Quién es quién en el Consejo de Estado
El presidente es Romay Beccaría, un peso pesado del PP Los consejeros son juristas de reconocido prestigio, exministros y cargos institucionales
El Consejo de Estado es un órgano consultivo que emite dictámenes sobre proyectos legislativos a petición de las Administraciones públicas. Pueden solicitar esos informes el presidente del Gobierno, sus ministros y los presidentes de las autonomías. Además, cualquier particular tiene derecho a pedir audiencia cuando esté interesado en el objeto de la consulta. Los dictámenes del Consejo de Estado son el último trámite antes de la aprobación de una ley. Recibido ese informe, la institución que lo haya solicitado debe indicar si se aparta o no de sus recomendaciones. En el caso de las consultas ...
El Consejo de Estado es un órgano consultivo que emite dictámenes sobre proyectos legislativos a petición de las Administraciones públicas. Pueden solicitar esos informes el presidente del Gobierno, sus ministros y los presidentes de las autonomías. Además, cualquier particular tiene derecho a pedir audiencia cuando esté interesado en el objeto de la consulta. Los dictámenes del Consejo de Estado son el último trámite antes de la aprobación de una ley. Recibido ese informe, la institución que lo haya solicitado debe indicar si se aparta o no de sus recomendaciones. En el caso de las consultas preceptivas (obligatorias), si un ministro desea obviar el dictamen, su decisión debe ser respaldada por el Consejo de Ministros.
La ley orgánica que regula el Consejo de Estado establece qué consultas son preceptivas. Su informe previo es obligatorio siempre que el Gobierno recurra ante el Tribunal Constitucional una disposición o norma de una Comunidad Autónoma.
Sus miembros los designa el Gobierno por Real Decreto entre personas que hayan ocupado responsabilidades políticas o personalidades de reconocido prestigio con formación en Derecho, Economía y Ciencias Sociales. La ley prevé un currículum mínimo para los candidatos: ha de elegirse entre ministros, presidentes, miembros de los Consejos Ejecutivos de las autonomías, de las reales academias, o profesores de ciencias jurídicas económicas o sociales con al menos 15 años de ejercicio. También pueden optar oficiales de los cuerpos jurídicos de las fuerzas armadas, exgobernadores del Banco de España y funcionarios del Estado con 15 años de antigüedad en cuerpos o escalas para cuyo ingreso se exija título universitario.
En la composición actual de la comisión permanente del organismo, que es la que dictaminará sobre los recursos de la ley de consultas catalana, proliferan expertos juristas junto a exministros y dirigentes que han tenido responsabilidades políticas, fundamentalmente vinculados a los dos grandes partidos.
Su presidente actual es José Manuel Romay Beccaría, exministro en el Gobierno de José María Aznar, y peso pesado desde siempre en el Partido Popular que hasta el momento de ser nombrado al frente de este órgano consultivo, ejercía como tesorero del partido, puesto que ocupó cuando cayó en desgracia el encarcelado Luis Bárcenas.
Los consejeros permanentes del Consejo de Estado, los que hoy se reúnen para dilucidar sobre la consulta convocada por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, son siete: todos hombres y una única mujer: la exvicepresidenta del Gobierno de Zapatero, María Teresa Fernández de la Vega. Hay padres de la Constitución como Miguel Herrero de Miñón y otros dirigentes históricos como Landelino Lavilla, presidente del Congreso durante el 23-F. Está el exjefe de la Casa del Rey, Alberto Aza, junto a reputados juristas como el expresidente del Tribunal Constitucional Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer y José Luis Manzanares Samaniego, exmagistrado del Tribunal Supremo, y Fernando Ledesma Bartret, ministro de Justicia con Felipe González, que ya presidió el Consejo de Estado entre 1991 y 1996. El octavo miembro es Enrique Alonso García, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid,
Por ley, la institución cuenta como miembros natos a todos los expresidentes del Gobierno.