Hacienda alega que examinó a la Infanta “como cualquier otro contribuyente”
Los inspectores aseguran que accedieron "reiteradamente" a los datos de la Infanta sin que "en ningún caso" se les ordenara que no informasen de la realidad
La Agencia Tributaria asegura que abordó el caso de las supuestas irregularidades fiscales de la hija menor del Rey, la Infanta Cristina, “como (si fuera) cualquier otro contribuyente”, sin interferencias políticas de la dirección u órdenes concretas para beneficiarle. Los inspectores que han rastreado las finanzas de Iñaki Urdangarin y de su esposa, por orden judicial, en una inspección previa accedieron a los datos de la infanta en su base interna, en “reiterada...
La Agencia Tributaria asegura que abordó el caso de las supuestas irregularidades fiscales de la hija menor del Rey, la Infanta Cristina, “como (si fuera) cualquier otro contribuyente”, sin interferencias políticas de la dirección u órdenes concretas para beneficiarle. Los inspectores que han rastreado las finanzas de Iñaki Urdangarin y de su esposa, por orden judicial, en una inspección previa accedieron a los datos de la infanta en su base interna, en “reiteradas" ocasiones sin que “en ningún caso" se les ordenara no informarse sobre su realidad.
Así queda dicho en las declaraciones judiciales de los tres inspectores que acudieron como testigos o peritos el pasado día 25 de enero ante el juez José Castro, a propuesta del fiscal Pedro Horrach, antes de la declaración como imputada de la esposa de Iñaki Urdangarin, el pasado día 8 de febrero. En el curso de la investigación por el escándalo del ‘caso Urdangarin’, por la supuesta malversación de hasta 6 millones de euros públicos a través del Instituto Nóos. El yerno del Rey carga con una acusación penal por dos supuestos delitos fiscales, por la querella que formuló la Anticorrupción tras la documentación aportada por la Agencia Tributaria.
El juez Castro dictó -y mantiene- la imputación de la infanta por supuesto fraude fiscal y blanqueo de capitales, en contra del criterio del fiscal que respalda desde hace dos años su tesis exculpatoria en los informes y argumentos de los inspectores de Hacienda y la Abogacía del Estado. La Infanta, es considerada por Hacienda, socia no administradora de una sociedad que su esposo usa de pantalla para minorar sus impuestos.
Hacienda considera que la infanta, accionista del 50% de la sociedad familiar Aizoon con su esposo, no defraudó porque “no generaba las rentas de esta empresa, no constaba como autorizada en las cuentas de Aizoon, no constaba como administradora”. Además no se detectó que ella hubiera “participado en movimientos de billetes de 500 euros” de las cuentas bancarias de la trama de Noos, operación que se atribuye a Ana Maria Tejeiro, esposa de Diego Torres socio de Urdangarin que movió 150.000 euros en efectivo.
Al ser detectada esta operación en efectivo se abrió una inspección que afectó globalmente a la malla de sociedades y propietarios del Instituto Noos, indagación en la que se incluyó a la hija de los Reyes. Los inspectores sostienen que la Infanta no intervenía en Aizoon, “no percibía sueldo de trabajo ni dividendo alguno" de esta empresa. Hacienda “nunca” actúa en demanda de responsabilidades contra los socios no-administradores.
El juez discrepa del criterio del fiscal y de la Agencia Tributaria sobre la no existencia de responsabilidades de la hija del Rey. Castro insiste en documentar cómo se confirma la “voluntad societaria”, de una compañía donde los dos único socios van a medias, al 50 por ciento. Castro advierte que no se está en un juzgado de instrucción y que no se trata de una reflexión a efectos tributarios, técnicos.
La Agencia Tributaria, en más de una decena de informes, análisis e informes jurídicos, ha dejado al margen de las supuestas infracciones tributarias, administrativas o penales, a la Cristina de Borbón, para los fue examinada en sus actividades económicas, mercantiles, patrimonio, cuentas y movimientos y declaraciones fiscales, sin hallar motivo para incluirla, como si ocurre con su esposo Iñaki Urdangarin, al que atribuye dos delitos fiscales por impagos de IRPF por sus ganancias.