España es un mandarinato. En comparación con otros países, los altos funcionarios de la Administración, los mandarines, acumulan mucho poder político. Solo hace falta ver los perfiles profesionales de los ministros de cualquier Gobierno desde la Transición. O antes. Pues desde la antigua Administración imperial china cuesta imaginar unos Gobiernos más dominados por altos funcionarios que los de las últimas décadas del franquismo.
Sin duda, hemos de agradecer la contribución de nuestros mandari...
España es un mandarinato. En comparación con otros países, los altos funcionarios de la Administración, los mandarines, acumulan mucho poder político. Solo hace falta ver los perfiles profesionales de los ministros de cualquier Gobierno desde la Transición. O antes. Pues desde la antigua Administración imperial china cuesta imaginar unos Gobiernos más dominados por altos funcionarios que los de las últimas décadas del franquismo.
Sin duda, hemos de agradecer la contribución de nuestros mandarines al desarrollo del país. El milagro económico español, como el milagro asiático de Japón, Corea o Taiwan, debió mucho a sus funcionarios. En condiciones políticas pre y posdemocráticas, los mandarines han sido capaces de someter la inmensa mayoría de las actuaciones públicas al principio de legalidad, poniendo los fundamentos jurídicos de una sociedad moderna y abierta. Pero, a diferencia de esos países asiáticos, aquí los funcionarios son más objeto de burla y desprecio que de aprecio y gratitud.
Nuestros funcionarios han sostenido el Estado de derecho contra viento y marea. Todas las democracias sufren lo que se puede llamar una crisis de adolescencia. Pasada la transición, llega al poder una fuerza política arrebatadora que siente que puede adueñarse de la maquinaria estatal. Muchos Estados no lo resisten y el país acaba deslizándose por la senda del autoritarismo, como varios países del este de Europa en estos momentos, o de las democracias disfuncionales, de Grecia a Sudáfrica, pasando por América Latina o el sudeste asiático.
España ha resistido, en parte gracias a la profesionalidad de nuestros funcionarios. Los grandes partidos han intentado colonizar las instituciones, desgraciadamente con bastantes éxitos, de la televisión pública a todo tipo de órganos reguladores. Y en las comparativas internacionales, nuestras instituciones públicas aparecen como más politizadas que las danesas. Pero a la altura de Francia, Bélgica o Austria.
Sí, tenemos margen de mejora, como señalan los naranjitos. Es decir, los reformistas que, como el partido Ciudadanos, quieren transformar la Administración pública española siguiendo los patrones de las anglosajonas y nórdicas. Unas Administraciones más parecidas a empresas privadas, que no solo se preocupen de cumplir la ley al pie de la letra, sino que persigan una gestión eficaz y eficiente. Por ejemplo, introduciendo métodos de acceso al empleo público más abiertos, ágiles y transparentes, que eviten tanto la rigidez y lentitud de las oposiciones como la opacidad de la libre designación.
Escuchemos a los naranjitos. Un Estado moderno, que presta complejos servicios de bienestar, no puede mantenerse aferrado al principio de legalidad propio de un Estado que dispensa solo seguridad y justicia a sus súbditos. Pero también hay que escuchar a los mandarines. Como los administradores civiles del Estado, autores del libro colectivo Nuevos tiempos para la función pública (de próxima publicación), que proponen una modernización sustantiva de la Administración manteniendo las bases de la función pública.
Reformistas de fuera y dentro de la Administración coinciden en un punto esencial. España necesita crear unos directivos públicos que, con unos mandatos fijos e independientes del ciclo electoral, actúen de puente, y de cortafuegos, entre cargos políticos y funcionarios. Debe ser la prioridad de esta legislatura. Al fin y al cabo, nos gobierna una coalición de mandarines y naranjitos.
Víctor Lapuente es profesor de Buen Gobierno en la Universidad de Göteborg (Suecia)