Anticorrupción apoya que Ignacio González sea puesto en libertad bajo fianza de 400.000 euros
Encarcelado desde abril por el ‘caso Lezo’, el expresidente madrileño había pedido en octubre por tercera vez su excarcelación
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un informe en la Audiencia Nacional por el que respalda la puesta en libertad provisional de Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, si deposita antes una fianza de 400.000 euros. Encarcelado desde el pasado mes de abril por su implicación en el caso Lezo, González había solicitado en tres ocasiones su excarcelación. Hasta ahora, el juez instructor del sumario, Manuel García-Castellón, y los magistrados de la sala de la Audiencia Nacional que habían visto sus posteriores recursos habían rechazado estas peticiones con el apoyo ...
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un informe en la Audiencia Nacional por el que respalda la puesta en libertad provisional de Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, si deposita antes una fianza de 400.000 euros. Encarcelado desde el pasado mes de abril por su implicación en el caso Lezo, González había solicitado en tres ocasiones su excarcelación. Hasta ahora, el juez instructor del sumario, Manuel García-Castellón, y los magistrados de la sala de la Audiencia Nacional que habían visto sus posteriores recursos habían rechazado estas peticiones con el apoyo de la fiscalía. El político lo había vuelto a solicitar el pasado 26 de octubre en un escrito en el que alegaba que no había pruebas de su implicación en la trama y rechazaba que tuviera intención de fugarse.
Con esta última petición, Anticorrupción ha cambiado de parecer y este martes se ha mostrado partidario de acordar la libertad con fianza, según ha informado la Fiscalía General del Estado. No obstante, el Ministerio Público insiste en su informe en que persisten “consistentes elementos probatorios de la actividad delictiva de Ignacio González” y que las pesquisas han puesto de relieve que el expresidente madrileño podría tener “un significativo patrimonio oculto tras entramados societarios radicados en paraísos fiscales”.
La Fiscalía considera que esto último, junto al hecho de que la condena que se le puede imponer por los graves hechos de que se le acusan puede ser superior a los 20 años de cárcel, mantiene el riesgo de fuga, "sin que el arraigo familiar del investigado lo haga desaparecer". No obstante, Anticorrupción valora que este riesgo ha disminuido por el transcurso del tiempo desde su detención y el avance de la instrucción judicial en los últimos meses. Además, recalca que la posibilidad de que vuelva a delinquir por el posible manejo de fondos en el extranjero también se ha reducido gracias a la actuación judicial coordinada con países como Colombia y Panamá, donde supuestamente la trama ocultaba fondos.
Por todo ello, la fiscalía concluye que se impone "la necesidad de acomodar la situación personal del investigado al presente estado de las actuaciones procesales, estableciendo unas medidas menos restrictivas de sus derechos fundamentales, garantizando al tiempo su sujeción al proceso". Por ello, respalda la puesta en libertad provisional si antes deposita una fianza de 400.000 euros.