El portal de transparencia recibe menos de 48 preguntas al día
El farragoso sistema desanima al ciudadano en la primera semana de la ley
El Ministerio de Defensa, que maneja un presupuesto de 5.745 millones de euros este año, ha recibido en la primera semana de funcionamiento del portal de transparencia del Gobierno una sola pregunta. Y en total, desde las 12 del mediodía del pasado 10 de diciembre hasta las 12.00 del 17 de diciembre, han sido 378. Menos de 48 al día. ...
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El Ministerio de Defensa, que maneja un presupuesto de 5.745 millones de euros este año, ha recibido en la primera semana de funcionamiento del portal de transparencia del Gobierno una sola pregunta. Y en total, desde las 12 del mediodía del pasado 10 de diciembre hasta las 12.00 del 17 de diciembre, han sido 378. Menos de 48 al día. El portal de EL PAÍS que ofrece a los lectores la posibilidad de enviar preguntas para que el diario las tramite con la Administración, ha recibido, en un día menos, 262. El complicado sistema de acceso al portal del Gobierno, que además, da error con frecuencia, explica el bajo número de cuestiones planteadas en su primera semana, cuando debería haberse producido un aluvión de solicitudes de información.
“No nos consta ninguna queja por el sistema de acceso”, aseguran fuentes del Ejecutivo, que admiten, no obstante, que sí las han visto en medios de comunicación, y que con una misma clave hay personas que han hecho hasta 70 preguntas. Es decir, que ni siquiera 378 ciudadanos en toda España han solicitado información al portal. Para poder registrar una pregunta es necesario disponer de un DNI electrónico y un lector de tarjeta con microchip — que solo posee el 8,5% de los 47,9% de ciudadanos que tiene DNI electrónico— o pasar un farragoso proceso para obtener, bien un certificado electrónico, bien una clave de 24 horas o permanente. La organización Access Info Europe, que elabora, con la ONG canadiense Centro para la Ley y la Democracia un ranking sobre leyes de transparencia —España ocupa el puesto 64— ha presentado una queja a la Defensora del Pueblo por las dificultades de acceso al portal.
Por ministerios, el de Hacienda y Administraciones Públicas, que gestiona los impuestos o los vehículos oficiales del Estado, es el que más preguntas ha recibido: 83, seguido del de Interior (40); Empleo (39) y Fomento (37).
El quinto puesto —por delante de Presidencia del Gobierno (23) y los ministerios de Educación y Cultura (22), Industria, Energía y Turismo (21), Justicia (19), Economía (15), Presidencia (13), Agricultura y Medio Ambiente (12), Exteriores (10) y Defensa (1)— lo ocupa la Casa del Rey, que ha recibido 30 preguntas de ciudadanos.
De momento, ninguna de esas 378 peticiones ha sido rechazada —el Gobierno se ha reservado legalmente hasta 12 motivos para denegar una información, algunos tan ambigüos como “las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control”—. Tampoco ninguna ha sido contestada aún —la ley da un mes de plazo, prorrogable a dos, para hacerlo—, aunque 12 de ellas “están a punto”, según fuentes del Ejecutivo, ya que se encuentran en el trámite de “propuesta de resolución” (borrador de la respuesta).
La mayoría de las preguntas recibidas, según fuentes del Gobierno, tienen que ver con “cómo se gasta el dinero público”, por ejemplo, el número y coste de asesores y cargos de libre designación, o de los viajes oficiales.
Al portal de El PAÍS también han llegado muchas preguntas sobre esos temas. Pero muchos lectores han aprovechado para mostrar su escepticismo —“¿Transparencia? No me lo creo”— y para plantear cuestiones que el portal del Gobierno no responde, como todas las que empiezan por por qué — “¿Por qué en España se trabaja más y se cobra menos que en la UE?”; “Por qué para ser camarero hay que hablar varios idiomas y para ser presidente basta con el español?”; “¿Por qué no hay más preocupación por la fuga de cerebros?”; “¿Por qué no se han incluido en el salario de Rajoy las dietas, complementos o privilegios, como la residencia gratis?”...—.
El diario ha recibido también muchas preguntas sobre comunidades autónomas y Ayuntamientos, pese a que tienen un año más, hasta diciembre de 2015, para adaptarse a la ley de transparencia —el Parlamento catalán aprobó ayer la suya—.