la primera vez y está “algo nerviosa” aunque con “mucha emoción”. “A mi me interesa la política, en mi casa siempre se ha seguido mucho” asegura la activista extremeña, que fue incapacitada por recomendación de un médico de familia sin que su familia entendiera demasiado bien las consecuencias. Lo que ambos activistas dejan claro es que conocen la importancia de poder votar. “Lo importante es que se nos escuche y respete, como a un ciudadano más”, apostilla Hinojosa, que entiende bien las diferencias entre ideologías y concluye que “los partidos de izquierdas siempre se han interesado más por nosotros”.

Hacia la plena accesibilidad

Los dos activistas coinciden en señalar que, con la inclusión de las personas discapacitadas como votantes de pleno derecho, crecerá la importancia de otras luchas del sector y la preocupación de los partidos políticos por sus reclamaciones, como la prohibición de la esterilización forzosa o la accesibilidad de administración y medios de transporte. “Nos van a tener más en cuenta”, considera Cáceres.

Eso sí, con el derecho a voto no se ha cerrado el camino a la accesibilidad. La reciente decisión de la JEC es un obstáculo importante. Según Inés de Araoz, abogada experta en temas de discapacidad, “los países pueden limitar el derecho a voto pero no sobre la base de una discriminación a un grupo concreto”, como ocurre en este caso. La jurista apunta que la instrucción de la Junta supone en la práctica que personas sin capacitación, como los apoderados, puedan decidir, básandose en criterios subjetivos, si una persona vota libremente, algo que considera un “abuso del derecho”.

No es la única traba. Para lograr votar en igualdad de condiciones, las personas con discapacidad necesitan accesibilidad: programas electorales simplificados, clasificación por colores de las papeletas, señalización accesible de las mesas electorales… A través de la campaña Mi voto cuenta, asociaciones como Plena Inclusión intentan conseguir que estas propuestas sean una realidad, y ya han conseguido que partidos como el PSOE o Podemos adapten sus programas a la lectura fácil. Sin embargo, De Araoz apunta que queda lo más complicado de todo: “Superar un modelo cultural que sospecha de las personas con discapacidad”. E Hinojosa añade que lo más importante para lograrlo es la “visibilidad” y cita el éxito de Campeones. “Es el ejemplo de que, si nos lo proponemos, podemos hacer lo que queramos, incluso una película”, concluye con una sonrisa.