Equo apuesta por aumentar la presión fiscal a los ricos y a quienes contaminan
Calcula que equiparar la presión fiscal a la europea aumentaría los ingresos en 80.000 millones de euros El partido verde propone una renta mínima de 500 euros al mes para quienes no tienen recursos
Equo propone aumentar los impuestos a quienes más tienen, más ganan, y más contaminan. El partido ecologista, que hoy ha presentado su programa electoral, calcula que si España tuviera una presión fiscal equivalente a la media de los Estados Miembros de la UE, el Estado ingresaría 80.000 millones de euros más. Con este dinero, según Equo, se obtendría suficiente financiación para favorecer un cambio de modelo productivo, y sobre todo, para evitar recortes sociales.
Una parte de esa recaudación la formación la ...
Equo propone aumentar los impuestos a quienes más tienen, más ganan, y más contaminan. El partido ecologista, que hoy ha presentado su programa electoral, calcula que si España tuviera una presión fiscal equivalente a la media de los Estados Miembros de la UE, el Estado ingresaría 80.000 millones de euros más. Con este dinero, según Equo, se obtendría suficiente financiación para favorecer un cambio de modelo productivo, y sobre todo, para evitar recortes sociales.
Una parte de esa recaudación la formación la dedicaría a invertir en la renta social mínima que aspiran a establecer. Se trataría de una ampliación progresiva de la protección para quienes no tienen ningún tipo de ingresos hasta llegar a 500 euros mensuales. Una medida que podría tener un coste de 20.000 millones de euros.
El capítulo fiscal del programa electoral que Equo ha presentado esta mañana en su sede en la calle Jiloca de Madrid, se centra en un aumento considerable de la presión fiscal para las rentas y patrimonios más altos, la lucha contra el fraude y los paraísos fiscales, y la creación de nuevos impuestos. Quieren introducir, entre otros, un tipo de gravamen específico del 51% para las rentas del trabajo y actividades económicas superiores a 150.000 euros.
Proponen un gravamen específico del 51% para las rentas del trabajo y actividades económicas superiores a 150.000 euros, y un IVA del 25% para productos de lujo
Equo apuesta también por recuperar el impuesto sobre Patrimonio y sobre Sucesiones y Donaciones, aumentar la tributación para las SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable), instaurar un nuevo impuesto sobre los bancos y otras entidades de crédito y la creación de un IVA del 25% para los productos de lujo.
Resulta también novedosa, aunque no sorprendente para un partido ecologista, su propuesta para la creación de una tasa de CO2, existente ya en otros países europeos, para "luchar contra el cambio climático, penalizar el derroche energético y recuperar el coste ecológico de los combustibles más contaminantes". Y la introducción de nuevas tasas en áreas como combustible para el transporte aéreo y la producción de energía nuclear, así como la introducción de parámetros ambientales en el Impuesto de Actividades Económicas y un incremento en el IBI para las viviendas vacías y segundas residencias.
"Trabajar para vivir, no vivir para trabajar"
El candidato de Equo para las generales del 20-N, Juan López de Uralde, ha recordado la máxima popular de que hay que "trabajar para vivir, y no vivir para trabajar", al introducir una de las ideas que defienden en la parte de su programa dedicada al empleo: la reducción progresiva de la jornada laboral. Como ha vuelto a recordar hoy el también exdirector de Greenpeace España, "Equo es mucho más que verde". "Nuestra principal propuesta está destinada a dar respuesta al problema del desempleo, el más grave de los problemas de la sociedad española".
Mediante el fomento del empleo verde calculan que se pueden crear dos millones de puestos de trabajo hasta 2020
Las iniciativas de Equo en este ámbito se centran en el impulso de un "nuevo modelo productivo ambientalmente sostenible". Uralde, que manifestó su preocupación por el retorno del ladrillo como motor económico, si el PP materializa al llegar al poder propuestas que está insinuando, explicó en qué consiste el "acuerdo verde" que prometen. Se trataría de impulsar sectores económicos sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, como las energías renovables (asegura que son las que más empleos generan por kilovatio producido), el transporte no contaminante, la agricultura ecológica, y la rehabilitación energética de viviendas y edificios. Una apuesta que podría crear más de dos millones de empleos de aquí a 2020.
"No vamos a tolerar recortes en el gasto de estos dos ámbitos tan importantes", ha dicho Uralde sobre las reducciones presupuestarias en Sanidad y Educación, que consideran los pilares del Estado de Bienestar. De recortar, afirman, "se debería hacer en otros sectores, como las infraestructuras".
Regeneración democrática
Muchos miembros de Equo estarán mañana, a título individual por "respeto a su independencia", en la manifestación convocada en ciudades de todo el mundo por el Movimiento 15-M. Comparten por el movimiento su horizontalidad, la toma de decisiones consensuadas mediante el debate, la apuesta por la democracia y la participación ciudadana, y reivindicaciones como una reforma de la ley electoral que elimine la barrera del 3% para obtener representación parlamentaria y que cambie la Ley D'Hondt por la de Hare.
Para asegurar la transparencia y la democrática interna de los partidos, proponen condicionar la concesión de subvenciones al cumplimiento de estos principios
"No creemos en el discurso de que la política no sirve para nada", declaró Uralde, y como muestra, el segundo gran eje de su programa -formado por 176 propuestas-, son la democracia y los derechos humanos. Entre otras iniciativas, plantean una reforma de la Constitución para liberar las iniciativas legislativas populares y poder "convocar referéndums sin tantas trabas administrativas y políticas".
La transparencia es otra de las grandes apuestas de Equo, que aboga por apretar a los partidos por donde más les puede doler: el dinero. Contra la corrupción, proponen que los partidos se corresponsabilicen económicamente de sus miembros corruptos, en caso de que tengan que afrontar multas o costas judiciales. Para obligarles a ser más abiertos, transparentes y democráticos internamente, proponen que la concesión de subvenciones esté condicionada al cumplimiento de esos principios.