Feijóo acepta que Rajoy aparque la prórroga de la deuda con el Estado
El presidente afirma que no se pude aplazar el pago “sin conocer las cuentas”
De la firmeza con que cada jueves, desde el atril en el que desgrana los acuerdos de los consellos de la Xunta, exige al Gobierno que le aplace la deuda con el Estado, al apaciguamiento con Rajoy. Alberto Núñez Feijóo hizo frente ayer a las preguntas de los periodistas después de que Javier Arenas, en nombre de los barones autonómicos del PP y tras reunirse con el futuro presidente, anunciase que queda en suspenso el compromiso de ampliar de cinco a 10 años el plazo de devolución del dinero que las comunidades ad...
De la firmeza con que cada jueves, desde el atril en el que desgrana los acuerdos de los consellos de la Xunta, exige al Gobierno que le aplace la deuda con el Estado, al apaciguamiento con Rajoy. Alberto Núñez Feijóo hizo frente ayer a las preguntas de los periodistas después de que Javier Arenas, en nombre de los barones autonómicos del PP y tras reunirse con el futuro presidente, anunciase que queda en suspenso el compromiso de ampliar de cinco a 10 años el plazo de devolución del dinero que las comunidades adeudan al Estado, por anticipos efectuados en 2008 y 2009 que no se recaudaron por la crisis. La Xunta mantiene intacta su reclamación, afirmó Feijóo, pero aceptó que el futuro presidente no tome la decisión mientras no conozca “el estado de las cuentas y del Tesoro público”.
El aplazamiento de la devolución de esos ingresos a cuenta, que en el caso de Galicia asciende a 2.000 millones de euros, era un compromiso asumido y reiterado por el presidente del PP, Mariano Rajoy. La última vez, en la apertura del curso político tras el verano en el castillo de Soutomaior. El jueves, Arenas condicionó el cumplimiento de esa promesa a las cuentas que se encuentre el Partido Popular: “Se abordará desde la mejor voluntad cuando tengamos conocimiento del déficit y la situación de la tesorería”. Feijóo se agarró ayer a esas intenciones para aplaudir la “disposición” y “sensibilidad” del futuro presidente.
“Es importante y positivo que el nuevo Gobierno abra una puerta al aplazamiento del pago”, se conformó Feijóo, que añadió: “Pero un presidente que aún no es presidente no puede tomar decisiones que afectan a los Presupuestos ni al Tesoro de la Hacienda Pública”. Y, en todo caso, Galicia está “en el camino de ese objetivo”.
Feijóo incluyó el de la deuda entre los “problemas que se encontrará y tendrá que solucionar” el nuevo Gobierno cuando tome posesión. “Fuimos incapaces de entendernos con el Ejecutivo anterior: que aceptase que las comunidades autónomas no pueden dedicar el 5% de sus presupuestos hasta 2016 porque el Gobierno socialista hizo unos Presupuestos irreales”, afirmó.
El futuro jefe del Gobierno prometió en campaña demorar las devoluciones
La comprensión que mostró ayer Feijóo con la inconcreción de Rajoy se produce después de una jornada, la del jueves, que se abrió con las declaraciones del coordinador de Política Autonómica y Local del PP, Juan Manuel Moreno Bonilla, en las que dio por hecho el aplazamiento de la deuda. La Consellería de Facenda se apresuró aplaudir el anuncio. “Es muy buena noticia para Galicia”, afirmaron fuentes del departamento de Marta Fernández Currás, que recordaron que el aplazamiento en los pagos fue una petición que lideró el Gobierno gallego y a la que posteriormente se unieron otras comunidades autónomas. Pero después compareció Javier Arenas con un jarro de agua fría a las expectativas de la Xunta.
El presidente gallego restó importancia a estas contradicciones y a la apresurada reacción de Facenda. Feijóo, que no pudo acudir a la cita con Rajoy en la sede del PP por problemas de agenda, afirmó que aclaró la cuestión por teléfono por la noche con Javier Arenas. “Nos confirmó que el compromiso sigue”, zanjó.
En la misma rueda de prensa, Feijóo eludió cualquier responsabilidad en el aumento del paro en noviembre en Galicia, la comunidad autónoma donde más creció el número de desempleados. “¿En qué ha fallado la Xunta?”, le preguntó un periodista. El presidente se aferró a los datos de los últimos 11 meses, en los que el incremento fue “un punto inferior” que la media estatal.
En todo caso, depositó toda la responsabilidad en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y apeló a los datos, “malos sin contemplaciones”, para defender como “imprescindibles” algunas de las tareas que tiene por delante Rajoy, como acometer la reforma laboral, rebajar la prima de riesgo, enjugar el déficit y restablecer el sistema financiero. “Está fallando prácticamente todo”, afirmó. Feijóo aseguró que el futuro presidente ya está trabajando y tiene “enfocados” todos esos problemas para adoptar decisiones cuando tome las riendas del Ejecutivo.
De 160 a 16 altos cargos con coche y conductor
El Consello de la Xunta aprobó ayer una segunda reestructuración del parque móvil oficial, por el que solo 16 altos cargos dispondrán de coche y conductor asignados, frente a los 160 que lo tienen en la actualidad. La Consellería de Presidencia pretende ahorrar así 1,3 millones de euros anuales. Frente a la proliferación de altos cargos con derecho a vehículo y chófer, en el futuro solo el presidente, los conselleiros y los delegados territoriales contarán con este servicio. El resto deberán renunciar a él si viven en Santiago o coordinarse para compartirlo si se tienen que desplazar desde fuera de la capital, con el objetivo de que un mismo vehículo traslade a tres altos cargos.
Fue el titular de Presidencia, Alfonso Rueda, el encargado desglosar el ahorro. Así, afirmó que 200.000 euros saldrán de una reducción de los gastos de funcionamiento; otros 633.000, de cobertura de bajas y permisos, y 182.000, de pagas extraordinarias. El resto, 360.000 euros, se ahorrará en notificaciones judiciales, que en la actualidad se trasladan en servicio de taxi.
Los coches que queden libres pasarán a engrosar la flota de incidencias, para dar respuesta a distintas necesidades de transporte de la Xunta, entre otras las referidas notificaciones judiciales. Las medidas, que ya fueron presentadas por la consellería a los sindicatos, “no supondrán una merma de las condiciones laborales de los empleados del parque móvil”, afirmó Rueda.
El conselleiro hizo un balance del primer plan de racionalización, antecedente del aprobado ayer, hasta octubre de 2011. Según sus cifras, ese proyecto supuso un ahorro de 1,5 millones de euros en gastos de funcionamiento y mantenimiento; 120.000 en seguros; 154.000 en vestuario y más de 500.000 en notificaciones judiciales. En total, 2.970.000 euros de recorte en el gasto.
Recientemente, el Partido Popular rechazó en el Parlamento una iniciativa del PSdeG prácticamente idéntica a la aprobada ayer, que pasaba igualmente por restringir al presidente de la Xunta y a los conselleiros el uso de un coche oficial con conductor. El PP hizo bandera del ahorro en parque móvil desde la pasada legislatura, cuando gobernaba el bipartito.