La Audiencia rechaza elevar la Ley de Amnistía al Constitucional
Queda pendiente otro recurso planteado por el fiscal ante el Constitucional
La memoria histórica volvió ayer a los tribunales españoles por espacio de apenas dos horas: el tiempo que dedicó la sala de lo penal de la Audiencia Nacional a debatir la propuesta del magistrado José Ricardo de Prada para pedir al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre la Ley de Amnistía de 1977, el argumento que ha tumbado las peticiones de investigación de los crímenes del franquismo.
La propuesta fue rechazada por mayoría, según fuentes jurídicas. En su escrito, De Prada argumentaba que “nuevas circunstancias...
La memoria histórica volvió ayer a los tribunales españoles por espacio de apenas dos horas: el tiempo que dedicó la sala de lo penal de la Audiencia Nacional a debatir la propuesta del magistrado José Ricardo de Prada para pedir al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre la Ley de Amnistía de 1977, el argumento que ha tumbado las peticiones de investigación de los crímenes del franquismo.
La propuesta fue rechazada por mayoría, según fuentes jurídicas. En su escrito, De Prada argumentaba que “nuevas circunstancias” —los recientes informes en los que la ONU insta a España a investigar dichos crímenes y las peticiones de extradición a Argentina de dos funcionarios franquistas acusados de torturas, José Antonio González Pacheco, Billy el Niño, y Jesús Muñecas— hacían necesario que el Constitucional se pronunciara sobre la Ley de Amnistía de 1977 y si viola el artículo de la Constitución sobre el derecho a la tutela judicial efectiva y la obligación del Estado de investigar “de modo suficiente”.
Queda pendiente, no obstante, otro recurso planteado con idéntica motivación por el fiscal ante el Constitucional Manuel Miranda, que ha pedido al alto tribunal que debata sobre la imprescriptibilidad de las desapariciones forzadas y la eventual nulidad de la Ley de Amnistía. Más de 100 familiares han enviado una carta al Constitucional pidiendo que la ley no sea “obstáculo” para impedir la persecución de “crímenes de lesa humanidad”.