El Constitucional acepta el recurso del Gobierno contra la jornada de 35 horas de los funcionarios
El Tribunal tiene cinco meses para avalar o no la legalidad de esta medida adoptada por Castilla-La Mancha y País Vasco
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite este martes el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno contra la jornada de 35 horas semanales de los funcionarios, adoptada por Castilla-La Mancha y, posteriormente, País Vasco. El Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó un real decreto el 21 de febrero de 2012 en el que incrementó hasta las 37,5 horas su tiempo de trabajo.
Castilla-La Mancha fue la primera autonomía, en diciembre de 2015, que decidía devolver a sus trabajadores la...
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite este martes el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno contra la jornada de 35 horas semanales de los funcionarios, adoptada por Castilla-La Mancha y, posteriormente, País Vasco. El Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó un real decreto el 21 de febrero de 2012 en el que incrementó hasta las 37,5 horas su tiempo de trabajo.
Castilla-La Mancha fue la primera autonomía, en diciembre de 2015, que decidía devolver a sus trabajadores la jornada de 35 horas semanales y echar por tierra la normativa estatal —el País Vasco adoptó esta iniciativa el pasado mes de febrero—. Ante esta situación, el Gobierno recurrió la decisión del Parlamento manchego, que cuando fue aprobada contó con los votos a favor de PSOE y Podemos y la abstención del Partido Popular.
Con la admisión a trámite del recurso, tal y como explica el propio Constitucional, la medida aprobada por Castilla-La Mancha "producirá la suspensión de la disposición recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses".
El Constitucional también precisa en una nota de prensa publicada este martes que ni la admisión a trámite ni la suspensión cautelar suponen que se haya pronunciado ya sobre el recurso de inconstitucionalidad.
Esta misma situación se dio cuando el Tribunal suspendió en enero de 2013 el pago de un euro por receta médica, medida aprobada por Cataluña en junio 2012. Después de que el alto tribunal aceptara a trámite el recurso presentado por el Gobierno, se suspendió cautelarmente la iniciativa durante cinco meses. Finalmente, la justicia determinó que la propuesta era inconstitucional y revocó la normativa.