Dos sindicatos policiales se querellan contra Mas por desobediencia en el 9-N
SPP y UFP se basan en la "inobservancia" de las instrucciones del Tribunal Constitucional
Dos sindicatos policiales SPP y UFP han presentado una querella contra el presidente de la Generalitat Artur Mas por un posible delito de desobediencia relacionado con el referéndum alternativo celebrado el pasado 9 de noviembre.
"El Sindicato Profesional de Policía (SPP) junto con la Unión Federal de Policía (U.F.P.) han asumido lo que entienden su obligación", expresan los sindicatos policiales en un comunicado conjunto. La iniciativa se basa en una "posible inobservancia" de ...
Dos sindicatos policiales SPP y UFP han presentado una querella contra el presidente de la Generalitat Artur Mas por un posible delito de desobediencia relacionado con el referéndum alternativo celebrado el pasado 9 de noviembre.
"El Sindicato Profesional de Policía (SPP) junto con la Unión Federal de Policía (U.F.P.) han asumido lo que entienden su obligación", expresan los sindicatos policiales en un comunicado conjunto. La iniciativa se basa en una "posible inobservancia" de lo dispuesto por el Tribunal Constitucional.
El Tribunal Constitucional suspendió en dos ocasiones las consultas que convocó la Generalitat, que finalmente se decantó por una votación organizada y supervisada por voluntarios.
Las agrupaciones de policías presentan la querella basándose en su jura o promesa "respecto al acatamiento de la Constitución así como al resto del ordenamiento jurídico", unido "a la obligación de poner en conocimiento de la autoridad judicial los hechos que pudieran revestir características de delito".
El pasado 17 de noviembre, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ya decidió presentar una querella contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, por la organización de la votación no vinculante sobre la independencia de Cataluña.
La víspera del 9-N, la Fiscalía Superior de Cataluña decidió investigar un delito de desobediencia en la cesión de locales públicos para celebrar la votación suspendida por el Tribunal Constitucional. El mismo día 9, los fiscales determinaron que había indicios de criminalidad, aunque optaron por no retirar las urnas al considerar que esta era una medida desproporcionada.