“Las compras en el Corte Inglés eran regalos para clientes”

El juez no oculta sus dudas de que los cargos puedan ser gastos de representación

El exconsejero de Caja Madrid José Manuel Fernández Norniella (a la derecha), a su llegada este martes a la Audiencia Nacional.Juan Carlos Hidalgo (EFE)

Los nueve consejeros que han declarado ante el juez Fernando Andreu han explicado que el dinero gastado era para regalos a clientes, trajes para asistir a los consejos, libros o actos que organizaban como consejeros. El juez mostró sus dudas sobre la posibilidad de que estos cargos se puedan considerar gastos de representación y todos coincidieron en que creían que Caja Madrid tributaba por ellos ante Hacienda, pero nunca lo comprobaron.

Entre los interrogados este martes está ...

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Los nueve consejeros que han declarado ante el juez Fernando Andreu han explicado que el dinero gastado era para regalos a clientes, trajes para asistir a los consejos, libros o actos que organizaban como consejeros. El juez mostró sus dudas sobre la posibilidad de que estos cargos se puedan considerar gastos de representación y todos coincidieron en que creían que Caja Madrid tributaba por ellos ante Hacienda, pero nunca lo comprobaron.

Entre los interrogados este martes está Estanislao Rodríguez Ponga, secretario de Estado de Hacienda entre 2001 y 2004, con el Gobierno de José María Aznar. Cargó 255.400 euros a la tarjeta opaca al fisco. Entre sus gastos con la tarjeta black figuran un viaje a Tailandia por 25.000 euros en las Navidades de 2008 y otro de 15.000 euros al año siguiente. Ambos viajes fueron contratados con la agencia de viajes de El Corte Inglés, empresa de la que es consejero. Ponga ha asegurado que entendió que los gastos eran de representación por su condición de consejero, pero el juez Fernando Andreu le ha pedido que explicara cómo es posible que las compras realizadas en el supermercado de El Corte Inglés podían encajar en esa definición. Ponga ha respondido que eran regalos o atenciones que tenía con clientes. Andreu le pidió el listado de las compras, pero respondió que no lo tenía porque había pasado mucho tiempo. Ponga dijo que creía que estos gastos estaban incluidos en el certificado de retenciones que le entregaba Caja Madrid cada año, cosa que nunca ocurrió, pero él no lo comprobó.

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José Manuel Fernández Norniella, secretario de Estado de Comercio con el Gobierno de Aznar, era uno de los cuatro ejecutivos más cercanos a Rodrigo Rato y que tenía un control absoluto de lo que ocurría en la entidad. Gastó 175.400 euros, y también se escudó en que creía que la entidad pagaba ante Hacienda lo que correspondía por el uso “discrecional” de la tarjeta. Dijo que creía que estos movimientos figuraban en el Informe de Gobierno Corporativo, pero no lo comprobó. Caja Madrid nunca se incluyó. Devolvió 10.139 euros a Bankia y el resto afirmó que intentó entregárselo a la Fundación Caja Madrid, pero ésta no lo aceptó.

El único de los imputados de este martes que no fue propuesto como consejero por los partidos mayoritarios es Francisco Baquero, nombrado por Comisiones Obreras. Este pagó 266.400 euros durante su periodo en el consejo, entre enero de 2003 y marzo de 2010. Realizó un gran número de comidas en el restaurante El Zorzal, del que era socio. Además tiene gastos en balneario y hoteles de cinco estrellas. Admitió que los gastos eran propios, pero aseguró que la lista de Bankia contiene errores y no coinciden con los que está cotejando con Hacienda, quien, al parecer, le está realizando una inspección. Nunca realizó extracciones en efectivo. CC OO jugó un papel clave en el acuerdo que permitió a Miguel Blesa llegar a la presidencia de la entidad en 1996.

Ricardo Romero de Tejada, antiguo número dos del PP madrileño, gastó 212.216 euros con la visa opaca durante los nueve años en los que fue consejero de Caja Madrid. El cargo de mayor importe fue una retirada en efectivo de 11.930 euros directamente en ventanilla el 26 de noviembre de 2007. Según el extracto de su tarjeta black, Romero de Tejada gastó 347 euros en lotería el 11 de marzo de 2004, el día del mayor atentado terrorista de la historia de España. El PSOE acusó a Romero de Tejada de promover el llamado tamayazo y los consejeros socialistas de la caja madrileña se retiraron de algunos órganos de dirección de la entidad en protesta por la presencia de este político. Aseguró que todos creían que la caja tributaba por ellos. Admitió que la tarjeta se la entregó Ángel Montero, secretario del consejo con el expresidente Jaime Terceiro, y que le pidió que fuera prudente en los gastos.

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Alberto Recarte, que cargó 139.000 euros, fue fundador y presidente del medio conservador Libertad Digital, desde el que defendió la libertad de empresa y el liberalismo más radical junto con Federico Jiménez Losantos. Bárcenas, extesorero del PP, admitió que el partido pagó dinero negro para sostener Libertad Digital. Desde este medio alabó en repetidas ocasiones la capacidad empresarial de Miguel Blesa. Dijo que sus gastos eran “mixtos”, es decir, algunos privados y otros de representación y que era difícil discernir entre ellos. Afirmó que preguntó varias veces por la legalidad de estos gastos y que siempre Enrique de la Torre, secretario del consejo tras Montero, le dijo que la entidad se responsabilizaba de todo. No obstante, admitió que tuvo dudas de la legalidad del sistema, pero no hizo nada por cambiarlo. Comentó que había mucho secretismo en el consejo sobre las retribuciones, incluso las del presidente, Miguel Blesa, del que decían que “cobraba un 15% más que el directivo mejor remunerado”.

Jesús Pedroche, relevante cargo del PP, fue miembro del Consejo de Telemadrid hasta 1993. Después fue senador y consejero de la Presidencia de la Comunidad de Madrid con Alberto Ruiz Gallardón. Miembro numerario del Opus Dei, se ha dedicado a la abogacía y entró al consejo de Caja Madrid como soporte del expresidente Miguel Blesa, hasta junio de 2012, cuando fue obligado a dimitir. Dijo que los gastos tenían que ser necesariamente personales porque los consejeros no representaban a Caja Madrid. Los directivos, que sí representaban a la entidad, según Pedroche, tenían dos tarjetas. Tras conocerse el escándalo, mandó dos burofaxes a Caja Madrid y Bankia preguntando por el tratamiento fiscal de estas cantidades y cada una de las entidades cargó la responsabilidad en la otra. Nunca recibió una llamada o advertencia por posible mal uso de la tarjeta.

José María de la Riva, consejero por el PSOE, gastó 209.900 euros. Afirmó ante el juez que él era profesor de un instituto por lo que no tenía trajes para asistir a los consejos, así que cargó este tipo de compras a la tarjeta. También dijo que la utilizó para comprar libros y que en la caja le dijeron que existía un acuerdo con Hacienda por el que los consejeros no tenían que tributar por estos gastos. Aseguró que dedicó parte de este dinero a los numerosos actos sociales a los que asistía por su condición de consejero y que había errores en la lista de Bankia.

Mercedes Rojo, consejera por el PP, cargó 119.300 euros. Había sido secretaria asesora de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre. Ella misma aseguró que desconocía los temas financieros relacionados con Caja Madrid, pese a ser consejera. Ante el juez afirmó que los gastos eran de uso personal, y nunca comentó estos temas con otros consejeros. Aseguró que ha hecho declaraciones complementarias, tras conocerse este escándalo. Su abogado ha dicho que la fianza no procede porque Rojo es beneficiaria a título lucrativo y, al no reclamar Bankia, no tiene responsabilidad penal. No obstante, el fiscal también pidió fianza civil por la cantidad gastada.

Virgilio Zapatero, exministro de Relaciones con las Cortes, gastó unos 36.000 euros. Dijo que gastó gran parte del dinero en un programa de acercamiento de las universidades a Caja Madrid y que se sintió “incómodo” con el sistema porque nadie le pedía justificantes de los gastos. El 24 de mayo de 2012 entregó todas las facturas y el 12 de noviembre de 2014 ingresó parte de lo gastado. Según Bankia ha devuelto 16.697 euros. Zapatero comentó que hay errores en los gastos imputados y que le han realizado una inspección por la denuncia de un partido político.

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